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11 de junio de 2010, 8:05
NUEVATRIBUNA.ES - 10.6.2010
"El maximalismo de la patronal ha impedido el acuerdo", dicen CCOO y UGT. "Los sindicatos no han sabido o no han querido ver la realidad", ha dicho Gerardo Díaz Ferrán. Las posturas de unos y otros siguen tan alejadas como hace meses. Sólo coinciden en el diagnóstico de lo que les separa y que ha conducido al fracaso del diálogo.
El presidente de la CEOE ha explicado en declaraciones a Onda Cero que los escollos han sido tanto las causas del despido como los costes. Como "problemas medulares" de esta negociación lo ha definido el responsable de Comunicación de CC.OO., Fernando Lezcano, que avanza que el texto final de la reforma que prepara el Gobierno "bascula más hacia las posiciones empresariales" que hacia los sindicales. Y si ese documento es "lesivo" para los derechos de los trabajadores, los sindicatos irán a la huelga, tal y como llevan semanas anunciando.
Queda claro que la patronal no ha querido apearse de su exigencia de que se abarate el despido, es decir, que pase de las indemnizaciones de 45 días por año trabajado que actualmente se pagan en los despidos 'exprés' a los 20 días. "En España sólo funcionan los 45 días, no los 33 ni los 20, y es carísimo comparado con el resto de Europa", ha dicho esta mañana Díaz Ferrán, para quien la normativa no es la adecuada y necesita modificarse. Como ejemplo, ha recordado que el 80% de los despidos que se produjeron en 2009 fueron improcedentes, con indemnizaciones de 45 días o más, y muy pocos fueron de 20 días. Para el presidente de la patronal, que ha tenido vender Marsans tras acumular una gran deuda, el principal objetivo de una reforma laboral en España debe ser el de hacer cambios "profundos y globales" para poder crear empleo y no destruirlo en momentos bajos del ciclo económico, como ha ocurrido durante la crisis.
Para los sindicatos, es inaceptable que se pretendan generalizar los despidos más baratos. No obstante, Lezcano ha asegurado que de la mesa de negociación "no se ha levantado nadie" porque Gobierno, empresarios y sindicatos tenían la misma vocación, la de llegar a acuerdos. Ahora bien, cuando la negociación llegó a un punto "en el que era obvio que no se iba ni para delante ni para detrás, dilatarlo más no iba a ayudar". El secretario general de UGT, Cándido Méndez, cansado tras casi once horas de maratoniana reunión, explicaba al abandonar el ministerio de Trabajo, en torno a las seis de la mañana, cual será el próximo paso: "La fase siguiente es que el Gobierno nos va a remitir lo que se supone que es el texto definitivo. Nos lo remitirá el viernes a última hora de la mañana, lo analizaremos y vendremos a una reunión a partir de las seis de la tarde y en esa reunión daremos nuestra visión sobre el texto definitivo".
Paralelamente, el Gobierno tiene que iniciar los contactos con los grupos parlamentarios para asegurarse el respaldo al 'decretazo' y no tener que pasar de nuevo por la foto de la soledad que se produjo durante la votación del 'tijeretazo'. De momento, parece que cuenta con el respaldo de CiU, aunque su secretario general, Josep Antoni Duran i Lleida, no quiere adelantar acontecimientos antes de que se haya elaborado el decreto y ha negado que su formación ya esté más cerca del sí que del no. Duran no ha dejado pasar la oportunidad de criticar la "incapacidad" del Gobierno socialista para liderar la reforma laboral y constatar que ahora "no le queda otro remedio que coger el toro por los cuernos".
Claro que para críticas, las más feroces son, una vez más, las que proceden del PP. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, considera que la incapacidad del Gobierno para lograr un acuerdo entre los agentes sociales sobre la reforma laboral supone un "nuevo revés al liderazgo" del jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, al que exige una propuesta "sensata" para poner fin a la dualidad del mercado de trabajo y que sea consensuada con el primer partido de la oposición. Es más, se ha referido a los pactos que en materia laboral selló el Gobierno de José María Aznar en 1997 para ensalzar la capacidad de negociación de "otros que supuestamente no tenían el talante de Zapatero". Lo que no ha mencionado en ningún momento es la huelga general a la que tuvo que enfrentarse Aznar en 2002 cuando pretendió suprimir derechos laborales y recortar las prestaciones por desempleo.
Sáenz de Santamaría ha vuelto a denunciar que el Ejecutivo no se haya puesto en contacto con el PP para anticiparle qué va a plantear en el decreto ley sobre la reforma laboral que aprobará el próximo 16 de junio. De momento, el responsable de Economía 'popular', Cristóbal Montoro, sólo ha recibido una llamada del Gobierno, la que ayer le hizo el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, para garantizarle que su partido será informado de los planes del Ejecutivo. A la petición de los 'populares' se suma el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, para quien "urge que el Gobierno ponga ya en circulación su propuesta, que todavía desconocemos, para que los grupos podamos fijar también la nuestra. Es a él a quien corresponde marcar las pautas y asumir la responsabilidad de suplantar lo que no ha podido resultar del dialogo social".
El diputado de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha repartido culpas al lamentar "la voracidad sin límites" de la patronal y la "pasividad" del Gobierno. En su opinión, la patronal sólo quiere salir "más rica" de la crisis y además "empobrecer" a los trabajadores, mientras el Ejecutivo no hace nada para evitarlo. Una crítica a la que responde la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, asegurando que Zapatero no renuncia a su modelo social y tampoco al diálogo entre los agentes socioeconómicos.
"El maximalismo de la patronal ha impedido el acuerdo", dicen CCOO y UGT. "Los sindicatos no han sabido o no han querido ver la realidad", ha dicho Gerardo Díaz Ferrán. Las posturas de unos y otros siguen tan alejadas como hace meses. Sólo coinciden en el diagnóstico de lo que les separa y que ha conducido al fracaso del diálogo.
El presidente de la CEOE ha explicado en declaraciones a Onda Cero que los escollos han sido tanto las causas del despido como los costes. Como "problemas medulares" de esta negociación lo ha definido el responsable de Comunicación de CC.OO., Fernando Lezcano, que avanza que el texto final de la reforma que prepara el Gobierno "bascula más hacia las posiciones empresariales" que hacia los sindicales. Y si ese documento es "lesivo" para los derechos de los trabajadores, los sindicatos irán a la huelga, tal y como llevan semanas anunciando.
Queda claro que la patronal no ha querido apearse de su exigencia de que se abarate el despido, es decir, que pase de las indemnizaciones de 45 días por año trabajado que actualmente se pagan en los despidos 'exprés' a los 20 días. "En España sólo funcionan los 45 días, no los 33 ni los 20, y es carísimo comparado con el resto de Europa", ha dicho esta mañana Díaz Ferrán, para quien la normativa no es la adecuada y necesita modificarse. Como ejemplo, ha recordado que el 80% de los despidos que se produjeron en 2009 fueron improcedentes, con indemnizaciones de 45 días o más, y muy pocos fueron de 20 días. Para el presidente de la patronal, que ha tenido vender Marsans tras acumular una gran deuda, el principal objetivo de una reforma laboral en España debe ser el de hacer cambios "profundos y globales" para poder crear empleo y no destruirlo en momentos bajos del ciclo económico, como ha ocurrido durante la crisis.
Para los sindicatos, es inaceptable que se pretendan generalizar los despidos más baratos. No obstante, Lezcano ha asegurado que de la mesa de negociación "no se ha levantado nadie" porque Gobierno, empresarios y sindicatos tenían la misma vocación, la de llegar a acuerdos. Ahora bien, cuando la negociación llegó a un punto "en el que era obvio que no se iba ni para delante ni para detrás, dilatarlo más no iba a ayudar". El secretario general de UGT, Cándido Méndez, cansado tras casi once horas de maratoniana reunión, explicaba al abandonar el ministerio de Trabajo, en torno a las seis de la mañana, cual será el próximo paso: "La fase siguiente es que el Gobierno nos va a remitir lo que se supone que es el texto definitivo. Nos lo remitirá el viernes a última hora de la mañana, lo analizaremos y vendremos a una reunión a partir de las seis de la tarde y en esa reunión daremos nuestra visión sobre el texto definitivo".
Paralelamente, el Gobierno tiene que iniciar los contactos con los grupos parlamentarios para asegurarse el respaldo al 'decretazo' y no tener que pasar de nuevo por la foto de la soledad que se produjo durante la votación del 'tijeretazo'. De momento, parece que cuenta con el respaldo de CiU, aunque su secretario general, Josep Antoni Duran i Lleida, no quiere adelantar acontecimientos antes de que se haya elaborado el decreto y ha negado que su formación ya esté más cerca del sí que del no. Duran no ha dejado pasar la oportunidad de criticar la "incapacidad" del Gobierno socialista para liderar la reforma laboral y constatar que ahora "no le queda otro remedio que coger el toro por los cuernos".
Claro que para críticas, las más feroces son, una vez más, las que proceden del PP. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, considera que la incapacidad del Gobierno para lograr un acuerdo entre los agentes sociales sobre la reforma laboral supone un "nuevo revés al liderazgo" del jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, al que exige una propuesta "sensata" para poner fin a la dualidad del mercado de trabajo y que sea consensuada con el primer partido de la oposición. Es más, se ha referido a los pactos que en materia laboral selló el Gobierno de José María Aznar en 1997 para ensalzar la capacidad de negociación de "otros que supuestamente no tenían el talante de Zapatero". Lo que no ha mencionado en ningún momento es la huelga general a la que tuvo que enfrentarse Aznar en 2002 cuando pretendió suprimir derechos laborales y recortar las prestaciones por desempleo.
Sáenz de Santamaría ha vuelto a denunciar que el Ejecutivo no se haya puesto en contacto con el PP para anticiparle qué va a plantear en el decreto ley sobre la reforma laboral que aprobará el próximo 16 de junio. De momento, el responsable de Economía 'popular', Cristóbal Montoro, sólo ha recibido una llamada del Gobierno, la que ayer le hizo el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, para garantizarle que su partido será informado de los planes del Ejecutivo. A la petición de los 'populares' se suma el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, para quien "urge que el Gobierno ponga ya en circulación su propuesta, que todavía desconocemos, para que los grupos podamos fijar también la nuestra. Es a él a quien corresponde marcar las pautas y asumir la responsabilidad de suplantar lo que no ha podido resultar del dialogo social".
El diputado de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha repartido culpas al lamentar "la voracidad sin límites" de la patronal y la "pasividad" del Gobierno. En su opinión, la patronal sólo quiere salir "más rica" de la crisis y además "empobrecer" a los trabajadores, mientras el Ejecutivo no hace nada para evitarlo. Una crítica a la que responde la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, asegurando que Zapatero no renuncia a su modelo social y tampoco al diálogo entre los agentes socioeconómicos.
