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NUEVATRIBUNA.ES - 02.09.2010

Los tres diputados de la corriente Izquierda Socialista del PSOE, los madrileños Manuel De la Rocha y Juan Antonio Barrio de Penagos y el granadino José Antonio Pérez Tapias, respetarán la disciplina del Grupo Socialista y su decisión de voto sobre el proyecto de ley de reforma laboral que el próximo jueves afrontará su trámite final ante el Pleno del Congreso de los Diputados con el debate de las enmiendas introducidas por el Senado.

Barrio de Penagos, portavoz de esta corriente, ha asegurado que, pese a mantener sus discrepancias con el texto, que ya expresaron cuando se presentó el decreto ley que dio origen a esta norma, respetarán la "decisión mayoritaria" del Grupo Socialista.

El debate del próximo jueves será la única ocasión para que los 350 diputados se pronuncien de manera individual, a través de sus votos, sobre las modificaciones añadidas a la norma por la Cámara Alta, si bien sólo cuatro de ellas fueron introducidas con el rechazo socialista, tres de ellas del PNV y una del BNG.

El diputado socialista y ex secretario general de Comisiones Obreras, Antonio Gutiérrez, fue el único que rompió la disciplina de voto de su grupo en la votación del decreto ley el pasado 22 de junio. En cualquier caso, Gutiérrez, presidente de la Comisión de Economía y Hacienda de la Cámara Baja, aún no ha avanzado cuál será su posición en el debate del próximo jueves y confirmar si volverá a optar por la abstención, una decisión por la que ya fue sancionado por el Grupo Socialista.

En cualquier caso, al tratarse de una votación de enmiendas y no del texto global, el PSOE no tendría que volver a verse en la tesitura de sacar adelante la norma en solitario y sólo con 168 de los 169 votos de los que dispone, como ocurrió con hace dos meses y

Por su parte, los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han afirmado que los datos del paro conocidos este jueves, con una subida de 61.083 personas en agosto, confirman las previsiones de los sindicatos ante la reforma laboral y justifican aún más la convocatoria de huelga para el próximo día 29 de septiembre.

"Confirma de la A a la Z las valoraciones y previsiones negativas en relación con la reforma laboral", ha asegurado Méndez, quien ha incidido en que se ha roto la tendencia del carácter estacional y por lo tanto las medidas del Gobierno no sirven para combatir el paro y contribuir a la recuperación económica.

Finalmente, el líder de Comisiones ha calificado de "tremendamente preocupantes" los datos de afiliación a la Seguridad Social, con casi 132.000 cotizantes menos, lo que se puede "amplificar" en lo que queda de año, ya que tiene que ver con la atonía de la incorporación de empleos y el agotamiento de las prestaciones contributivas por desempleo.

CSI-CSIF RECURRE LA REBAJA DE LOS FUNCIONARIOS

Mientras tanto, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) ha interpuesto sendos recursos ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional contra el recorte salarial de los funcionarios, del 5% de media, incluido en el Real Decreto de recortes, y, además, ha dirigido un escrito a la Defensora del Pueblo, María Luis Cava de Llano, para que interponga un recurso de inconstitucionalidad.

En los recursos, la organización argumenta que el Real Decreto vulnera el derecho a la negociación colectiva, en tanto que suspende los acuerdos vigentes de forma unilateral y sin negociación previa. Además, explica que incumple la Ley de Presupuestos Generales de 2010, que no autoriza modificaciones mediante Decretos Ley, sino a través de proyectos de Ley.

Asimismo, CSI-CSIF reclama que la rebaja salarial aprobada va en contra del Estatuto Básico del Empleado Público y contra el derecho de igualdad por el agravio comparativo de trabajadores por cuenta ajena y los regulados por el Estatuto de los Trabajadores.

Por último, el sindicato alega un restricción injustificada de los derechos adquiridos que contraviene lo dispuesto por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la que se reconoce como tal la masa salarial consolidada.

En cuanto al escrito remitido a la Defensora del Pueblo, las alegaciones señalan además que el Real Decreto vulnera e III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, que la medida supone una "injustificada injerencia" en el derecho de la negociación colectiva y que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, tiene carácter "confiscatorio".

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