nuevatribuna.es
20 de octubre de 2009, 13:51
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 20.10.2009
Comisiones Obreras ha decidido unirse al recurso judicial presentado por el Ayuntamiento de Madrid contra el reparto de consejeros cedidos por la Casa Real en Caja Madrid establecido por la comisión electoral. La juez de Instrucción número 60 mantiene de hecho suspendido de manera cautelar el proceso electoral en la caja respecto a los consejeros cedidos por el Patronato Real.
CCOO busca así, como el Consistorio de la capital, recuperar a través de los tribunales de justicia los puestos de consejero que ha perdido en el sector de los impositores debido a la aplicación de la nueva Ley de Cajas aprobada por el Gobierno regional. El sindicato está representado en Caja Madrid por varias vías: por los trabajadores, por las entidades representativas como primer sindicato de la región, y a través del sector de impositores (clientes).
El secretario general de Comisiones de Madrid, Javier López, explicó que los ayuntamientos se sienten dañados porque antes de la Ley Aguirre tenían 100 consejeros, procedentes de una parte proporcional de los 64 designados por la entidad fundadora y ahora esa cifra queda en 80. "Ven mermada notablemente su representación", indicó. Si el reparto de los 64 consejeros designados por la entidad fundadora se hubiese realizado de acuerdo a la normativa anterior, en lugar de 90, habría 112 representantes de los impositores en la Asamblea General.
Por el contrario, la Asamblea de Madrid, controlada por Aguirre mayoritariamente, pasa de tener 40 a 53 representantes, al tiempo que las entidades representativas (designadas directamente por el consejero de Economía) pasa de ser de 32 a 61.
López planteó que "está claro que el intento de la ley es garantizar para Aguirre un control mayoritario de la caja en detrimento fundamentalmente de ayuntamientos e impositores. Parece razonable, pese a nuestra voluntad general de que haya un acuerdo de todos, el recurso planteado por los ayuntamientos para exigir que si la Casa Real había decidido entregar esos 64 que le correspondían nombrar con los mismos criterios de reparto con que se venía actuando anteriormente a la publicación y a la aprobación de la ley, puede haber base legal como para que los recursos puedan salir adelante".
"Aunque la voluntad de UGT, CCOO, PSOE, PP, IU, etc, siempre ha sido alcanzar un acuerdo general sobre la caja, siempre le hemos dicho a Aguirre que si mantenía la ley en términos que hicieran que algún sector como los ayuntamientos o impositores se sintieran damnificados, no habríamos resuelto el problema", recordó López.
Comisiones Obreras ha decidido unirse al recurso judicial presentado por el Ayuntamiento de Madrid contra el reparto de consejeros cedidos por la Casa Real en Caja Madrid establecido por la comisión electoral. La juez de Instrucción número 60 mantiene de hecho suspendido de manera cautelar el proceso electoral en la caja respecto a los consejeros cedidos por el Patronato Real.
CCOO busca así, como el Consistorio de la capital, recuperar a través de los tribunales de justicia los puestos de consejero que ha perdido en el sector de los impositores debido a la aplicación de la nueva Ley de Cajas aprobada por el Gobierno regional. El sindicato está representado en Caja Madrid por varias vías: por los trabajadores, por las entidades representativas como primer sindicato de la región, y a través del sector de impositores (clientes).
El secretario general de Comisiones de Madrid, Javier López, explicó que los ayuntamientos se sienten dañados porque antes de la Ley Aguirre tenían 100 consejeros, procedentes de una parte proporcional de los 64 designados por la entidad fundadora y ahora esa cifra queda en 80. "Ven mermada notablemente su representación", indicó. Si el reparto de los 64 consejeros designados por la entidad fundadora se hubiese realizado de acuerdo a la normativa anterior, en lugar de 90, habría 112 representantes de los impositores en la Asamblea General.
Por el contrario, la Asamblea de Madrid, controlada por Aguirre mayoritariamente, pasa de tener 40 a 53 representantes, al tiempo que las entidades representativas (designadas directamente por el consejero de Economía) pasa de ser de 32 a 61.
López planteó que "está claro que el intento de la ley es garantizar para Aguirre un control mayoritario de la caja en detrimento fundamentalmente de ayuntamientos e impositores. Parece razonable, pese a nuestra voluntad general de que haya un acuerdo de todos, el recurso planteado por los ayuntamientos para exigir que si la Casa Real había decidido entregar esos 64 que le correspondían nombrar con los mismos criterios de reparto con que se venía actuando anteriormente a la publicación y a la aprobación de la ley, puede haber base legal como para que los recursos puedan salir adelante".
"Aunque la voluntad de UGT, CCOO, PSOE, PP, IU, etc, siempre ha sido alcanzar un acuerdo general sobre la caja, siempre le hemos dicho a Aguirre que si mantenía la ley en términos que hicieran que algún sector como los ayuntamientos o impositores se sintieran damnificados, no habríamos resuelto el problema", recordó López.
