El Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid ha llamado a declarar como imputado, el próximo 5 de julio, al consejero delegado del Santander y presidente de su filial para grandes fortunas, Alfredo Sáenz, por varios supuestos delitos cometidos en el fondo Banif Inmobiliario.
En una providencia, la juez Belén Sánchez ha citado para el mismo día al vicepresidente de Banif, Rodrigo Echenique, y a los responsables del producto, Matías Rodríguez Inciarte y Pedro Ruiz-Olivares, que se enfrentan también a una querella por delito de estafa, apropiación indebida, delito societario y delitos relativos al mercado, como el uso de información privilegiada.
La querella fue interpuesta por la Asociación para la Protección de Partícipes de Fondos de Inversión y de Pensiones y de los Accionistas de Fondos de Inversión (Activa) después de que el Santander congelara la devolución de ahorros del Banif Inmobiliario en febrero de 2009, lo que afectó a 43.971 inversores, que han tenido que esperar dos años para poder recuperar su dinero.
La querella fue admitida a trámite en marzo de 2010 ante los indicios de delito denunciados por Activa, que representa a cerca de 630 inversores, aunque en el último año las actuaciones han seguido marcadas por las dudas sobre si la competencia para investigar pertenece al Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid o a la Audiencia Nacional, como defiende la Fiscalía.
En un informe del pasado mes de febrero, el Ministerio Público sostuvo que el Banif Inmobiliario funcionaba como "un fondo especulativo", lo que podía constituir un presunto delito de fraude que habría provocado un "grave perjuicio patrimonial" a los inversores, con "una grave repercusión" en el tráfico mercantil que había de ser investigada por la Audiencia Nacional.
La Audiencia Nacional sí que ha resuelto una demanda de Activa, rechazando su petición de que se anulara la decisión que tomó en marzo de 2009 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la que se autorizaba la suspensión de los reembolsos del Banif Inmobiliario.
El informe de la Fiscalía también indicaba que el Santander proporcionó información privilegiada a un grupo de partícipes de Banif Inmobiliario para que salieran del producto antes de que fueran congelados los reembolsos, con efectos del 28 de febrero de 2009.
Estos hechos también fueron denunciados en la querella, presentada por los abogados Antonio Panea y Javier Sotos, que sostienen que a finales de 2008 el Santander facilitó la salida de "unos cuantos" partícipes, que tenían en sus manos el 16,90% del patrimonio, para luego proceder supuestamente a crear el pánico entre el resto de clientes, que llegaron a solicitar el reembolso de más del 80% del volumen gestionado por el fondo.
Los letrados, que han impulsado varias causas contra el Santander, piden que se declare la responsabilidad civil directa o subsidiaria del Banco Santander y de su banco privado, Banif.
El Santander Banif Inmobiliario decidió a principios de 2011 descongelar las inversiones de los clientes, que solicitaron la devolución de 2.325,9 millones de euros, el 93,01 por ciento del patrimonio del fondo, que ascendía en total a 2.500,72 millones de euros.
Esas devoluciones se han realizado con aportaciones del propio grupo financiero ante la imposibilidad de vender los activos del fondo debido a la crisis inmobiliaria.
La devolución de los ahorros llevó a la Plataforma de Afectados Santander Inmobiliario, uno de los querellantes, a retirarse del proceso penal abierto en el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid.
