Las instituciones penitenciarias están a la cabeza de siniestralidad en las administraciones de toda Europa
La situación de las agresiones físicas en Instituciones Penitenciarias es “un grave problema de salud pública, por la intensidad y volumen de las mismas, frente al cual el Ministerio del Interior continúa negando al personal penitenciario la protección de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tomando únicamente medias punitivas, inútiles y de mera propaganda a través de su Protocolo contra las Agresiones (PEAFA), que no ha sido capaz de frenar la pandemia de agredidos”, así lo han calificado desde el sindicato mas representativo dentro de las instituciones penitenciarias.
Comisiones Obreras ha querido resaltar la indefensión con la que tiene que trabajar el personal penitenciario, con graves riesgos de su salud e integridad personal, tan solo por el hecho de que el Ministerio del Interior se niega a considerar como riesgo laboral las agresiones, incumpliendo la Ley de Prevención y los Acuerdos internacionales suscritos por España sobre la protección de los trabajadores.
En los últimos 10 años la siniestralidad laboral ha crecido exponencialmente en las prisiones, situando a instituciones penitenciarias a la cabeza de siniestralidad en las administraciones centrales de toda Europa. En España se ha pasado de 893 accidentes laborales en el año 2008 a 1.276 en el 2017, un crecimiento del 42,88%. Es decir, se ha elevado la tasa de siniestralidad de un 3,83% de la plantilla en 2008 hasta el 5,33% en 2017.
Las agresiones representan de promedio cerca del 40% del total de la siniestralidad, pasando de 280 en 2008 hasta los 493 agredidos en 2017, un 76,07% de incremento en una década
Ni tan siquiera el descenso del número de empleadas y empleados penitenciarios ha representado un factor para disminuir las agresiones. Mientras en el 2010 por cada 1.000 empleadas/os había 12,75 de agresiones, en 2017 para igual número de personal han sido 20,58 agresiones.
La disminución de presos tampoco ha significado ninguna mejora para el personal penitenciario ante las agresiones. En 2010 por cada 1.000 presos había 5,09 agresiones, y en el 2017 se elevaron hasta las 9,76.
Desde el sindicato denuncian que “las agresiones crecen y están descontroladas en las prisiones españolas desde cualquier índice con el que se analicen, porque la política de prevención de los sucesivos gobiernos ha estado orientada a ocultar las agresiones y a no asumir sus responsabilidades con las trabajadoras y trabajadores penitenciarios”.
Como consecuencia de esta obsesión “negacionista” de la Administración Penitenciaria, las causas que producen las agresiones no están bien evaluadas, no existen actuaciones para resolver las que son estructurales, no hay protección preventiva para el personal, y no se cuenta con ningún apoyo a los centenares de víctimas de agresiones que hay cada año.
El 90% de las agresiones físicas y el 95% de las agresiones verbales o psicológicas que se producen en la Administración Central española, se dan en las prisiones. Abordar soluciones a las agresiones en prisiones no es solamente un compromiso de Comisiones Obreras, responde también a una necesidad de contar con unos servicios públicos eficientes y en unas condiciones de compromiso con sus objetivos funcionales. El actual estado de violencia contra el personal penitenciario impide garantizar esas funciones constitucionales y deja imposible el mandato legal de proteger y garantizar la integridad de las personas recluidas en las prisiones.
