En diciembre y enero se vivió un auténtico aluvión de personas en las Oficinas de empleo. En los más de dos millones y medio de parados de larga duración que no cobran ninguna prestación se encendió una pequeña esperanza y muchos acudieron para ver si tendrían derecho. Después, solo ha quedado frustración. Ese aluvión ha durado hasta finales de enero. En la presentación de los datos del paro registrado de ese mes, la Secretaria de Estado reconoció este aluvión pero añadió que la situación ya estaba prácticamente normalizada.
Esa normalización de la situación es, claramente, el primer indicador de que el llamado “Programa de Activación” no funciona. El Presidente del Gobierno en el acto de la firma del acuerdo entre gobierno e interlocutores sociales sobre el Programa Extraordinario de Activación para el Empleo dijo que “aproximadamente 450.000 personas recibirán ayudas especiales para conseguir su integración en el mercado laboral”.
El 24 de marzo el senador socialista Ricardo Varela interpeló a la Ministra de Empleo quien dio en el Senado tres datos del Programa de Activación que inicialmente no relacionó:
- Que, según su estimación, habrá entre unos 400 y 450 mil potenciales beneficiarios.
- Que se distribuyen, según informó textualmente la ministra, en un “stock a fecha de inicio del programa de entre 270 y 300 mil personas y un flujo en los meses posteriores, hasta su finalización, de entre 130 y 150 mil personas”.
- Que hasta el pasado 19 de marzo se han recibido 70 mil solicitudes.
Los beneficiarios serían solamente el 23,3% de los previstos. Menos de uno de cada cuatro previstos
El diseño del “Programa de Activación” precisamente obedece a dos etapas. La primera etapa coincide con la apertura del plazo de solicitud. La previsión de la ministra es que se produjera un aluvión de solicitudes porque debería recoger a todos los demandantes que estaban inscritos a 1 de diciembre y que habrían percibido un “Prodi”, un “Prepara” o la tercera RAI entre febrero de 2010 y septiembre de 2014. Para fomentarla se estuvo haciendo propaganda por todos los medios desde mediados de diciembre, cuando el plazo de solicitud empezaba el 15 de enero. Este es el colectivo que corresponde al “stock a fecha de inicio del programa”. De este colectivo era de donde se preveía que hubiera entre 270 y 300 mil beneficiarios.
Las 130 o 150 mil personas que se incorporarán en los meses posteriores, corresponden a los que vayan agotando el Prepara y los que agoten la tercera RAI siempre que estuvieran inscritos a 1 de diciembre. El cálculo que hace la ministra es de una incorporación entre 6.200 y 7.150 personas cada mes.
El resultado es que, en vez de trescientas mil personas en el inicio del programa, hay setenta mil solicitudes. Falta que se diga cuantas denegaciones y aprobaciones ha habido. De todas formas, en el mejor de los casos, si no hubiera ninguna denegación, los beneficiarios serían solamente el 23,3% de los previstos. Menos de uno de cada cuatro previstos.
LA ACTIVACIÓN OTRO CAMELO
La Ley establece la obligatoriedad de elaborar un Itinerario personalizado de inserción en un plazo entre uno y tres meses desde que la persona parada solicita la incorporación al programa. En caso contrario, se denegará la solicitud de incorporación.
En las instrucciones del SEPE se dice que a lo largo del mes posterior a la solicitud, la Oficina del Servicio Público de Empleo Autonómico (SPEA) grabará el servicio 175 que identifica el Itinerario Personalizado de Empleo del programa Activa. En el momento de acreditación de la Búsqueda Activa de Empleo, el gestor del SEPE comprobará que en la transacción de demanda que se haya cumplimentado el servicio que indica el itinerario (Código 175).
Ese Itinerario que teóricamente justifica la demora de un mes entre la solicitud y la aprobación de la ayuda, no es más que un código que introducen los Servicios Centrales de la Xunta de Galicia de manera automática a todos los que se les haya introducido el código de demandante solicitante de la Ayuda Activa (Código 31). Eso es lo que dice la Instrucción de la Xunta en su apartado 3. Una vez que el solicitante acredita la búsqueda activa de empleo ante Prestaciones, tiene un tutor y el código 175 del itinerario individual y personalizado del Programa Activa, se activa el pago y entonces pasa de tener el Código 31 al código 33 de beneficiario de la ayuda activa. Siguiendo con las Instrucciones de la Xunta de Galicia, en el Apartado 5: Acciones de seguimiento, se dice: “Para el inicio de las acciones de seguimiento, cada tutor responsable deberá esperar a que los demandantes derivados tengan la resolución aprobatoria de incorporación al programa (colectivo 33)”.
Es decir, el Itinerario vinculado con el Programa Activa no es más que un código que introduce automáticamente el Servicio Público de Empleo de Galicia una vez que tiene constancia que se ha solicitado el Programa. Las acciones de seguimiento deberán esperar a que sea reconocida la Ayuda. ¿Hace falta un mes para un cruce informático? Esto que ocurre en Galicia será similar en otras comunidades.
La verdad es que no se hace el Itinerario. La ministra lo sabe, las Comunidades lo saben. Todo es pura propaganda y retrasar un mes el pago de la ayuda.
Por cierto, si los fondos para pagar a los beneficiarios del programa “ACTIVA” se aprobaron en el Consejo de Ministros del 6 de marzo, ¿con cargo a qué partida presupuestaria se aprobaron las nóminas de los ACTIVA correspondientes al mes de febrero?
UNOS REQUISITOS INJUSTOS
Si miramos el conjunto de criterios de inclusión en este programa, el que resulta determinante y reduce drásticamente su número no es la situación económica, ni el número de miembros del hogar, ni la existencia de hijos menores, ni el tiempo que lleva en paro, ni el tiempo que lleva sin ingresos, lo que es realmente determinante y, por ello, lo que establece la selección es haber estado incluido en otro programa ya sea en el PRODI (entre agosto de 2009 y febrero de 2011), en los PREPARA iniciales (desde febrero de 2011 hasta agosto de 2012) o en el PREPARA regulado desde agosto de 2012 o en la Renta Activa de Inserción. Esta razón es radicalmente injusta por diferentes motivos.
En primer lugar, hace depender la incorporación al programa así como la percepción de la ayuda durante seis meses de los ingresos y de la situación familiar que ese demandante tenía en el momento en que podía solicitar su incorporación al PRODI o al PREPARA. En ambos casos se exige carencia de ingresos familiares y se fija un plazo de solicitud de dos meses desde el agotamiento de la prestación que genera el derecho.
Lo que se está valorando no es tanto la situación de ingresos de una unidad familiar (el Programa de Activación exige la existencia de cargas familiares) como la que había en los dos meses posteriores a agotar una prestación contributiva o asistencial, una situación se pudo producir desde agosto de 2009 (inicio del PRODI).
Hacer depender la incorporación al programa de la situación familiar existente hace casi seis años, o tres o uno y medio, pero solamente durante dos meses, no parece justo. No tiene sentido y además es injusto excluir a una persona que lleva más doce meses en paro y de seis meses sin prestación alguna, porque en 2009, hace seis años, durante los dos meses de incorporación al PRODI había determinados ingresos en su hogar. Desde entonces han pasado muchas cosas.
En segundo lugar, exige diferentes requisitos de acceso a un mismo programa: En la medida en que condiciona la incorporación al “Programa de activación” a haber percibido un PRODI o un PREPARA la condiciona a los diferentes requisitos de entrada en cada uno de ellos. La consideración de cargas familiares a efectos de ingresos era distinta en uno y otro programa o el requisito de periodo inscripción también, etc.
Mientras que para el Prodi o los primeros “Prepara” no se exigía tiempo de permanencia en desempleo, se podían solicitar con independencia del tiempo que una persona hubiera estado inscrita, para el segundo Prepara se exige, en caso de no haber cargas familiares, estar inscrito doce meses de los últimos dieciocho. El mismo concepto de “cargas familiares” es diferente en unos casos del otro. El Prepara modificado por el PP añade, además de los ingresos de la unidad familiar, los de los padres, si se convive con ellos.
Lo que se está haciendo es que una persona parada tenga derecho si agotó sus prestaciones en el mes de julio o deje de tenerlo si el agotamiento fue en el mes de septiembre de 2012. Mientras que en los primeros “Prepara” el número de beneficiarios ha sido, de media mensual, de 29.773 personas, en los tres siguientes los beneficiarios ser reducen hasta 10.773, casi en dos terceras partes. En todos los casos, además, se deben cumplir los requisitos que exige el programa a fecha de solicitud.
Hay un tercer factor que resulta muy condicionante. Los criterios de acceso al Programa de Activación son menos exigentes, en lo relativo a los ingresos y consideración de la unidad familiar, que los establecidos en la modificación de requisitos del PREPARA que ha realizado este Gobierno. Demandantes que cumplen los requisitos de acceso al Programa de activación podrían no cumplir los requisitos de acceso al Prepara. Quedarían igualmente fuera.
Con independencia de todo lo anterior, es seguro que habrá hogares que en la actualidad atraviesan una situación de necesidad mayor, medida en ingresos por miembro, que quedarán excluidos porque hace uno, dos, tres o seis años, no la tenían. Parece que a veces se olvida que comer es un vicio que las personas paradas y sus familias tienen todos los días.
DOS CAMBIOS QUE DARÍAN OTROS RESULTADOS
Si el problema mayor de la nueva ayuda es la exigencia de haber agotado uno de los tres programas mencionados porque retrotrae las exigencias a un momento anterior desde hace hasta casi seis años, para conseguir que se cumpla el objetivo de beneficiarios acordado, solamente haría falta eliminar esa exigencia manteniendo el resto de condicionantes: parados de larga duración, con cargas familiares, que lleven seis meses sin percibir ninguna prestación y que hayan estado inscritos el 1 de diciembre.
El segundo cambio tiene que ver con la “vampirización de la prestación”. Si se exige un contrato a tiempo completo de, por lo menos, seis meses para que las empresas descuenten de la nómina la ayuda percibida, aunque estas mantienen su incentivo a la contratación, las personas paradas al finalizar el trabajo ya no tendrían derecho a reanudar el Programa de activación, porque tendrían derecho al subsidio. En caso de despido antes de los seis meses, deberían abonar al demandante la parte descontada del salario.
Estas medidas podrían conseguir que la mitad de los parados con cargas pudiera acceder a este programa y, de esta forma, cumplir los objetivos planteados. En esta línea, el Grupo Socialista en el Senado ha presentado una Moción como consecuencia de la Interpelación anteriormente mencionada. Este puede ser un momento en que por una vez y sin que sirva de precedente, se ponga en primer plano los intereses y necesidades de los parados y de sus familias. Es el momento de reconocer que el Acuerdo alcanzado no va a permitir que del millón de personas paradas con cargas familiares y sin ingresos, la mitad se beneficie de él. Es el momento de eliminar requisitos injustos y plantearse esta ayuda en función de las necesidades actuales. Es el momento de actuar pensando en el beneficio de los parados.
