CCOO y UGT han enviado al ministerio de Trabajo un documento conjunto con sus 'enmiendas' al borrador del real decreto-ley de medidas laborales que les fue remitido el miércoles y que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes y que, entre otras cosas, contempla la creación de un nuevo contrato de formación y la suspensión por dos años del límite al encadenamiento de contratos temporales.
En primer lugar, los sindicatos critican en su documento que el Gobierno haya "sustraído" al diálogo social y adoptado por sorpresa algunas iniciativas contenidas en esta norma que el Gobierno quiere tramitar de manera urgente.
Así, subrayan que la mesa de negociación en materia de empleo debería haber tenido la ocasión de debatir las cuestiones referentes al nuevo tratamiento del Fogasa y, especialmente, la suspensión al tope actual para encadenar contratos temporales, medida ante la que manifiestan su "absoluta oposición". En este sentido, entienden que se han contravenido las normas del diálogo social.
"La crisis no justifica la inclusión de nuevas reglas que precaricen más el empleo", alegan los sindicatos, que ven "chocante" que se quiera promover la estabilidad laboral posibilitando que un trabajador pueda ser temporal en un mismo trabajo durante más tiempo.
Para los sindicatos, esta suspensión del límite para encadenar contratos temporales supone un "incumplimiento" de los compromisos adquiridos en los acuerdos sociales de 2006, además de una "transgresión de obligaciones" respecto a las normativas europeas.
NO A UN NUEVO CONTRATO FORMATIVO
En su documento de alegaciones a las iniciativas del Gobierno, y pese a compartir con él la necesidad de que la formación debe ajustarse más a las necesidades de la empresa, CCOO y UGT se oponen a crear una nueva modalidad de contrato formativo y a cambiarlo de denominación.
Los sindicatos consideran además "excesiva" tanto la duración del contrato de formación propuesta por el Ejecutivo (dos años prorrogables a un tercero) como el que se puedan efectuar estos contratos con jóvenes de hasta 30 años. "Nos podríamos situar con personas que, al concluir su periodo formativo, tendrían 33 años (...) Se va a limitar la posibilidad de acceder a contratos estables a una gran cantidad de personas", argumentan.
Así, entienden que la edad máxima de los destinatarios de contratos formativos debe ser 21 años, aunque ceden en que, excepcionalmente y durante dos años, el tope pueda fijarse en 25 años. Además, señalan que para que esta modalidad contractual tenga éxito, resulta necesario regular todos los aspectos relacionados con las prácticas no laborales y el sistema de becas. Apuestan también por mantener la exigencia de tutores en la empresa y por limitar los contratos vía negociación colectiva.
En cuanto a las bonificaciones en la cotización a las empresas que hagan estos contratos, CCOO y UGT quieren que se eliminen las planteadas para la transformación en fijos (1.500 euros anuales o 1.800 si son mujeres las contratadas) al entender que se trata de una rebaja generalizada de alto importe, y se muestran partidarios de mantener las otras (100% si lo contrata una empresa de menos de 250 trabajadores y 75% si iguala o supera esta cifra).
Los sindicatos también rechazan la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2013 de las bonificaciones para convertir contratos temporales en contratos indefinidos de fomento del empleo estable (33 días de indemnización por despido procedente) al entender que no son efectivas para la creación de empleo y sí para elevar la temporalidad.
De hecho, argumentan, el contrato indefinido de 33 días apenas representa un 0,8% de media en el total de la contratación registrada en lo que va de año, en tanto que los contratos temporales suponen el 91,26% del total.
Los sindicatos sí celebran la prórroga de la ayuda de 400 euros a los parados sin ingresos pero ven "preocupante" que el nivel de cobertura a los desempleados se haya reducido más de 10 puntos desde que se derogó el anterior programa, conocido como Prodi y que contemplaba ayudas de 426 euros.
Por último, las organizaciones sindicales se oponen a fusionar el Fogasa con el Servicio Público de Empleo Estatal, estimando que debe mantener su carácter autónomo. CCOO y UGT creen que lo que hay que hacer, en este aspecto, es cerrar acuerdos para elevar la plantilla del organismo.
