nuevatribuna.es
18 de agosto de 2010, 10:37
NUEVATRIBUNA.ES - 17.08.2010
David Taguas, ex asesor de Zapatero y presidente de la patronal de grandes constructoras (Seopan), pidió hoy martes al Gobierno un plan extraordinario de infraestructuras que ayude a eludir la situación “bastante delicada” que vive el sector, después del recorte de inversiones aprobado por el Ejecutivo en su lucha contra el déficit. Según Taguas, el plan –presentado en abril- aportaría importantes beneficios al Estado y evitaría nuevas pérdidas de empleo, que se sumen a las ya previstas.
En opinión de Taguas, la mejor solución "para todos" es que las infraestructuras reciban capital privado para su financiación, tal y como prevé el PEI presentado por el Ejecutivo en abril, antes de que el Gobierno se viera obligado a reducir la inversión en 6.400 millones de euros. "Las infraestructuras tienen un retorno fiscal muy importante: de cada cien euros que uno gasta en infraestructuras, retornan a la Hacienda Pública 59 euros”, afirmó. “No sólo no hay que gastar dinero, sino que se producirán ingresos para las administraciones públicas de un gasto que puede financiar el sector privado", explicó.
Aunque en primavera y principios de verano fue "imposible" lanzar el PEI por la situación de los mercados financieros, el presidente de Seopan opinó que, ahora que las cosas "han mejorado", es el momento de poner en marcha este plan.
Taguas no ocultó que el sector de la construcción vive un momento "bastante delicado". Antes de enfrentarse a la caída de la demanda de obra civil, el sector estaba "sobredimensionado", explicó, como consecuencia de la fuerte demanda pública y la estructura del Estado, y con márgenes de beneficios reducidos.
“El ajuste actual -por valor de 6.500 millones de euros- es adicional, y va a suponer la destrucción de 72.000 empleos a corto plazo, y a medio plazo, a dos años y medio, la destrucción se incrementará hasta 160.000 puestos de trabajo", advirtió el presidente de la patronal de grandes constructoras.
Taguas saludó las declaraciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en las que afirmaba que, en la medida de lo posible y siempre que el Presupuesto lo permita, trataría de que algunas obras no fueran rescindidas o de que su reprogramación en plazos no fuera tan larga. "Es muy relevante que esas nuevas asignaciones presupuestarias permitan mantener las obras activas", subrayó.
REUNIÓN CON LAS CONSTRUCTORAS
Preguntado por el aplazamiento de la reunión que este martes iba a mantener Zapatero con los presidentes de grandes constructoras como ACS, Ferrovial o Acciona, Taguas dijo no tener constancia de que estuviera convocado tal encuentro, al que, por otra parte, no había sido llamado. "Es posible que fuera una reunión más de carácter privado y quizá por problemas de agenda se ha aplazado o suspendido, no lo sé, no me consta", explicó.
Los presidentes de las grandes constructoras expresaron ayer lunes su "total disposición" a reunirse con Zapatero para analizar el recorte aplicado en la obra pública, el día que se les proponga desde el Palacio de la Moncloa, según informaron en fuentes empresariales.
Las compañías recibieron hoy un aviso de Presidencia del Gobierno indicándoles que la reunión que tenían previsto celebrar el próximo miércoles, día 18, quedaba aplazada "sine díe" por motivos de agenda.
Las empresas consultadas dejaron claro que el aplazamiento del encuentro no ha sido a propuesta de las compañías, que difícilmente pueden alegar "motivos de agenda" o el disfrute de unos días de vacaciones por parte de alguno de sus máximos ejecutivos como razones de peso para justificar el rechazo a mantener una reunión con el presidente del Gobierno, y máxime ante las dificultades que afronta el sector derivadas de la crisis económica, del recorte de la inversión en 6.400 millones en 2010 y 2011 y de la crítica situación de los ayuntamientos.
"Las compañías llevamos una semana preparando la reunión", subrayaron las mismas fuentes que, no obstante, no quisieron entrar en la polémica de a quiénn hay que imputarle la responsabilidad por el aplazamiento del encuentro, que en un principio tenía carácter 'privado'.
En cualquier caso, alabaron la iniciativa de celebrar un cara a cara con Zapatero y consideraron que puede ser una opción muy buena para analizar y proponer posibles fórmulas para minimizar el impacto que puede tener en su balance el ajuste inversor en infraestructuras.
Los empresarios que estaban convocados al encuentro del miércoles eran el presidente de ACS, Florentino Pérez; el de Acciona, José Manuel Entrecanales; el de Ferrovial, Rafael del Pino; el de FCC, Baldomero Falcones, el de Sacyr, Luis del Rivero, y el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir.
Fuentes empresariales indicaron que las compañías pretenden solicitar al presidente del Ejecutivo que se introduzcan criterios de flexibilidad en el recorte inversor de 6.400 millones dictado por Fomento, porque estiman que las suspensiones de proyectos provocarán un "daño tremendo" al sector, dejándole inerme ante una medida de este calado en un contexto de crisis económica y dificultad de acceso al mercado crediticio.
En este sentido, propondrán que se busquen fórmulas específicas por proyectos, así como la ralentización de los que tengan menor efecto dinamizador de la economía, permitiendo a la vez a las empresas constructoras laminar los pagos. También pedirán que se dé una solución a las autovías de primera generación.
Las empresas expondrán a Zapatero las dificultades que acarreará a sus filiales de servicios urbanos el decreto que impide a los ayuntamientos endeudarse en 2011.
David Taguas, ex asesor de Zapatero y presidente de la patronal de grandes constructoras (Seopan), pidió hoy martes al Gobierno un plan extraordinario de infraestructuras que ayude a eludir la situación “bastante delicada” que vive el sector, después del recorte de inversiones aprobado por el Ejecutivo en su lucha contra el déficit. Según Taguas, el plan –presentado en abril- aportaría importantes beneficios al Estado y evitaría nuevas pérdidas de empleo, que se sumen a las ya previstas.
En opinión de Taguas, la mejor solución "para todos" es que las infraestructuras reciban capital privado para su financiación, tal y como prevé el PEI presentado por el Ejecutivo en abril, antes de que el Gobierno se viera obligado a reducir la inversión en 6.400 millones de euros. "Las infraestructuras tienen un retorno fiscal muy importante: de cada cien euros que uno gasta en infraestructuras, retornan a la Hacienda Pública 59 euros”, afirmó. “No sólo no hay que gastar dinero, sino que se producirán ingresos para las administraciones públicas de un gasto que puede financiar el sector privado", explicó.
Aunque en primavera y principios de verano fue "imposible" lanzar el PEI por la situación de los mercados financieros, el presidente de Seopan opinó que, ahora que las cosas "han mejorado", es el momento de poner en marcha este plan.
Taguas no ocultó que el sector de la construcción vive un momento "bastante delicado". Antes de enfrentarse a la caída de la demanda de obra civil, el sector estaba "sobredimensionado", explicó, como consecuencia de la fuerte demanda pública y la estructura del Estado, y con márgenes de beneficios reducidos.
“El ajuste actual -por valor de 6.500 millones de euros- es adicional, y va a suponer la destrucción de 72.000 empleos a corto plazo, y a medio plazo, a dos años y medio, la destrucción se incrementará hasta 160.000 puestos de trabajo", advirtió el presidente de la patronal de grandes constructoras.
Taguas saludó las declaraciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en las que afirmaba que, en la medida de lo posible y siempre que el Presupuesto lo permita, trataría de que algunas obras no fueran rescindidas o de que su reprogramación en plazos no fuera tan larga. "Es muy relevante que esas nuevas asignaciones presupuestarias permitan mantener las obras activas", subrayó.
REUNIÓN CON LAS CONSTRUCTORAS
Preguntado por el aplazamiento de la reunión que este martes iba a mantener Zapatero con los presidentes de grandes constructoras como ACS, Ferrovial o Acciona, Taguas dijo no tener constancia de que estuviera convocado tal encuentro, al que, por otra parte, no había sido llamado. "Es posible que fuera una reunión más de carácter privado y quizá por problemas de agenda se ha aplazado o suspendido, no lo sé, no me consta", explicó.
Los presidentes de las grandes constructoras expresaron ayer lunes su "total disposición" a reunirse con Zapatero para analizar el recorte aplicado en la obra pública, el día que se les proponga desde el Palacio de la Moncloa, según informaron en fuentes empresariales.
Las compañías recibieron hoy un aviso de Presidencia del Gobierno indicándoles que la reunión que tenían previsto celebrar el próximo miércoles, día 18, quedaba aplazada "sine díe" por motivos de agenda.
Las empresas consultadas dejaron claro que el aplazamiento del encuentro no ha sido a propuesta de las compañías, que difícilmente pueden alegar "motivos de agenda" o el disfrute de unos días de vacaciones por parte de alguno de sus máximos ejecutivos como razones de peso para justificar el rechazo a mantener una reunión con el presidente del Gobierno, y máxime ante las dificultades que afronta el sector derivadas de la crisis económica, del recorte de la inversión en 6.400 millones en 2010 y 2011 y de la crítica situación de los ayuntamientos.
"Las compañías llevamos una semana preparando la reunión", subrayaron las mismas fuentes que, no obstante, no quisieron entrar en la polémica de a quiénn hay que imputarle la responsabilidad por el aplazamiento del encuentro, que en un principio tenía carácter 'privado'.
En cualquier caso, alabaron la iniciativa de celebrar un cara a cara con Zapatero y consideraron que puede ser una opción muy buena para analizar y proponer posibles fórmulas para minimizar el impacto que puede tener en su balance el ajuste inversor en infraestructuras.
Los empresarios que estaban convocados al encuentro del miércoles eran el presidente de ACS, Florentino Pérez; el de Acciona, José Manuel Entrecanales; el de Ferrovial, Rafael del Pino; el de FCC, Baldomero Falcones, el de Sacyr, Luis del Rivero, y el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir.
Fuentes empresariales indicaron que las compañías pretenden solicitar al presidente del Ejecutivo que se introduzcan criterios de flexibilidad en el recorte inversor de 6.400 millones dictado por Fomento, porque estiman que las suspensiones de proyectos provocarán un "daño tremendo" al sector, dejándole inerme ante una medida de este calado en un contexto de crisis económica y dificultad de acceso al mercado crediticio.
En este sentido, propondrán que se busquen fórmulas específicas por proyectos, así como la ralentización de los que tengan menor efecto dinamizador de la economía, permitiendo a la vez a las empresas constructoras laminar los pagos. También pedirán que se dé una solución a las autovías de primera generación.
Las empresas expondrán a Zapatero las dificultades que acarreará a sus filiales de servicios urbanos el decreto que impide a los ayuntamientos endeudarse en 2011.
