nuevatribuna.es
13 de septiembre de 2009, 12:21
NUEVATRIBUNA.ES / L.M. - 11.09.2009
La Ministra de Economía, Elena Salgado, admitió hoy que la subida del IVA es "una de las posibilidades" abiertas en estos momentos, tal y como dijo ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, si el Gobierno se decide a subir este impuesto indirecto, aunque lograría incrementar las exportaciones españolas, tendría el efecto perverso de deprimir el consumo, precisamente, una de las principales variables de la que depende la economía española para salir de la crisis.
En este sentido, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, abogó hoy por estudiar el cambio fiscal que planea el Gobierno “en su conjunto", en lugar de “analizar el aspecto progresivo o regresivo de un impuesto concreto”. Todas las figuras impositivas "están en revisión", confirmó Campa.
En el caso del IVA, el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Jesús Sanmartín, admitió ayer que, a pesar de los riesgos de lastrar el consumo, “algo hay que hacer” para que el Gobierno logre equilibrar las cuentas del Estado. Según señala, la crisis económica ha sido “tan fuerte” que se ha comido los ingresos del Estado, cuyo déficit rondará un 10 por ciento del PIB al final de este año, es decir, unos 100.000 millones de euros.
En cuanto a la recuperación económica, el presidente de REAF añadió que en España “nos va a costar arrancar”, ya que la subida de los impuesto indirectos, que en este momento estudia el Gobierno, supondrá deprimir “un poco más” el consumo.
Si el IVA sube un 1 por ciento, el Estado logrará recaudar unos 4.300 millones de euros adicionales, según los cálculos de los técnicos de Hacienda agrupados en Gestha. Sin embargo, según su presidente, José María Mollinedo, una subida del IVA provocaría que el consumo “se resienta aún más”, desde los actuales niveles que reflejan caídas en torno al 33 por ciento, medidos en términos de recaudación de este impuesto respecto al año anterior.
LUCHA CONTRA EL FRAUDE
Los expertos consultados por nuevatribuna.es coinciden en señalar que una subida de impuestos no bastará para salir del bache y abogan por una contención del gasto no productivo, que el Gobierno ha previsto en un 6 por ciento de media en cada uno de los ministerios. “Si no va acompañada de políticas de contención del gasto, si no va acompañada de reformas en profundidad, la subida de impuestos sólo conseguirá enturbiar aún más el panorama”, indica el presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich, en declaraciones a este periódico.
Los economistas aprueban una “subida razonable” de impuestos “siempre que no afecte a la actividad económica”. En esa difícil cuadratura del círculo, los técnicos de Hacienda agrupados en Gestha viran el foco hacia otra dirección, como es la lucha contra el fraude y la recuperación de algunos impuestos eliminados por el Gobierno.
Según el último Barómetro Fiscal que realizó el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía, un 83 por ciento de los españoles abogan por mantener el gasto social, aunque rechazan que se haga mediante subidas de impuestos. Para el colectivo de técnicos de Hacienda, el Gobierno dispone de una herramienta para lograr este propósito si recupera el suprimido Impuesto de Patrimonio.
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Según Gestha, la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio permitiría al Estado recaudar unos 1.100 millones de euros al año, lo que supone, además, alinearse con las políticas que se desarrollan en otros países como Estados Unidos, donde, según explica Gestha, su presidente, Barack Obama ha recuperado el extinto impuesto sobre la riqueza, el equivalente al impuesto del Patrimonio español.
LAS GRANDES FORTUNAS NO SE INVESTIGAN
Según los técnicos de Hacienda, la actual política de investigación fiscal evita que se investiguen a los poseedores de grandes patrimonios, en perjuicio de las rentas medias. En este sentido, Mollinedo exigió al Gobierno que “les deje investigar” a las grandes fortunas y pidió una política decidida en la lucha contra la economía sumergida, un cáncer económico que en España supone un 20 por ciento del PIB, muy por encima de economías desarrolladas, como Austria, Alemania, Reino Unido, o Francia, donde la tasa se sitúa en la mitad.
La lucha contra la economía sumergida lograría ingresar 38.000 millones de euros al Estado, si alcanzáramos la media europea, indica Gestha, lo que supondría enjugar una parte importante del déficit.
Además, Mollinedo recuerda que el Gobierno impide que se fiscalice los ingresos de los grandes patrimonios. “Las grandes fortunas no las estamos investigando”, señala, tras añadir que el Gobierno debe girar el foco y dejar de investigar a “pequeños comerciantes, autónomos, microempresas o trabajadores”, con ingresos en torno a 25.000 ó 30.000 euros al año, y dedicarse a fiscalizar las cuentas de las grandes fortunas.
Por otro lado, los técnicos de Hacienda añaden que todavía es posible investigar los grandes desarrollos urbanísticos que han tenido lugar en España en los últimos años, y que aún no han prescrito. Por último, subrayan que el Gobierno debe someter “todo el gasto a un análisis de eficiencia”, ya que, a su juicio, se debería evitar la costumbre de “copiar y pegar” toda una serie de gastos de un año para otro y revisar, en particular, “los gastos de “protocolo, representación, altos cargos, dietas de los Consejos de Administración de las empresas públicas y la publicidad institucional.”
El déficit, que este año rondará los 100.000 millones de euros, apunta Mollinedo, obligará al Estado a recurrir al endeudamiento, lo que motivará que los Presupuestos de los próximos años se vean lastrados por la amortización de esa deuda y el pago de los correspondientes intereses que genere.
La Ministra de Economía, Elena Salgado, admitió hoy que la subida del IVA es "una de las posibilidades" abiertas en estos momentos, tal y como dijo ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, si el Gobierno se decide a subir este impuesto indirecto, aunque lograría incrementar las exportaciones españolas, tendría el efecto perverso de deprimir el consumo, precisamente, una de las principales variables de la que depende la economía española para salir de la crisis.
En este sentido, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, abogó hoy por estudiar el cambio fiscal que planea el Gobierno “en su conjunto", en lugar de “analizar el aspecto progresivo o regresivo de un impuesto concreto”. Todas las figuras impositivas "están en revisión", confirmó Campa.
En el caso del IVA, el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Jesús Sanmartín, admitió ayer que, a pesar de los riesgos de lastrar el consumo, “algo hay que hacer” para que el Gobierno logre equilibrar las cuentas del Estado. Según señala, la crisis económica ha sido “tan fuerte” que se ha comido los ingresos del Estado, cuyo déficit rondará un 10 por ciento del PIB al final de este año, es decir, unos 100.000 millones de euros.
En cuanto a la recuperación económica, el presidente de REAF añadió que en España “nos va a costar arrancar”, ya que la subida de los impuesto indirectos, que en este momento estudia el Gobierno, supondrá deprimir “un poco más” el consumo.
Si el IVA sube un 1 por ciento, el Estado logrará recaudar unos 4.300 millones de euros adicionales, según los cálculos de los técnicos de Hacienda agrupados en Gestha. Sin embargo, según su presidente, José María Mollinedo, una subida del IVA provocaría que el consumo “se resienta aún más”, desde los actuales niveles que reflejan caídas en torno al 33 por ciento, medidos en términos de recaudación de este impuesto respecto al año anterior.
LUCHA CONTRA EL FRAUDE
Los expertos consultados por nuevatribuna.es coinciden en señalar que una subida de impuestos no bastará para salir del bache y abogan por una contención del gasto no productivo, que el Gobierno ha previsto en un 6 por ciento de media en cada uno de los ministerios. “Si no va acompañada de políticas de contención del gasto, si no va acompañada de reformas en profundidad, la subida de impuestos sólo conseguirá enturbiar aún más el panorama”, indica el presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich, en declaraciones a este periódico.
Los economistas aprueban una “subida razonable” de impuestos “siempre que no afecte a la actividad económica”. En esa difícil cuadratura del círculo, los técnicos de Hacienda agrupados en Gestha viran el foco hacia otra dirección, como es la lucha contra el fraude y la recuperación de algunos impuestos eliminados por el Gobierno.
Según el último Barómetro Fiscal que realizó el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía, un 83 por ciento de los españoles abogan por mantener el gasto social, aunque rechazan que se haga mediante subidas de impuestos. Para el colectivo de técnicos de Hacienda, el Gobierno dispone de una herramienta para lograr este propósito si recupera el suprimido Impuesto de Patrimonio.
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Según Gestha, la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio permitiría al Estado recaudar unos 1.100 millones de euros al año, lo que supone, además, alinearse con las políticas que se desarrollan en otros países como Estados Unidos, donde, según explica Gestha, su presidente, Barack Obama ha recuperado el extinto impuesto sobre la riqueza, el equivalente al impuesto del Patrimonio español.
LAS GRANDES FORTUNAS NO SE INVESTIGAN
Según los técnicos de Hacienda, la actual política de investigación fiscal evita que se investiguen a los poseedores de grandes patrimonios, en perjuicio de las rentas medias. En este sentido, Mollinedo exigió al Gobierno que “les deje investigar” a las grandes fortunas y pidió una política decidida en la lucha contra la economía sumergida, un cáncer económico que en España supone un 20 por ciento del PIB, muy por encima de economías desarrolladas, como Austria, Alemania, Reino Unido, o Francia, donde la tasa se sitúa en la mitad.
La lucha contra la economía sumergida lograría ingresar 38.000 millones de euros al Estado, si alcanzáramos la media europea, indica Gestha, lo que supondría enjugar una parte importante del déficit.
Además, Mollinedo recuerda que el Gobierno impide que se fiscalice los ingresos de los grandes patrimonios. “Las grandes fortunas no las estamos investigando”, señala, tras añadir que el Gobierno debe girar el foco y dejar de investigar a “pequeños comerciantes, autónomos, microempresas o trabajadores”, con ingresos en torno a 25.000 ó 30.000 euros al año, y dedicarse a fiscalizar las cuentas de las grandes fortunas.
Por otro lado, los técnicos de Hacienda añaden que todavía es posible investigar los grandes desarrollos urbanísticos que han tenido lugar en España en los últimos años, y que aún no han prescrito. Por último, subrayan que el Gobierno debe someter “todo el gasto a un análisis de eficiencia”, ya que, a su juicio, se debería evitar la costumbre de “copiar y pegar” toda una serie de gastos de un año para otro y revisar, en particular, “los gastos de “protocolo, representación, altos cargos, dietas de los Consejos de Administración de las empresas públicas y la publicidad institucional.”
El déficit, que este año rondará los 100.000 millones de euros, apunta Mollinedo, obligará al Estado a recurrir al endeudamiento, lo que motivará que los Presupuestos de los próximos años se vean lastrados por la amortización de esa deuda y el pago de los correspondientes intereses que genere.
