nuevatribuna.es
24 de enero de 2010, 10:58
NUEVATRIBUNA.ES - 21.01.2010
Unas 200 personas participaron en la primera asamblea extraordinaria de la Plataforma de Afectados por Santander Inmobiliario, PASI, celebrada el jueves en Barcelona y en la que los partícipes acordaron nuevas acciones para protestar contra el cierre del mayor fondo de inversión de su categoría, hasta su cierre hace poco menos de año.
La asociación tiene previsto presentar una reclamación ante el Defensor del Pueblo y califica la situación de los partícipes como de “indefensión”, según declaró a nuevatribuna.es un portavoz, José María Delgado.
Por otro lado, la asociación ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que les envíe los resultados de la tasación extraordinaria solicitada por el Santander a finales de 2008, después de la retirada de un 17 por ciento del capital del fondo, cerca de 650 millones de euros.
Delgado trasladó sus sospechas sobre unas “tasaciones que fueron subiendo y subiendo hasta el momento en que Santander encargó la tasación extraordinaria”, algo que, en su opinión, “huele pero que muy mal”. Posteriormente, Santander solicitó el cierre del fondo, al no poder atender la petición masiva de reembolsos. Los partícipes también critican la celeridad con que CNMV concedió la autorización al banco para cerrar el fondo y que ha congelado los ahorros de más de 40.000 personas.
Según Delgado, el banco vendió “un producto” diseñado “para beneficio del banco y desgracia del partícipe” cuyos gastos de gestión y comisiones “se comían todos los beneficios” ingresados en concepto de “alquileres y ventas”, como su juicio demuestran los “demoledores” datos auditados.
La asociación mantiene desde hace meses una campaña de concentraciones a las puertas del Banco de Santander en Barcelona, Madrid y Zaragoza, que ahora planea extender a Canarias. Según Delgado, el promedio de edad de los inversores afectados se aproxima a los 70 años. Los partícipes desconfían de la transparencia del Banco en el proceso de venta del patrimonio del fondo. Por ello han solicitado judicialmente que se abra un concurso de acreedores y que sea un interventor judicial quien se haga con la administración del fondo.
Unas 200 personas participaron en la primera asamblea extraordinaria de la Plataforma de Afectados por Santander Inmobiliario, PASI, celebrada el jueves en Barcelona y en la que los partícipes acordaron nuevas acciones para protestar contra el cierre del mayor fondo de inversión de su categoría, hasta su cierre hace poco menos de año.
La asociación tiene previsto presentar una reclamación ante el Defensor del Pueblo y califica la situación de los partícipes como de “indefensión”, según declaró a nuevatribuna.es un portavoz, José María Delgado.
Por otro lado, la asociación ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que les envíe los resultados de la tasación extraordinaria solicitada por el Santander a finales de 2008, después de la retirada de un 17 por ciento del capital del fondo, cerca de 650 millones de euros.
Delgado trasladó sus sospechas sobre unas “tasaciones que fueron subiendo y subiendo hasta el momento en que Santander encargó la tasación extraordinaria”, algo que, en su opinión, “huele pero que muy mal”. Posteriormente, Santander solicitó el cierre del fondo, al no poder atender la petición masiva de reembolsos. Los partícipes también critican la celeridad con que CNMV concedió la autorización al banco para cerrar el fondo y que ha congelado los ahorros de más de 40.000 personas.
Según Delgado, el banco vendió “un producto” diseñado “para beneficio del banco y desgracia del partícipe” cuyos gastos de gestión y comisiones “se comían todos los beneficios” ingresados en concepto de “alquileres y ventas”, como su juicio demuestran los “demoledores” datos auditados.
La asociación mantiene desde hace meses una campaña de concentraciones a las puertas del Banco de Santander en Barcelona, Madrid y Zaragoza, que ahora planea extender a Canarias. Según Delgado, el promedio de edad de los inversores afectados se aproxima a los 70 años. Los partícipes desconfían de la transparencia del Banco en el proceso de venta del patrimonio del fondo. Por ello han solicitado judicialmente que se abra un concurso de acreedores y que sea un interventor judicial quien se haga con la administración del fondo.
