Cuantificar la economía sumergida es un reto muy complicado debido a que, por su propia naturaleza, se trata de un dinero que escapa a todo control. No obstante, este problema ha sido objeto de buen número de estudios y estimaciones desde mediados de los años noventa, tanto por parte de autores nacionales como de estudios externos, elaborando así comparativas frente a los países de nuestro entorno.
En general, existe un consenso entre los distintos informes que sitúan la economía sumergida española en un intervalo del 20% al 25% de su PIB, por lo que a nivel europeo ocupa siempre los puestos más elevados, junto a Grecia e Italia. Lejos quedan, pues, países como Reino Unido, Austria o Suiza, con porcentajes que ni siquiera alcanzan los dos dígitos.
A modo de ejemplo, nuestros estudios sitúan la economía sumergida en el 23,3% del PIB, un nivel muy similar al del profesor Schneider. También es reseñable la estimación de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), que cifra en un 21,5% el fraude en el período de 2005 a 2008.
Sin embargo, no sólo es importante conocer el volumen concreto de la economía sumergida dentro de este margen, sino analizar su tendencia y evolución temporal para comprobar que realmente la cifra disminuye; es decir, que se está haciendo lo correcto en la lucha contra el fraude.
En este sentido, los Técnicos de Hacienda consideramos necesaria la elaboración periódica de evaluaciones oficiales a cargo de expertos independientes, desagregando entre el tipo de fraude (fiscal o laboral), nivel territorial (nacional, autonómico y provincial), sectores económicos (lo que revelaría las grandes bolsas de fraude) e impuestos (dando así las claves para mejorar su eficiencia).
Si estos informes fueran presentados y debatidos por las Cortes Generales y Parlamentos autonómicos sería mucho más fácil adoptar las oportunas medidas correctoras oportunas. Somos conscientes de que el problema está ahí; entonces, ¿por qué no sacarlo a la luz?
Contesta Carlos Cruzado
Presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA)
