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viernes 20/5/22

El debate de las pensiones o la importancia del gasto público

Es una de las prioridades que plantea el número especial sobre las pensiones de la revista de la Fundación 1º de Mayo. Además de analizar los factores en los que el Gobierno basa su reforma y la repercusión que ha tenido, se dedica una especial atención a la embestida que el ultraliberalismo ha emprendido contra el Estado del Bienestar.
NUEVATRIBUNA.ES - 11.2.2010

"Las prioridades de la economía española y la reforma de las pensiones" es el trabajo con el que Rodolfo Benito, Secretario Confederal de Estudios y Presidente de la Fundación, sitúa el debate asegurando que las medidas "además de sorpresivas, y unilaterales, son socialmente injustas, y más que discutibles desde el punto de vista económico, y, por unos y otros motivos, equivocadas y radicalmente rechazables". Benito se refiere al retraso de la edad de jubilación a los 67 años como "medida innecesaria y desproporcionada, que transmite una idea también equivocada sobre la viabilidad del sistema publico de pensiones, que no se corresponde con los datos de superávit que éste tiene incluso en estos años de crisis. Una propuesta que se basa en el peso de las pensiones sobre el Producto interior bruto del país, y a la evolución demográfica, deduciendo como consecuencia la inviabilidad del sistema para el futuro".

"Seguridad Social: la reforma que necesitamos" es el artículo de Joan Coscubiela, Director del Observatorio sobre Modelo de Estado y Cohesión Social de la Fundación 1º de Mayo, en el que el autor recuerda que el documento presentado por el Gobierno tiene márgenes para el acuerdo pero siempre que se den una serie de condiciones: "Siempre claro que el Gobierno desactive cuanto antes el clima de tensión social suscitado con su propuesta, retirándola, y aceptando discutir otras propuestas alternativas. Entre ellas, mecanismos de desincentivación – aplicando sobre costes – de las jubilaciones anticipadas o prejubilaciones y mayores incentivos a la prórroga voluntaria de la edad de jubilación, más allá de los 65 años. Lo contrario, ampliar la edad de jubilación, sería abrir una nueva brecha entre trabajadores que afectaría especialmente a las mujeres y a personas que realizan sus tareas en trabajos con especial penosidad".

Carlos Bravo, Secretarío Confederal de Seguridad Social y Previsión Social de CCOO, opina en "El Sistema de Pensiones en España:refuerzo y reforma permanentes" que "toda esta escenificación parece estar más orientada a dar una apariencia de fortaleza y capacidad de liderazgo frente a instituciones y mercados internacionales, en un intento de influir e invertir la coyuntura de valoración negativa sobre la calidad de nuestra deuda que estamos padeciendo". Pero, a su juicio, el resultado final podría no ser precisamente el deseado: "Es un error, en primer lugar porque una medida como esta, innecesaria y excesiva, puede tener un efecto sobre esos mercados e instituciones internacionales a corto plazo; de hecho, la cotización de la deuda española mejoró algo los primeros días. Sin embargo duró poco y empeoró de nuevo en pocos días. Esos mismos foros y mercados valoran la respuesta social a esas propuestas y esta ha sido mayoritaria y clara".

Bravo no sólo critica la estrategia del Gobierno de puertas para fuera, sino también por la repercusión que ha tenido a nivel interno: "Existe un acuerdo tácito desde 1995 con la firma del Pacto de Toledo para que se aborde el tema de las pensiones desde el ámbito del debate y el acuerdo, renunciando a presentarlo como un instrumento al servicio de la confrontación. Anunciar sorpresivamente algunas de las propuestas más polémicas que podrían hacerse, no es una buena estrategia para mantener el ámbito del acuerdo que precisan las reformas en pensiones".

En "Crisis de un modelo insostenible. El papel de las políticas públicas", Elvira S. Llopis, Vicepresidente de la Fundación 1º de Mayo, defiende que es precisa "una reconstrucción ideológica acerca de la importancia del gasto público para prevenir la vulnerabilidad y la exclusión social y avanzar en su cohesión". Llopis alerta sobre las amenazas que se ciernen sobre el Estado del Bienestar, entre ellas "ese concepto que, con intencionada equivocidad, empieza a ser utilizado en los círculos ultraliberales de sociedad del bienestar”. Y subraya que "sociedad del bienestar y estado del bienestar, lejos de ser sinónimos, son términos que definen bien claramente dos modelos sociales diferentes, cuya linde se establece claramente cuando se analiza el papel otorgado al mercado: En términos de sociedad del bienestar es el mercado libre quien provee de cualquier bien o servicio, naturalmente, a todo aquél que lo pueda pagar".

Aceptar el modelo que se oculta tras la llamada "sociedad del bienestar" supone, según Llopis, "asumir mecanismos totales o parciales de privatización de los servicios públicos de carácter social como la sanidad o la educación… equivale a aceptar sin más su carácter de mercancía y someterlos a las leyes del mercado, que es por definición un mecanismo de acumulación de riqueza y no de redistribución y por lo tanto, y por principio, injusto e insolidario. Del mismo modo, asistir impasibles a estrategias más o menos encubiertas de mercantilización, de entre las que cabe destacar la devaluación intencionada de los servicios públicos, que genera una huida de los usuarios que pueden permitírselo hacia los servicios prestados en el mercado, es iniciar una senda sin retorno hacia el Estado asistencial; hacia sociedades dualizadas, en las que la desigualdad es cada vez más pronunciada, en las que los más desfavorecidos sólo pueden acceder a servicios y niveles de protección de mínimos, mientras los servicios privados, reforzados, sólo abastecen
a aquellos con capacidad de pago".

> PDF: La Seguridad Social y el sistema de pensiones

El debate de las pensiones o la importancia del gasto público
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