Miércoles 19.06.2019

¿Por qué Gibraltar no dejará de ser un paraíso fiscal para España?

Este pequeño enclave geográfico situado en el sur de la península es conocido no sólo por la polémica de su pertenencia a Reino Unido, sino también por tener más empresas domiciliadas que habitantes. Esto es así, en gran medida, por la facilidad que da el Peñón a todas las compañías para establecerse, pero el problema estriba cuando estas operaciones suponen un grave perjuicio para las arcas públicas españolas y, en definitiva, para todos nosotros, los contribuyentes.

De hecho, muchas sociedades fijan su sede en Gibraltar por su escasa o nula fiscalidad, con el objetivo de eludir el pago de impuestos en nuestro país. Por citar los ejemplos más destacados, este territorio inglés de ultramar es un enclave sin IVA, sin impuestos sobre las gasolinas, el tabaco, el patrimonio y las ganancias de capital.

Hasta ahora, todos los intentos del Gobierno español para firmar un acuerdo de intercambio de información fiscal con la colonia británica han caído en saco roto porque España se niega a aceptar la soberanía del Peñón, mientras Reino Unido se mantiene al margen de las negociaciones. Sin embargo, Gibraltar sí ha firmado este protocolo con decenas de estados, que, al menos en teoría, podrían recibir información sobre los movimientos que se llevan a cabo en el enclave.

Esta falta de cooperación entre las autoridades de ambos territorios no sólo supone una fuga de capitales procedentes de España, sino también un refugio del dinero negro procedente de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, tal y como se evidenció con la Operación Ballena Blanca en 2005. Además, según el informe de 2009 de Tax Justice Network, Gibraltar está “muy lejos” de ofrecer transparencia financiera, manteniendo la opacidad en un 92% de los casos.

Esta falta de transparencia que tanto criticamos los Técnicos del Ministerio de Hacienda hace muy difícil el trabajo de las fuerzas de seguridad, y para demostrarlo basta con sólo un dato: más del 30% de las comisiones rogatorias que España presenta en el Peñón con indicios de criminalidad caen en saco roto y nunca obtienen respuesta, según fuentes policiales.

A pesar de que estas prácticas de elusión están extendidas, creemos que tanto el Ejecutivo español como organismos internacionales deberían dar un paso al frente y modificar las normas para impedir que compañías y personas físicas recurran a estas prácticas muy poco edificantes para el resto de ciudadanos que cumplimos con nuestras, cada vez más, obligaciones con el Fisco.

Contesta Carlos Cruzado

Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)

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