nuevatribuna.es
20 de septiembre de 2010, 4:10
NUEVATRIBUNA.ES /L.M. - 17.09.2010
Cuando faltan poco más de 10 días para la huelga general, el Gobierno Aguirre negociaba hoy a dos bandas con los sindicatos. Por un lado, sobre los servicios mínimos obligatorios la próxima huelga general. Y, por otro, el recorte en el número de ‘liberados’ sindicales. A juzgar por lo visto hoy las prioridades han quedado claras. El consejero de Presidencia, Francisco Granados, -con competencias en ambas materias- decidió no acudir a la reunión sobre los servicios mínimos y, en su lugar, capitaneó la cita en torno a la forma de recortar derechos sindicales. En ninguno de estos asuntos hubo acuerdo.
El consejero de Presidencia, Francisco Granados, envió este viernes al director general del ramo, Miguel Ángel López González, a fijar los servicios mínimos durante la próxima huelga general del 29 de septiembre. Sin embargo, López permaneció poco tiempo en la sala donde se celebró la reunión. Según fuentes de UGT, el encuentro tuvo que interrumpirse cuando López abandonó la sala con destino a la sede de la consejería de Presidencia, en la calle Pontejos, donde le esperaba Granados y el asunto prioritario: el recorte de las horas sindicales pactadas.
La Comunidad de Madrid y los sindicatos decidieron hoy aplazar hasta enero cualquier decisión sobre el número de liberados en la Administración autonómica. Fuentes sindicales aseguran que existen “divergencias” sobre la cifra de liberados en plantilla. Para lo sindicatos “no era el momento de hablar de esto”, sino de propuestas que faciliten la creación de empleo. En este sentido, añaden estas fuentes, Granados se comprometió a negociar algunas medidas sobre empleo siempre que no tengan repercusión económica, afirman en dichas fuentes.
En cuanto a los servicios mínimos, el gobierno regional y los sindicatos han vuelto a chocar en las materias habituales. Los sindicatos defienden que la educación puede parar. Sin embargo, la Comunidad de Madrid quiere garantizar que el director del centro, el jefe de estudios y uno de los trabajadores del personal de estudios acudan al centro ese día. Esto garantizaría que los padres que no hacen huelga puedan dejar a sus hijos. Pero los sindicatos defienden que en los colegios sólo habrá trabajadores si estos deciden no ir a la huelga.
Otro punto de choque es la sanidad. El decreto de la Comunidad sostiene que se debe garantizar la asistencia sanitaria programada para ese día a algunos pacientes. Los sindicatos piensan que esa indefinición “no sirve” y optan por pasar lo programado del día 29 al 30. En caso contrario, el hospital tendría el día de la huelga un funcionamiento “ordinario” y piden definir qué patologías y qué servicios mínimos debe tener el hospital. En cuanto a los centros de salud, los sindicatos pretenden paralizarlos salvo los servicios urgentes.
“Esperanza Aguirre ya ha sido condenada por decretar servicios mínimos abusivos”, recuerda Juan Luis Martín, de UGT. Una sentencia del Supremo anuló hace unos años los servicios mínimos decretados por la Comunidad de Madrid en la huelga del 20 junio de 2002. Eso sí, lo hizo años después. La sentencia exige a la Administración fundamentar porqué un servicio tiene el carácter de esencial. Además impide que se designe automáticamente la cifra del 40 por ciento para cubrir los servicios mínimos; por el contrario, exige razonar qué cantidad de efectivos se debe utilizar.
Para Juan Luis Martín, secretario de políticas sectoriales de UGT calificó de “irresponsable” la actitud de Esperanza Aguirre y criticó el poco tiempo dedicado a fijar los servicios mínimos, que deben estar listos antes del 23 de septiembre. En su opinión, la presidenta madrileña muestra una “obsesión patológica por recortar derechos de los trabajadores, como el número de delegados sindicales”
Cuando faltan poco más de 10 días para la huelga general, el Gobierno Aguirre negociaba hoy a dos bandas con los sindicatos. Por un lado, sobre los servicios mínimos obligatorios la próxima huelga general. Y, por otro, el recorte en el número de ‘liberados’ sindicales. A juzgar por lo visto hoy las prioridades han quedado claras. El consejero de Presidencia, Francisco Granados, -con competencias en ambas materias- decidió no acudir a la reunión sobre los servicios mínimos y, en su lugar, capitaneó la cita en torno a la forma de recortar derechos sindicales. En ninguno de estos asuntos hubo acuerdo.
El consejero de Presidencia, Francisco Granados, envió este viernes al director general del ramo, Miguel Ángel López González, a fijar los servicios mínimos durante la próxima huelga general del 29 de septiembre. Sin embargo, López permaneció poco tiempo en la sala donde se celebró la reunión. Según fuentes de UGT, el encuentro tuvo que interrumpirse cuando López abandonó la sala con destino a la sede de la consejería de Presidencia, en la calle Pontejos, donde le esperaba Granados y el asunto prioritario: el recorte de las horas sindicales pactadas.
La Comunidad de Madrid y los sindicatos decidieron hoy aplazar hasta enero cualquier decisión sobre el número de liberados en la Administración autonómica. Fuentes sindicales aseguran que existen “divergencias” sobre la cifra de liberados en plantilla. Para lo sindicatos “no era el momento de hablar de esto”, sino de propuestas que faciliten la creación de empleo. En este sentido, añaden estas fuentes, Granados se comprometió a negociar algunas medidas sobre empleo siempre que no tengan repercusión económica, afirman en dichas fuentes.
En cuanto a los servicios mínimos, el gobierno regional y los sindicatos han vuelto a chocar en las materias habituales. Los sindicatos defienden que la educación puede parar. Sin embargo, la Comunidad de Madrid quiere garantizar que el director del centro, el jefe de estudios y uno de los trabajadores del personal de estudios acudan al centro ese día. Esto garantizaría que los padres que no hacen huelga puedan dejar a sus hijos. Pero los sindicatos defienden que en los colegios sólo habrá trabajadores si estos deciden no ir a la huelga.
Otro punto de choque es la sanidad. El decreto de la Comunidad sostiene que se debe garantizar la asistencia sanitaria programada para ese día a algunos pacientes. Los sindicatos piensan que esa indefinición “no sirve” y optan por pasar lo programado del día 29 al 30. En caso contrario, el hospital tendría el día de la huelga un funcionamiento “ordinario” y piden definir qué patologías y qué servicios mínimos debe tener el hospital. En cuanto a los centros de salud, los sindicatos pretenden paralizarlos salvo los servicios urgentes.
“Esperanza Aguirre ya ha sido condenada por decretar servicios mínimos abusivos”, recuerda Juan Luis Martín, de UGT. Una sentencia del Supremo anuló hace unos años los servicios mínimos decretados por la Comunidad de Madrid en la huelga del 20 junio de 2002. Eso sí, lo hizo años después. La sentencia exige a la Administración fundamentar porqué un servicio tiene el carácter de esencial. Además impide que se designe automáticamente la cifra del 40 por ciento para cubrir los servicios mínimos; por el contrario, exige razonar qué cantidad de efectivos se debe utilizar.
Para Juan Luis Martín, secretario de políticas sectoriales de UGT calificó de “irresponsable” la actitud de Esperanza Aguirre y criticó el poco tiempo dedicado a fijar los servicios mínimos, que deben estar listos antes del 23 de septiembre. En su opinión, la presidenta madrileña muestra una “obsesión patológica por recortar derechos de los trabajadores, como el número de delegados sindicales”
