El gasto previsto en prestaciones por desempleo en 2018 es un 3,4% inferior al de 2017, cuando la partida presupuestaria fue de 18.318 millones de euros, esta reducción se suma al recorte de un 7,6% en los PGE 2016
Desde el gobierno del Partido Popular han calificado el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 como “los más sociales”, y afirman que tienen como objetivo principal que los beneficios de la recuperación económica lleguen a todos los ciudadanos especialmente a aquellos cuyas rentas dependen del Presupuesto. Pero la realidad es bien distinta para los cerca de 3,8 millones de personas desempleadas, de los que el 50% son parados de larga duración, contabilizados por la EPA en el primer trimestre de este año, pues sufren los recortes de la protección por desempleo desde 2012. El gasto en prestaciones por persona parada ha pasado de los 500 euros de 2011 a 369 en 2017.
El Proyecto de Ley de los PGE para 2018, aprobado por las derechas (Partido Popular, Ciudadanos, PNV y CC junto a otros representantes regionales), tiene como previsión de ingresos de las cotizaciones de desempleo 20.471 millones de euros. Al mismo tiempo, el gasto previsto en prestaciones a las personas desempleadas se presupuesta en 17.702 millones de euros, hay 3.060 millones de euros que, procediendo de cuotas de desempleo, no se destinan a proteger a las personas desempleadas.
El gobierno pretende justificar esta reducción de la protección por desempleo en la mejora del empleo, pero las causas reales son los recortes impuestos por el gobierno de Mariano Rajoy al sistema de protección por desempleo con el RDL 20/2012 junto con la reforma laboral de 2012, que han provocado un grave deterioro del mercado laboral y la expansión desorbitada de las contrataciones precarias que restringen el acceso a las prestaciones contributivas por desempleo. Lo que tiene como consecuencia que la tasa de cobertura por desempleo es cada vez menor, del 76,6% en enero de 2011 ha caído al 59,2% en enero de 2018.
El gasto previsto en prestaciones por desempleo en 2018 es un 3,4% inferior al de 2017, cuando la partida presupuestaria fue de 18.318 millones de euros, esta reducción se suma al recorte de un 7,6% en los PGE 2016. El presupuesto destinado a lo protección por desempleo es claramente insuficiente para atender a los mas 3,4 millones de parados registrados en el SEPE, pues casi cinco de cada diez personas desempleadas estén desprotegidas.
Es inaceptable que el presupuesto total de programas del Servicio Público de Empleo Estatal se reduzca de 23.994 en 2017 a 23.606 en 2018, lo que representa una reducción de un 1,6%
El pasado 30 de abril terminó la prórroga de los programas de protección de los parados de largo duración (PREPARA y PAE) acordada por el gobierno con las organizaciones empresariales, sindicales y las Comunidades Autónomas sin alcanzar un acuerdo. Después de siete meses de inacción y con las propuestas de recorte de la actual cobertura de la RAI, PREPARA y PAE el Gobierno anuncia que el grupo parlamentario Popular ha presentado una enmienda en la tramitación los PGE. Con un excedente de fondos procedentes de cotizaciones por desempleo sobre las previsiones presupuestarias de gasto con la enmienda que presenta el PP y ha consensuado con el PNV, Ciudadanos, y resto de apoyos, cambia el PREPARA y el PAE por un subsidio de seis meses de duración que solamente se puede percibir en una única ocasión. Es decir, reduce en seis meses el período que una persona parada de larga duración y sin protección podía cobrar con los dos programas.
Es inaceptable que el presupuesto total de programas del Servicio Público de Empleo Estatal se reduzca de 23.994 en 2017 a 23.606 en 2018, lo que representa una reducción de un 1,6%. No se prevén tampoco partidas para reformar el sistema de protección por desempleo ante los enormes vacíos de cobertura que sufren los parados de larga duración y los mayores d 52 años ni tampoco para crear el necesario sistema de rentas mínimas, como el que se contiene en la Iniciativa Legislativa Popular promovida UGT y CCOO para establecer una prestación de ingresos mínimos y que actualmente se está tramitando en el Congreso.
Las políticas activas de empleo con un presupuesto que crece un 3,9%, por debajo del 4,2% de previsión de crecimiento del PIB nominal, hasta los 5.716 millones de euros. Es un presupuesto insuficiente y repartido de forma injusta. El incremento del gasto en políticas activas queda absorbido por el aumento de determinadas partidas, que tienen como destino a las empresas a través de las bonificaciones y reducciones de las cotizaciones, es decir, no está orientado a la atención de las personas desempleadas, a impulsar itinerarios de inserción laboral y a mejorar su la empleabilidad a través de orientación y la formación, sino a subvencionar al sector privado.
Las actuaciones de fomento de la contratación laboral: bonificaciones, reducciones de cotizaciones y tarifas planas, representan 3.327 millones de euros, con un peso en el conjunto de las políticas activas cada vez mayor. La apuesta del gobierno por este tipo de medidas es un grave error, ante nula eficacia de la gran mayoría de estas actuaciones. Estas medidas en la mayoría de los casos son un peso muerto en los contratos realizados, pues las contrataciones que se hubieran realizado igualmente sin la ayuda.
Menor gasto se prevé en la formación para el empleo tanto para desempleados como para trabajadores ocupados, se destinan 2.284 millones de euros y se presenta como novedad el cheque formación, ya comprometido en 2017 por el PP con Ciudadanos, que no va resolver los problemas que atraviesa el sistema de formación para el empleo. El resto de actuaciones previstas las conforman otras partidas las que se destinan cuantías menores como las destinadas al impulso de la responsabilidad social, la economía social o el trabajo autónomo, que ponen al descubierto la falta de compromiso real con estos políticas por parte del gobierno. Tampoco se realiza ningún esfuerzo en la partida de modernización de los Servicios Públicos de Empleo y en cambio se establecen programas de ejecución externa por parte la Agencias de Colocación.
El Plan de Garantía Juvenil incluye la dotación 500 millones de euros, para contrataciones precarias se destina un complemento salarial del 80 % del Iprem. Esta medida ya estaba prevista en el acuerdo de investidura del Partido Popular y Ciudadanos, en 2017 no se puso en funcionamiento. Esta medida no tiene ninguna utilidad real, el objetivo subvencionar los costes laborales a las empresas. La prioridad con una tasa de paro juvenil que roza el 36% debería ser potenciar programas de orientación, formación e inserción laboral de los jóvenes.
Para el PSOE este Proyecto de PGE de las derechas para 2018 es inaceptable porque no se orientan a que nuestro país crezca de forma sólida y sostenible y no posibilitan el cambio de modelo productivo. No plantean que el crecimiento se asiente en unas bases justas, redistribuyendo los beneficios de la recuperación entre todos para corregir las desigualdades y la exclusión social, el gasto social pierde peso en el conjunto de la economía.
El PSOE presenta unos Presupuestos Alternativos que persigue modernizar nuestra estructura productiva, sacar a la mayoría de sociedad del estancamiento que les someten las políticas de las derechas y potenciar la igualdad y la cohesión social mediante el diálogo con los interlocutores sociales. En materia de protección social , junto garantizar la sostenibilidad del sistema público de las pensiones a través del Pacto de Toledo y asegurar revalorización de las pensiones con el IPC y la derogación del factor de sostenibilidad, se plantea una mejora de la protección por desempleo para los parados de larga duración y mayores de 52 años y un plan de choque contra la pobreza con la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, estas dos partidas representarían un gasto de 3.600 millones de euros por encima a lo previsto por el gobierno en el Proyecto de PGE para 2018.
Para los socialistas a las políticas activas de empleo son fundamentales para el cambio de modelo productivo por eso se pretende reformular las políticas previstas por el gobierno orientadas a subvencionar a las empresas y destinar esas partidas a incrementar las actuaciones de orientación y formación. A la vez se prevén 1,100 millones de euros adicionales destinados impulsar infraestructuras para la empleabilidad, modernizar los Servicios Públicos de Empleo y el sistema de formación para el empleo. Se potenciará el Plan Garantía Juvenil, en España está actualmente estancado pese a la importante financiación europea, a través de programas de asesoramiento y formación, con itinerarios personalizados de inserción, para ello se impulsarán programas de Becas de Éxito, destinado a los jóvenes sin estudios básicos para que puedan finalizar sus estudios y de Primera Experiencia Profesional para los jóvenes titulados en formación profesional o en grado universitario.
