“La reforma laboral será muy agresiva”, dijo en un foro internacional un ministro español. La verdad es que el uso de esta última palabra me sorprendió cuando la oí. Según el DRAE, en castellano el término tiene varias acepciones, a saber: “Dicho de una persona o de un animal: Que tiende a la violencia”, o “Propenso a faltar al respeto, a ofender o a provocar a los demás” o “Que implica provocación o ataque”. Ya sé que en inglés –idioma en el que hablaba nuestro preboste- “agressive” se puede entender también en el lenguaje de los negocios como “enérgico” o “intenso”. Pero visto lo publicado en el BOE del sábado 11 de febrero creo que nuestro alto funcionario estaba hablando en español cañí: cualquiera de de las acepciones expuestas por el DRAE es aplicable al R Decreto-Ley 3/2012, de 2 de febrero.
Nos hallamos, en efecto, ante la reforma más profunda de nuestro modelo de relaciones laborales desde hace casi veinte años –en concreto, desde la llamada reforma laboral de 1994-. Y, precisamente por la trascendencia de los cambios, llama mucho la atención que en este caso se haya roto una de las reglas no escritas del pacto welfariano: que las modificaciones de modelo se discuten previamente, antes de elevarse a rango de Ley entre los agentes sociales y el Ejecutivo. Es cierto que el actual gobierno había urgido a patronal y sindicatos desde antes de su toma de posesión para que consensuaran cambios normativos. Pero quiero llamar la atención sobre el carácter estrictamente bilateral de esos contactos: el Ejecutivo –y ésa es la diferencia- nunca se mojó en el tema. Y no es ésa una cuestión baladí: no es lo mismo que un gobierno diga a los empresarios y los sindicatos: “quiero cambiar el mercado de trabajo en este sentido, negociémoslo entre todos”; o que diga: “pacten ustedes lo que quieran, si no llegan a un pacto –o, incluso, aunque lo hagan como ha sido el caso, al menos en ámbitos de negociación colectiva- yo impondré mi modelo a través del rodillo de mi mayoría absoluta”. Esto último no es negociar en forma tripartita: es un simple Diktat que convierte a los agentes sociales en simples amanuenses. Una práctica autoritaria, alejada de nuestro modelo constitucional.
Desde ese punto de vista, el hecho de publicar en el BOE un sábado una reforma de este calado y recibir a los agentes sociales el lunes siguiente para ver qué piensan me parece –al margen de los contenidos del R Decreto-Ley- lo más escandaloso de este proceso. Se trata de una ruptura en toda regla, de las reglas del juego de poderes que conforman el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho. Y es una práctica que llama poderosamente la atención si se tiene en cuenta que una semana antes se había publicado el R Decreto-Ley 2/2012, sobre el saneamiento del sector financiero; norma ésta que –como se desprende varias informaciones de prensa- sí había sido más o menos hablada y consensuada con los principales Bancos y Cajas de Ahorro –sobre todo, con una de estas últimas, según las malas lenguas-. ¿Por qué se consensúan con las entidades financieras las normas que les afectan y no se hace mismo con patronal y sindicatos? Que yo sepa, las primeras no están contempladas en el Título Preliminar de nuestra Constitución, a diferencia de los agentes sociales.
Y no me valen las famosas excusas de urgencia por la delicada situación económica de este país. Primero, porque la técnica legislativa del R Decreto-Ley 3/2012 es bastante buena, pese a la complejidad de la modificación –es decir, no se improvisó: hace tiempo que estaba redactado-. Y, segundo, porque de las crisis no se sale sólo con cambios normativos, sino especialmente con consensos: o todos los ciudadanos ven claro un horizonte de mejora, o difícilmente se les puede pedir que se esfuercen y hagan renuncias de derechos. Si el futuro que se diseña es peor que el anterior, ¿para qué se esforzar los trabajadores en alcanzarlo? Pues bien, la marginación de los sindicatos en la conformación del nuevo marco normativo determina, a la postre, la de los asalariados. Su alejamiento y ajenidad del marco regulador de las relaciones laborales.
Ciertamente las empresas son los principales instrumentos de generación de riqueza real en nuestra sociedad –aunque es ésa una obviedad que debería haberse recordado en plena orgía especulativa hace unos años- Pero las empresas no son nada sin sus trabajadores. La riqueza de verdad –no la derivada de la usura y la codicia- se crea sobre el trabajo, como la experiencia humana pone de manifiesto en todas sus etapas históricas y modos de producción.
Por tanto, regular el mercado de trabajo a favor de los empresarios dejando la salida de la crisis únicamente al “espíritu emprendedor” es un error de calado. Se puede tener muchos ciudadanos con dicho espíritu, pero sin el esfuerzo de los trabajadores no se saldrá de la crisis. De ahí que, más que nunca, cualquier cambio en las relaciones laborales ha de ser compensado. Porque en ese ámbito rige el principio de suma cero: lo que en un cambio normativo pierden unos, lo ganan otros. Y eso es precisamente lo que se deriva del R Decreto-Ley 3/2012. Se trata, ni más ni menos, que de plasmar en el BOE las reivindicaciones históricas de la patronal. Sin prácticamente contrapartidas para los trabajadores. Y la justificación de ello es la necesidad de crear empleo.
Quizás sea porque me estoy haciendo mayor. Pero tengo en demasiadas ocasiones la impresión de que el discurso dominante en la política –en diestra y, ¡ay!, una parte significativa de la siniestra-, los media y una buena porción de la ciudadanía se asemeja al de un sectario que obtenga fondos haciendo de trilero en las Ramblas barcelonesas.
Lo de “sectario” viene por la imposibilidad material de discutir los mantras sagrados que devienen verdades absolutas por su reiteración expositiva (“lo privado funciona mejor”, “bajar impuesto es bueno para la economía”, “menos Estado y menos regulación, etc.) Y la asimilación a la figura del trilero porque todos sabemos que el juego está trucado: lo que se dice no es, en realidad, lo que se pretende. La última “ratio” de las políticas económicas y sociales actuales (la reversión de rentas en relación al modelo welfariano, favoreciendo a las clases opulentas, como afirmaba el maestro Josep Fontana en sus reflexiones “Más allá de la crisis”) se oculta formalmente, aunque todo el mundo sabe cuál es su objeto (1). La aplicación de los dogmas ha llevado a una evidente realidad: el incremento de la desigualdad en la distribución de rentas entre los ciudadanos, no sólo en los países “ricos”, también a escala planetaria (el famoso uno por ciento, que se ha enriquecido con el neoliberalismo) Es decir la corrupción de la noción de democracia integral –por la limitación del concepto únicamente a su vertiente libertaria- que surge de Platón y Aristóteles y conforma las Constituciones modernas. La causa última de la actual crisis –más allá de las diversas manifestaciones en los distintos países- reside en esas políticas de desigualdad. Sin embargo, se sigue profundizando impúdicamente en ellas, cómo si a un enfermo de cáncer de pulmón se le recomendara continuar fumando.
Pero es que, además, la experiencia de casi treinta años de reformas laborales pone en evidencia lo evidente: las leyes no crean empleo. En este período de tiempo hemos asistido a experimentos legislativos variados –fomento de la contratación temporal, fomento de la contratación a tiempo parcial, contratos de fomento de la contratación indefinida, etc- Y ninguno de esos cambios ha sido útil para crear empleo.
En la Exposición de Motivos del R Decreto-Ley 13/2012 se afirma, con claridad que en España se “ha destruido más empleo, y más rápidamente, que las principales economías europeas” –lo que es indudablemente cierto- para señalar, a continuación, la causa: “La crisis económica ha puesto en evidencia la insostenibilidad del modelo laboral español. Los problemas del mercado de trabajo lejos de ser coyunturales son estructurales, afectan a los fundamentos mismos de nuestro modelo sociolaboral y requieren una reforma de envergadura”. Es decir, los trileros sectarios establecen el diagnóstico que el paro desmesurado que por aquí campa es causa de las tutelas del Derecho del Trabajo. ¿No será que nuestra diferencia con otros países reside en el erróneo abandono de la producción en sectores con más valor añadido y la suicida apuesta casi única por la construcción? ¿No será que si uno ha jugado la carta de un modelo productivo basado en la burbuja inmobiliaria, cuando ésta revienta el impacto sobre el empleo es extraordinario?
Es la situación económica y social y el modelo productivo la que determina la creación de empleo, no las leyes. Como bien ejemplarifica mi amigo Manolo Luque: ¿Cómo se explica que con la misma normativa en Euskadi el desempleo no llegue al doce por ciento? ¿No será porqué allí no se ha desmantelado el sector industrial con el mismo afán que en otros territorios, con un fuerte entramado de pequeñas empresas? A lo que cabrá añadir que los países septentrionales europeos tienen un índice de desempleo mucho menor, pese a que los trabajadores y los sindicatos ostentan mayores tuteles, competencias e intervencionismos. La triste singularidad de nuestro país no es de problemas estructurales del mercado de trabajo, sino de modelo productivo. Pero eso es algo de lo que los trileros sectarios no quieren oír hablar.
En esa tesitura el empleo se convierte en la gran excusa de la nueva y significada reversión de poderes en la empresa y en la sociedad, entronizando el poder del empresario (y, por ende, de los poderosos), capidisminuyendo las competencias de las personas asalariadas y ninguneando a los sindicatos. Porque de lo que se trata, de verdad, no es crear empleo. Todos sabemos dónde está la bolita: en el cubilete que esconde la reversión del pacto de rentas del Welfare; por tanto, proseguir en la senda de la desigualdad. Y qué mejor momento para dar un golpe de timón que en medio de una enorme crisis sistémica, con un sindicato débil por el incremento del paro y su constante deslegitimación mediática y con una izquierda desarbolada y carente de la más mínima propuesta alternativa.
Esa es la lógica del R Decreto-Ley 3/2012 y no, el empleo. Y aunque reiteradamente su Exposición de Motivos reclame que se trate de un cambio normativo equilibrado en el que ganan trabajadores y empresarios, la simple lectura del contenido de dicha norma pone en evidencia su fin último: dotar de mayores poderes a los empleadores, incrementar la desigualdad contractual entre las partes y reducir el papel de los mecanismos compensadores de la desigualdad, significativamente la negociación colectiva y el sindicato.
Pero reitero: eso nada tiene que ver con la crisis y el empleo, sino con el intento de reversión del modelo welfariano que se plasma en nuestra Constitución (cada vez más alejada de su espíritu original, ahora que contiene referencias a la austeridad). No está de más recordar que buena parte de las medidas ahora adoptadas eran bandera reivindicativa de patronal y de sectores académicos y mediáticos en la época de las vacas gordas. Y que el modelo al que se acusa de rígido no fue óbice para un exponencial crecimiento del empleo –eso sí: basado en la construcción y actividades anexas-, que exigió mano de obra barata, esencialmente foránea.
Pero es inútil intentar hablar racionalmente con sectarios. En el BOE del pasado sábado se recogen las viejas reivindicaciones de la patronal: se consagra el fin de la intervención administrativa en los despidos colectivos y en las suspensiones contractuales y de reducción de jornada, se veta a los jueces el control finalista de dichas medidas, se abarata el despido para todos, se suprimen los salarios de tramitación, se impone un concepto de flexibilidad unidireccional y autoritario, se permite la disponibilidad por el empresario de lo pactado en convenio colectivo y se permite el descuelgue universal del contenido del convenio y ya no sólo respecto al salario. Y se añaden otras medidas que no habían sido reclamadas: así, se permite que las ETT actúen como agencias de colocación, se crea un nuevo contrato que permite al empresario –además de percibir incentivos fiscales de hasta 3000 euros y embolsarse el cincuenta por ciento de la prestación de desempleo que percibía el trabajador contratado- despedir como si fuera un período de prueba –es decir, sin indemnización, ni control judicial- durante el primer año, ser permite realizar contratos de aprendizaje con la misma persona para distintas profesiones, se permite que los trabajadores a tiempo parcial puedan hacer horas extraordinarias, etc.
Sin duda, el sueño húmedo de un neoliberal. En definitiva, la ruptura del ya precario equilibrio de fuerzas entre empresarios y trabajadores y la capidisminución del poder del sindicato y del convenio. Con todo, eso no es lo peor. Lo peor es que, como ha pasado con todas las reformas impuestas anteriores, cuando de aquí pocos años se ponga en evidencia que esta reforma no ha servido para crear empleo, querrán más. ¿Por qué no, ya puestos, prohibir los sindicatos y la negociación colectiva?... ¿es qué no alteran la libre competencia, como afirmaban los liberales decimonónicos?
Y mientras la democracia se degrada, la izquierda sigue en sus trece. Unos, haciendo congresos cuyo eje central era la elección de un líder y no de renovación de ideas. Otros, confiando en la instauración de la III República. Y los de más a la izquierda reclamando la defensa del Estado del Bienestar del que abominaban hasta hace pocos días.
¿Por qué no habré nacido yo sueco?
