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13 de diciembre de 2010, 10:26
nuevatribuna.es| L.M. |10.12.2010
Vuelve el conflicto a Caja Madrid. Apenas un año ha durado el pacto alcanzado por los sindicatos y la presidenta de la Comunidad de Madrid para pacificar la caja. A la hora de la verdad, la ‘lideresa’ vuelve a tensar la cuerda para –afirman- no dejar escapar la llave que da acceso a los fondos de la entidad. Si triunfan sus planes, hasta la obra social quedaría sometida a sus designios, afirman las organizaciones sindicales, que se aprestan a entablar una nueva batalla en su intento por frenar los planes de la ‘lideresa’ por hacerse con el control de la caja.
UGT y Comisiones Obreras acusaron hoy a Esperanza Aguirre de redactar una Ley de Cajas que “no despolitiza ni profesionaliza” Caja Madrid, la segunda caja de ahorros más importante del país. La remisión al Consejo Económico y Social (CES) del proyecto de ley que adapta la legislación regional a la normativa estatal ha abierto la caja de los truenos.
Los sindicatos rechaza el proyecto de ley de Aguirre ya que supone un nuevo intento de controlar la Caja por parte de Aguirre, según denuncian. En concreto, UGT y CCOO acusan a Aguirre de intentar marginar a las organizaciones sociales y a la Universidad de los órganos de gobierno de la entidad financiera. “Aguirre no respeta el acuerdo político y social que hace un año puso fin al conflicto en la Caja”, argumentan.
En el texto legal, los sindicatos mantienen que Aguirre se ha intentado reservar la potestad de nombrar a la mayoría de los consejeros al timón de la caja. Esta pretensión –puesta negro sobre blanco en el proyecto de ley- rompe el pacto firmado hace un año por la ‘lideresa’ y los sindicatos, que definía cómo debe gobernarse la entidad financiera. Por el contrario, Aguirre pretende que sea el consejero de Economía quien nombre a un 51 por ciento de los miembros que acceden a los órganos de gobierno de la caja procedentes de las llamadas entidades representantivas, un apartado que incluye a diferentes organizaciones sociales.
Según los sindicatos, Aguirre tampoco ha respectado la necesidad de que se establezca con “criterios objetivos” cuáles son las entidades que acceden a la cúpula de la caja, el denominado Consejo. Con esta maniobra, el Gobierno Aguirre pretende asegurarse que podrá designar -de forma “aleatoria”, según denuncian los sindicatos- qué entidades se colocan al timón de la caja. Por otro lado, Aguirre ha olvidado sus promesas de que ningún cargo político pueda pilotar el destino de la caja. Según los sindicatos, este compromiso no tendrá que cumplirse hasta el año 2012.
LOS EMPRESARIOS SÍ DECIDEN
La estrategia de Aguirre por retener el control de Caja Madrid –que le deparó un gran conflicto hace un año, entre otros, con su propio compañero de partido, Alberto Ruiz Gallardón- persiste en este proyecto de ley. Los sindicatos lamentan que “solamente las organizaciones empresariales” podrán figurar como organizaciones representativas si Aguirre logra sacar adelante la adaptación regional a la ley estatal. Así, mientras los empresarios estarán “sobre representados”, aseguran, los trabajadores y los consumidores quedarán sin voz, denuncian al referirse a las cuotas que el Gobierno de Madrid pretende destinar a los sectores de la producción y los servicios.
Pero los trabajadores y los consumidores no son los únicos que quedan fuera de los planes para la caja de la ‘lideresa’. La Universidad también quedará marginada, aseguran. “La Universidad no puede quedar fuera de Caja Madrid”, reiteran, tras acusar a la presidenta de intentar manipular la elección de representantes de la institución académica en favor de sus propios intereses.
OBRA SOCIAL AL SERVICIO DE AGUIRRE
Los sindicatos temen además que la obra social resultará afectada si triunfa el asalto el poder de Caja Madrid por parte de Aguirre. “El intervencionismo político de Aguirre contamina la obra social”, aseguran. “Los fines sociales de la caja quedarán sometidos a la política social del Ejecutivo autonómico”, advierten. Esto serviría, añaden, para tapar las numerosas “carencias” que sufre la política social del Gobierno presidido por la presidenta madrileña.
Para intentar frenar los planes de la ‘lideresa’, UGT y CCOO recurrirán al ministerio de Economía que dirige Elena Salgado. Los sindicatos pretenden enviar a la ministra un informe jurídico que denuncie los puntos oscuros del proyecto de ley del Ejecutivo regional. “La reforma introduce incertidumbre, inseguridad e inestabilidad”, aseguran. Y lo hace en el peor momento. En lugar de clarificar la gestión de la caja, Aguirre pretende orillar su promesa de profesionalizar la gestión de la caja. Justo cuando España atraviesa “un momento de máxima dificultad económica y financiera”, sentencian.
