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12 de mayo de 2010, 4:59
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 10.5.2010
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, se ha mostrado "muy preocupado" por el recorte adicional de déficit anunciado por el Gobierno, que prevé ahorrar 15.000 millones adicionales en dos años, sobre todo por dónde se producirá el "tijeretazo". "Me parecería muy negativo que el Gobierno diera un tijeretazo en capítulos de carácter social", ha dicho Méndez en declaraciones a los medios en la sede de UGT, para después lanzar una nueva advertencia al presidente del Ejecutivo: "Sería un incumplimiento del compromiso político del Gobierno".
Asimismo, el líder ugestista ha recordado el acuerdo trianual hasta 2012 para garantizar el poder adquisitivo de los funcionarios, dado que ya saltó la polémica en el mes de febrero, cuando el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, dijo que el acuerdo salarial estaba "sobre la mesa" para garantizar la reducción en un 4% del gasto del personal contemplada en el plan de austeridad.
Sobre la reforma laboral, Méndez ha replicado al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho --quien aseguró que hay un "99% de acuerdo" en varias materias-, que no está "en condiciones" de predecir ningún tipo de desenlace. Eso sí, el secretario general de UGT ha reiterado que los sindicatos y la patronal tratan de "manera intensa" de cristalizar un "punto de entendimiento". "Estamos trabajando con mucha intensidad, de manera discreta, con una voluntad común", ha señalado para concluir: "Lo que sí sabemos es que el desenlace que sea (con o sin acuerdo) tiene que producirse antes de que acabe mayo".
Por su parte, el titular de Trabajo e Inmigración ha afirmado este lunes que "en principio" el recorte adicional del déficit en 2010 y 2011 anunciado por el Gobierno no perjudicará a las políticas sociales, pero que, en todo caso, habrá que esperar a que en los próximos días la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, acabe de concretar el reparto de dicha reducción. "De momento es prematuro avanzar ninguna decisión en ninguna dirección", ha asegurado Corbacho en declaraciones a los periodistas tras participar en unas jornadas sobre empleo y discapacidad organizadas por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados.
La vicepresidenta económica del Gobierno presentó ayer durante la reunión extraordinaria de ministros de Economía de la Unión Europea un recorte adicional del déficit público del 0,5 por ciento para este año, equivalente a 5.000 millones de euros, y del 1 por ciento para 2011 (10.000 millones de euros). Corbacho ha advertido de que será Salgado quien tenga la última palabra sobre cómo se concretará presupuestariamente dicha reducción, si bien "defenderá" las políticas bajo su competencia en un "marco de acción solidaria" del Gobierno.
También ha hablado la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, quien ha afirmado que "en principio" el recorte no frenará la aplicación de la Ley de Dependencia, medida que "exigiría una reforma legal y afectaría a personas en situación vulnerabilidad". La ministra ha admitido que se podrían recortar partidas económicas destinadas a esta norma, pero que se garantizará que las personas dependientes están atendidas. "Vamos a mirar en qué ámbitos podemos contribuir a ese objetivo de reducción del déficit sin que afecte a la prestación efectiva de los servicios y de los derechos ya aprobados", ha afirmado.
Jiménez ha indicado que su departamento puede hacer un "esfuerzo" en materia de dependencia, pero que el resto de políticas sociales están transferidas a las comunidades autónomas, algo que también ocurre con la política sanitaria, a excepción del gasto farmacéutico, que se ha rebajado en 1.500 millones de euros. "Hemos hecho una contribución positiva dentro del gasto público sanitario", ha añadido. Y ha recordado que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "siempre" ha dicho que habrá que hacer "sacrificios" pero que "las políticas sociales básicas, aquellas que afectan a la prestación de derechos básicos, deben mantenerse para que no afecten a las personas en situación de mayor vulnerabilidad".
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, se ha mostrado "muy preocupado" por el recorte adicional de déficit anunciado por el Gobierno, que prevé ahorrar 15.000 millones adicionales en dos años, sobre todo por dónde se producirá el "tijeretazo". "Me parecería muy negativo que el Gobierno diera un tijeretazo en capítulos de carácter social", ha dicho Méndez en declaraciones a los medios en la sede de UGT, para después lanzar una nueva advertencia al presidente del Ejecutivo: "Sería un incumplimiento del compromiso político del Gobierno".
Asimismo, el líder ugestista ha recordado el acuerdo trianual hasta 2012 para garantizar el poder adquisitivo de los funcionarios, dado que ya saltó la polémica en el mes de febrero, cuando el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, dijo que el acuerdo salarial estaba "sobre la mesa" para garantizar la reducción en un 4% del gasto del personal contemplada en el plan de austeridad.
Sobre la reforma laboral, Méndez ha replicado al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho --quien aseguró que hay un "99% de acuerdo" en varias materias-, que no está "en condiciones" de predecir ningún tipo de desenlace. Eso sí, el secretario general de UGT ha reiterado que los sindicatos y la patronal tratan de "manera intensa" de cristalizar un "punto de entendimiento". "Estamos trabajando con mucha intensidad, de manera discreta, con una voluntad común", ha señalado para concluir: "Lo que sí sabemos es que el desenlace que sea (con o sin acuerdo) tiene que producirse antes de que acabe mayo".
Por su parte, el titular de Trabajo e Inmigración ha afirmado este lunes que "en principio" el recorte adicional del déficit en 2010 y 2011 anunciado por el Gobierno no perjudicará a las políticas sociales, pero que, en todo caso, habrá que esperar a que en los próximos días la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, acabe de concretar el reparto de dicha reducción. "De momento es prematuro avanzar ninguna decisión en ninguna dirección", ha asegurado Corbacho en declaraciones a los periodistas tras participar en unas jornadas sobre empleo y discapacidad organizadas por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados.
La vicepresidenta económica del Gobierno presentó ayer durante la reunión extraordinaria de ministros de Economía de la Unión Europea un recorte adicional del déficit público del 0,5 por ciento para este año, equivalente a 5.000 millones de euros, y del 1 por ciento para 2011 (10.000 millones de euros). Corbacho ha advertido de que será Salgado quien tenga la última palabra sobre cómo se concretará presupuestariamente dicha reducción, si bien "defenderá" las políticas bajo su competencia en un "marco de acción solidaria" del Gobierno.
También ha hablado la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, quien ha afirmado que "en principio" el recorte no frenará la aplicación de la Ley de Dependencia, medida que "exigiría una reforma legal y afectaría a personas en situación vulnerabilidad". La ministra ha admitido que se podrían recortar partidas económicas destinadas a esta norma, pero que se garantizará que las personas dependientes están atendidas. "Vamos a mirar en qué ámbitos podemos contribuir a ese objetivo de reducción del déficit sin que afecte a la prestación efectiva de los servicios y de los derechos ya aprobados", ha afirmado.
Jiménez ha indicado que su departamento puede hacer un "esfuerzo" en materia de dependencia, pero que el resto de políticas sociales están transferidas a las comunidades autónomas, algo que también ocurre con la política sanitaria, a excepción del gasto farmacéutico, que se ha rebajado en 1.500 millones de euros. "Hemos hecho una contribución positiva dentro del gasto público sanitario", ha añadido. Y ha recordado que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "siempre" ha dicho que habrá que hacer "sacrificios" pero que "las políticas sociales básicas, aquellas que afectan a la prestación de derechos básicos, deben mantenerse para que no afecten a las personas en situación de mayor vulnerabilidad".
