El Sector de la Administración Local de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO y la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT muestran su preocupación por la importante disminución en la cobertura de los convenios colectivos que se venían renovando hasta el inicio de la crisis económica, lo que provoca un aumento de la conflictividad laboral.
Esta situación viene motivada por la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 3/ 2012, que lleva al riesgo de pérdida de vigencia de todos los convenios denunciados en su día y que no hayan sido renovados antes del próximo 7 de julio, "hecho del todo inaceptable", denuncian los sindicatos.
Los sindicatos creen necesario "manifestar la voluntad expresa de contribuir al restablecimiento de los cauces de diálogo que, en el marco de las relaciones laborales bipartitas y tripartitas, han dado importantes resultados en beneficio de empresas, administraciones, trabajadores y trabajadoras y del conjunto de la sociedad".
Por tal motivo, FSC-CCOO y FSP-UGT, pidieron el 23 de mayo una reunión urgente, de la que aún no han obtenido respuesta, con la Federación Española de Municipios y Provincias con el fin de marcar unas líneas, dirigidas a los ayuntamientos, diputaciones y otras entidades locales, para poder acordar las iniciativas necesarias que concluyan con acuerdo en la negociación de los convenios pendientes de renovación y que evite la pérdida de la ultractividad de dichos convenios y los vacíos de regulación que ello pudiera provocar.
En este sentido, felicitan a la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) de Castilla León, que junto a UGT, CCOO y CSIF han rubricado un acuerdo por el que recomiendan a las corporaciones locales de Castilla y León agilizar las negociaciones para lograr firmar un convenio colectivo para sus trabajadores y trabajadoras antes del 8 de julio.
Asimismo, reclaman a la FEMP, una vez más, la convocatoria de la reunión solicitada por UGT y CCOO, pues creen en unas administraciones locales "prestadoras de unos servicios eficaces, eficientes, de calidad y cercanos a la ciudadanía, prestados por empleadas y empleados públicos que tengan garantizadas sus condiciones y derechos laborales".
