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NUEVATRIBUNA.ES / L.M. - 26.05.2010

Los máximos representantes sindicales, empresariales y políticos se hallan hoy reunidos en la mesa del Diálogo Social, empeñados en cerrar la negociación sobre la reforma del mercado de trabajo. El mundo entero parece observar los resultados de este encuentro. La presión financiera y las dudas sobre la capacidad de la economía española para remontar la recesión meten presión sobre los negociadores que, reunidos en un lugar secreto, gastan el último cartucho para evitar una reforma impuesta, que, a buen seguro, conduciría a una huelga general.

Los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, se reúnen este miércoles con el presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán y el encargado de relaciones laborales de esta organización, Santiago Herrero, para tratar de sellar la reforma del mercado de trabajo, una negociación que dura ya más de un año y cuyos resultados se antojan claves a juicio de los mercados financieros y de un buen número de organismos internacionales, por su influencia sobre el crecimiento económico español.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, declaró hoy en el Congreso de los Diputados, antes de partir hacia el lugar donde se celebra la reunión discreta, que espera “avances importantes” de esta cita, cuyo principal punto de confrontación son los contratos laborales.

Los negociadores deben llegar a un acuerdo antes del fin del mes de mayo. En caso contrario, el Gobierno “debe acometer un conjunto de reformas” en este sentido, según ha advertido el propio jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero.

El ministro Corbacho confió en que la reunión de hoy sirva “al menos” para remover el principal escollo que impide el acuerdo y que tiene que ver “con el tema contractual”, según reconoció el titular de Trabajo.

Por su parte, los empresarios pretenden a toda costa rebajar los costes de despido. En este sentido, la negociación se ha centrado en la extensión del contrato de fomento del empleo, una fórmula que incluye una indemnización por despido de 33 días por año trabajado, muy alejada de los 45 días que, en la práctica, supone despedir a un trabajador con un contrato indefinido convencional.

La patronal intenta además conseguir una rebaja de las cotizaciones sociales que pagan las empresas, un asunto muy difícil en un momento como el actual, marcado por el abultado déficit público, que reduce el margen de maniobra del Gobierno en este sentido.

Corbacho espera avances tras la reunión hoy entre Toxo, Méndez y Díaz...