Entre las causas fundamentales de las agresiones se encuentran: la falta de personal, el incremento de población reclusa con patologías psiquiátricas, o la falta de medios y de formación continua y permanente
Instituciones Penitenciarias presenta la tasa más elevada de siniestralidad laboral de toda la Administración General del Estado con más del 90% de las agresiones físicas, y se coloca a la cabeza de la siniestralidad laboral en Europa, como consecuencia de las agresiones que sufre al personal penitenciario. Sólo entre 2015 y 2016 se produjeron 934 agresiones físicas a trabajadores y trabajadoras de Instituciones Penitenciarias.
Para Comisiones Obreras estos niveles de violencia existentes son "inaceptables", y como avanzó en el momento de su implantación, el protocolo del anterior Gobierno "no reduce esta lacra". Por ello, el sindicato exige la "negociación de un nuevo protocolo de prevención, que proteja de forma eficaz a la plantilla en el ejercicio de sus funciones,dónde se aborden las causas que originan las agresiones y se cumpla la Legislación de Prevención de Riesgos Laborales".
La agresiones en prisión son un problema estructural, con múltiples causas y factores de riesgo. Entre las causas fundamentales de las agresiones se encuentran: la falta de personal, el incremento de población reclusa con patologías psiquiátricas, o la falta de medios y de formación continua y permanente.
A pesar de que las agresiones son un riesgo laboral reconocido en las evaluaciones de los puestos de trabajo, la Administración Penitenciaria impide que los servicios de prevención de Instituciones Penitenciarias investiguen las causas de las agresiones y adopten medidas de prevención y de protección eficaces, algo que no sucede con el resto de riesgos laborales que existen en el medio penitenciario.
Como medidas urgentes, podría llevarse a cabo la convocatoria de una Oferta de Empleo Público extraordinaria, ya que la oferta de empleo público publicada el pasado viernes, 27 de julio, resulta insuficiente, al no reponer las 3.400 vacantes existentes, ni solucionar el grave el problema del envejecimiento de las plantillas, con 50 años de media en el personal de vigilancia y que son determinantes en el aumento de las agresiones.
El sindicato pide que se aborde el problema de la salud mental en prisión, se creen unidades psiquiátricas penitenciarias con profesionales y psiquiatras y se propongan medidas alternativas a la prisión, para garantizar un tratamiento sanitario de patologías mentales y la separación del resto de la población reclusa. Asimismo, es necesario desarrollar un Plan de Formación específico para prisiones adecuado a las nuevas demandas del colectivo, e impulsar el Centro de estudios penitenciarios, como órgano encargado de impartir una formación continua y especializada.
También se deberían incrementar de manera urgente los programas de tratamiento y de prevención dirigidos a la población interna más peligrosa y dotar a los centros de los equipos multidisciplinares especializados en la intervención con este perfil de internos.
