nuevatribuna.es
3 de enero de 2011, 10:55
nuevatribuna.es | 30.12.2010
Varios miles de personas -alrededor de 15.000 según los sindicatos y 6.000 según la Policía Local- se manifestaron este jueves por las calles de la capital murciana en protesta por la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, aprobada la pasada semana en la Asamblea Regional, que supone, según los convocantes, un "recorte a los empleados públicos".
“Murcia se ha convertido en el 'laboratorio' de la estrategia 'popular', afirmó CCOO, uno de los convocantes de una protesta secundada por todas las organizaciones del sector público y que se retomará los próximos días 4 y 12 de enero, junto a una ofensiva legal destinada a impedir que la Ley entre en vigor.
La marcha partió a las 18:00 horas, como es habitual de la Plaza Fuensanta de la capital murciana y transcurrió sin incidentes, salvo que a mitad del recorrido, concretamente frente al domicilio del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, se detuvo para algunos de los participantes tirar huevos y algún petardo, por lo que se pudo observar un ambiente tenso.
No obstante, y como labor de prevención, dos furgones policiales y una decena de agentes del Cuerpo Nacional de Policía vigilaron la vivienda del jefe del Gobierno regional, donde un grupo de personas, participantes en la manifestación gritaron 'Aquí no está la cueva de Alí Babá', 'cobarde' y pidieron su dimisión por 'fascista y ladrón'.
Una vez que la marcha llegó a su punto final, la Consejería de Economía y Hacienda, un control policial también esperaba allí, donde los manifestantes, antes de disolverse la manifestación, pidieron también la dimisión de la titular del ramo, Inmaculada García.
Durante la manifestación, los convocantes corearon gritos al unísono en el que advertían de que la situación se trata de un "atraco". Asimismo, se pudo ver a un médico repartiendo recetas en las que se podía leer que el diagnóstico para el Gobierno regional, en este caso el paciente, es un "virus endogámico", por lo que prescribe "menos asesores" y da instrucciones al paciente de que "rectifique y retire la ley de recortes".
De igual modo, a la pancarta central de la marcha 'No a los recortes sociales y salariales', encabezada por los secretarios generales en Murcia de UGT y CCOO, Antonio Jiménez y Daniel Bueno, respectivamente, le siguieron otras en las que se leía 'Más esfuerzo mental y menos recorte social', 'Valcárcel, cretino despide a tu sobrino', 'Valcárcel, sus consejeros y sus directores generales se subieron el sueldo un 50 por ciento', 'Valcárcel agrede a la educación, dejando sin apoyos al profesor', 'El PSOE nos pone la cuerda y el PP aprieta'.
El lema que más se coreó fue la petición de dimisión de Valcárcel, "por no saber de gestión", así como 'Valcárcel a la cárcel por fascista y ladrón' y tu mala gestión', 'Valcárcel salta, a Murcia le hace falta'.
A la protesta, en la que se pudo ver al coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, acudieron CCOO, UGT, ANPE, CSIF, Sterm Intersindical, Satse, CGT, SIME y SIDI.
NUEVAS PROTESTAS
El secretario de comunicación de CCOO, Antonio Rubio, criticó la actitud del Gobierno regional y acusó al presidente Valcárcel de no “dar la cara” y escudarse en el Gobierno central, que, según Valcárcel, apoya el paquete de medidas adoptadas, que dejarán sin trabajo -según los sindicatos- a unos 2.000 interinos que ahora trabajan para la Administración regional.
Según Rubio, Murcia se ha convertido en el “laboratorio” de la estrategia que seguirán los 'populares' para sortear los efectos de la crisis. Sin embargo, los sindicatos planean seguir haciéndoles frente. Desde CCOO y UGT – añadió- “se sigue insistiendo en la necesidad de retirar la ley”. Al mismo tiempo, las centrales anunciaron que recurrirán la Ley “por todas la vías posibles” para evitar que ésta entre en vigor.
Para los sindicatos, la Ley "vulnera” la Constitución en lo relativo a derechos de los trabajadores y competencias de las administraciones territoriales. En su opinión, la Asamblea regional "no tiene competencias” para regular las condiciones de trabajo o eliminar convenios colectivos. “Esto es competencia exclusiva del Estado", reiteran.
