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CEOE quiere que despedir le cueste la mitad

La patronal pide al Gobierno que clarifique las causas que permiten la rescisión de contratos para evitar el aluvión de despidos improcendentes, una decisión que, según los sindicatos, supondría dar “barra libre” a los empresarios para despedir.
NUEVATRIBUNA.ES/ L.M.- 20.05.2010

Un 77 de los despidos fueron declarados improcedentes en España el año pasado. A pesar de la crisis económica, los empresarios optaron por esta fórmula, más cara, que obliga a pagar indemnizaciones de 45 días por año trabajado. Por eso, los empresarios exigieron hoy al Gobierno que “especifique de forma más clara” las causas que permiten despedir a un trabajador. Si lo consiguen, la reforma rebajará automáticamente a menos de la mitad el importe de estas indemnizaciones, hasta los 20 días por año trabajado.

La patronal exigió hoy esta rebaja en los costes del despido al término de una nueva reunión del Diálogo Social. Este encuentro, celebrado horas antes de que el Gobierno concrete sus medidas de ajuste fiscal, sirvió además para escenificar el desencuentro que se vive en la mesa de negociación tripartita, embarcada en la reforma del mercado laboral.

El ajuste del Gobierno ha entrado como un ciclón en la mesa del Diálogo Social. Cuando faltan pocos días para que expire el plazo dado por el Ejecutivo para que se concrete la reforma, el pesimismo cunde en el ámbito sindical. Las amenazas de huelga se han hecho ya cotidianas. “Si el paquete de recorte conlleva una reforma laboral, que piensen antes de tomar decisiones”, advirtió hoy Paloma López, secretaria de empleo de Comisiones Obreras.

“Los sindicatos estamos manejando una respuesta sin descartar ningún tipo de acción”, añadió López, tras asistir a la reunión en que también participaron el secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer, el secretario general de CEOE, José María Lacasa, y por parte del Gobierno, al secretaria general de empleo, Maravillas Rojo, y el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado.

“La reunión no ha tenido contenido de calidad”, lamentó Ferrer, decepcionado tras la reunión ante la falta de explicaciones del Ejecutivo sobre el recorte de salarios en el sector público, la congelación de las pensiones y el ‘tijeretazo’ a la Ley de Dependencia, anunciados por el Gobierno.

En síntesis, las centrales sindicales reprocharon al Gobierno los recortes “muy injustos” que, según su opinión, “entregan a la sociedad como rehén para garantizar el rescate de los mercados”, afirmó Ferrer.

“El dragón de los mercados es cada vez más voraz”, añadió el ‘ugetista’, quien alertó de que “nadie garantiza que los recortes del Gobierno sean los últimos”.

LOS EMPRESARIOS RECHAZAN LA SUBIDA DE IMPUESTOS

Por su parte, los empresarios, tras aplaudir los recortes, recordaron que “los mercados” exigen también llevar a cabo una reforma laboral, entre otras medidas. Según José María Lacasa, el “riesgo país” exige que el Gobierno saque adelante otras reformas, entre ellas, la de las pensiones y la del mercado financiero, además de la ya iniciada consolidación fiscal.

“La penalización por el riesgo país afecta de forma muy directa a las economías”, alertó el líder patronal, que cuantificó en dos puntos del PIB el coste adicional que pagan los Estados cuando se incrementa el 1 por ciento el coste de la deuda soberana.

Por el contrario, los sindicatos exigen al Gobierno que eleve los impuestos para evitar que los más débiles paguen la salida de la crisis. Recuperar el Impuesto de Patrimonio permitiría al Estado recaudar 1.800 millones de euros, el equivalente al ahorro previsto con la congelación de las pensiones. Además, el Estado podría ingresar 34.000 millones de euros adicionales si lograra rebajar la economía sumergida a la media europea.

Los sindicatos pretenden que el Gobierno cree nuevos impuestos a las entidades financieras, y recuerdan que el rescate a la banca ha originado buena parte del déficit público, que ascendió al 11,2 por ciento el año pasado.

Así, las centrales sindicales recuerdan el caso de Portugal, donde la reducción del déficit se ha abordado también por el lado de los ingresos, y no sólo por el del gasto, como en España.

Por su parte, los empresarios pidieron “no tocar los gastos de inversión”, calificaron de “error” una posible subida de impuestos y se mostraron “preocupados” por los recortes previstos en el gasto farmacéutico, que afectará a empresas españolas muy activas en la inversión en I+D+i.

Además pidieron eliminar algunas “subvenciones” que afectan a los precios públicos y demandaron “entrar a fondo en el funcionamiento de las Administraciones Públicos”, tras recordar que en los últimos diez años se han creado 10.000 empresas públicas, sobre todo en el ámbito local y autonómico. También exigieron recortes en Sanidad y defendieron el “ahorro” que, en su opinión, supondría la prestación privada de algunos servicios públicos.

CEOE quiere que despedir le cueste la mitad