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Venezuela, ¿la hora final del chavismo?

Las opciones para una salida negociada de la crisis política son cada vez menores.

@jgonzalezok | Desde el 23 de enero, cuando la Asamblea Nacional de Venezuela proclamó como presidente interino a Juan Guaidó, en abierto desafío a Nicolás Maduro, las malas noticias para el chavismo se acumulan hasta el punto de que su continuidad está en duda. Desde el fallido golpe del 2002 contra Chávez, nunca estuvo tan negro el panorama para la Revolución Bolivariana. Al renovado impulso que ahora consiguió la oposición, con importante respaldo internacional, hay que sumar cierta desmovilización del chavismo y las dudas sobre el apoyo real de los militares a Maduro, después de que la cúpula tardara 24 horas en dar su apoyo al presidente. El jaque mate puede llegar de la mano de las sanciones internacionales y la imposibilidad de acceder a los fondos que existen en diversos países, que ahora estarán a disposición de Guaidó.

Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, en 1999, los intelectuales y la izquierda debaten apasionadamente sobre el carácter de este movimiento y sobre la naturaleza democrática de los gobiernos de Chávez y Maduro. La llamada Revolución Bolivariana no consiguió la adhesión de toda la izquierda venezolana. El recientemente fallecido Teodoro Petkoff o el historiador comunista Manuel Caballero, por ejemplo, se distanciaron inmediatamente de aquél joven coronel Hugo Chávez que antes de llegar al poder mediante elecciones fracasó en dos golpes de Estado contra gobiernos democráticos.

Golpe de Estado o pérdida de legitimidad de un gobierno

Cuando Maduro asumió su nuevo mandato de seis años, el pasado 10 de enero, lo hizo en nombre de su victoria en unas controvertidas elecciones, celebradas 8 meses antes, el 20 de mayo del 2018

En este momento decisivo para el país cabe plantearse, una vez más, si la oposición está dando un golpe de Estado -independientemente de los apoyos internacionales- o se está actuando ante un gobierno que perdió legitimidad e intenta perpetuarse por encima de todo.

Como argumento para respaldar la legitimidad del sistema, es habitual la afirmación de que nunca un gobierno había celebrado tantas elecciones como el chavismo. Pero es un fundamento que, por sí solo, no es suficiente. Reconocidos sátrapas en la historia del siglo XX en América Latina, también celebraban elecciones: es el caso, entre otros, del general Alfredo Stroessner en Paraguay, o de Anastasio Somoza en Nicaragua.

En este punto cabe recordar que la libertad del voto estuvo ya desde el principio en peligro. Vale recordar la existencia de la “lista Tascón”, con los nombres de los 3,4 millones de ciudadanos que firmaron a favor del referéndum revocatorio de 2004. Una lista que fue entregada por el Consejo Nacional Electoral y publicada en la página web del diputado oficialista Luis Tascón, con graves consecuencias para muchas personas que pasaron a integrar listas negras y fueron despedidas de sus trabajos. De las elecciones del 2005 surgiría también la “lista Maisanta”, más perfeccionada, donde aparecían todos los electores clasificados por preferencias políticas, además de información sobre su participación en las últimas elecciones y en las misiones de asistencia social del gobierno.

Cuando Maduro asumió su nuevo mandato de seis años, el pasado 10 de enero, lo hizo en nombre de su victoria en unas controvertidas elecciones, celebradas 8 meses antes, el 20 de mayo del 2018. Por motivos de cálculo político, las elecciones fueron convocadas con varios meses de antelación. Y la Asamblea Nacional Constituyente, integrada exclusivamente por diputados chavistas, hizo otra movida que sacó de escena a la oposición, al quitarle la personería jurídica a los partidos que no hubieran participado en las elecciones municipales, que consideraban fraudulentas, obligándoles a presentar la firma del 5% del padrón.

Partidos ilegalizados

Esta sanción no estaba contemplada en la legislación electoral vigente. Los partidos ilegalizados fueron Primero Justicia (de Henrique Capriles), Voluntad Popular (de Leopoldo López), y Mesa de Unidad Democrática (que ganó las parlamentarias de 2015). El Consejo Nacional Electoral, además, redujo la campaña a solo 26 días, 70 menos que en 2012. Pero la restricción afectó solo a la oposición, ya que Maduro está en campaña permanente.

Ni la OEA, ni el Centro Carter, ni el Observatorio Electoral Venezolano, fueron habilitados como observadores internacionales. Ninguna organización reconocida pudo controlar los comicios. El gobierno sigue afirmando que el proceso electoral venezolano “es el mejor del mundo”, como dijo en su momento Jimmy Carter, aunque lo aseveró en 2012.

Además de manipular las fechas y plazos electorales a su antojo, el gobierno hizo ingeniería en las circunscripciones electorales, el famoso “gerrymandering”, para mejorar sus resultados. Y puso todos los recursos disponibles a disposición del clientelismo, que tanto deteriora la limpieza en las contiendas electorales. Es el caso de los llamados puntos rojos a las afueras de los colegios electorales para controlar a sus propios votantes. “Estoy pensando en un premio bien bueno para quien vote con el carnet de la patria”, dijo Maduro poco antes de las elecciones del 2017, en referencia al documento vigente desde enero de 2017 que se ha convertido en la principal herramienta de control social y político.

El deterioro institucional se inició con Hugo Chávez

Pero el deterioro institucional se inició prácticamente con la llegada de Hugo Chávez al Palacio de Miraflores. Se produjo un copamiento político de los órganos de control y se acabó con la división de poderes clásica en cualquier democracia. El Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional Electoral se pusieron al servicio del gobierno, con declaraciones expresas de sus integrantes.

El punto de inflexión fue cuando la oposición ganó por mayoría absoluta las elecciones a la Asamblea Nacional, del 6 de diciembre de 2015. El 23 de diciembre, antes de que los nuevos diputados asumieran, la entonces mayoría chavista modificó totalmente la composición del Tribunal Supremo, designando 13 jueces titulares y 21 suplentes, totalmente leales a Maduro. Para ello utilizó un procedimiento exprés, violando todos los plazos administrativos.

Aunque la nueva mayoría opositora anuló estas designaciones, los nuevos jueces siguieron actuando. Lo primero que hicieron fue anular los resultados electorales en Amazonas. La Asamblea no aceptó el fallo y el Tribunal la declaró en desacato. A partir de ahí, el Tribunal Supremo impugnó todas las leyes aprobadas por la Asamblea, suspendiendo su aplicación.

La victoria opositora en 2015 fue posible a pesar del ventajismo del gobierno, de las restricciones muy serias a la libertad de expresión, de la existencia de presos políticos y de la inhabilitación de líderes opositores.

La pretensión de elecciones libres, equitativas y competitivas, y con posibilidad de alternancia, había sido descartada el 29 de octubre de 2015 por Maduro, cuando fue preguntado sobre una eventual victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias de diciembre: “Si se diera ese escenario, negado y transmutado (sic), Venezuela entraría en una de las más turbias y conmovedoras etapas de su vida política y nosotros defenderíamos la revolución, no entregaríamos la revolución y la revolución pasaría a una nueva etapa”.

“Nosotros más nunca vamos a entregar el poder político”

El mismo Maduro diría en junio 2017: “Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia, y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas, liberaríamos a la patria con las armas”.

Delcy Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, remacharía el 16 de marzo de 2018: “Nosotros más nunca vamos a entregar el poder político”.

Así se entiende que, en marzo de 2017, el Tribunal Supremo emitió una sentencia por la que asumía las atribuciones legislativas. Esto fue el disparador de las protestas que acabaron con 163 muertos. El siguiente paso fue convocar una Asamblea Nacional Constituyente, sin seguir los pasos legales establecidos. Se hizo mediante un decreto presidencial, a pesar de que la Constitución exige celebrar antes una consulta popular.

La elección fue objetada por la propia empresa que el gobierno había contratado para supervisarla. La firma británica Smartmatic dijo que se habían alterado las cifras sobre la cantidad de votos escrutados y estimó se aumentó en al menos un millón la participación. Ni la Justicia ni la Controlaría investigaron la denuncia.

La entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, hasta ese momento uno de los pilares del chavismo, impugnó el procedimiento. Esto le valió la persecución, la destitución y el exilio. A partir de ese momento la Constituyente no se dedicó a reformar la carta magna, sino a legislar de manera paralela.

maduro

Deterioro en el apoyo popular al chavismo

Con la inflación más alta del mundo, la desesperante situación de desabastecimiento de alimentos y medicinas, y la virtual desaparición del salario, el cuadro es dramático

En los últimos años se produjo un deterioro en el apoyo popular al chavismo, que fue paralelo al quebranto de las condiciones sociales. Si en los primeros años el gobierno podía exhibir una legitimidad que tenía que ver con la inclusión social, esos tiempos quedaron atrás. En buena parte, como consecuencia de la caída del precio internacional del petróleo, principal y casi única exportación de Venezuela. Estaba a 11 dólares el barril cuando asumió Chávez, hace 20 años, pero a partir de ahí comenzó a subir y llegó a los 113 de promedio entre 2011 y 2014. La caída posterior imposibilitó seguir financiando las políticas populistas e incluso afectó la ayuda a los 14 países centroamericanos y del Caribe, que reciben petróleo a precio subsidiado.

Con la inflación más alta del mundo, la desesperante situación de desabastecimiento de alimentos y medicinas, y la virtual desaparición del salario, el cuadro es dramático. En 1998, cuando Hugo Chávez fue elegido por primera vez presidente de Venezuela, la inflación era del 35,78 % y el salario mínimo era de unos 180.000 bolívares, equivalente a 294 euros. Hoy ese salario equivale a solo 45 euros, al cambio oficial, pero no llega a los 9 euros en el mercado negro. Y la inflación prevista en 2019 es de 10.000.000%.

Según datos oficiales del ministerio de Salud, en 2016 la mortalidad materna aumentó un 65%, la mortalidad infantil, un 30%, y la malaria, un 76%. Pocos días después de que la ministra divulgase estos datos, fue despedida. Desde entonces el gobierno no publica datos epidemiológicos. Ha reaparecido el sarampión y la difteria, que se previenen con vacunas, y que habían sido erradicados del país.

Una encuesta de universidades venezolanas concluyó que el 80% de los hogares del país tienen inseguridad alimentaria. Y que las personas entrevistadas habían perdido un promedio de 11 kilos en 2017.

Un éxodo masivo sin precedentes

El éxodo masivo, para huir de la miseria y la represión, no tiene precedentes en la historia reciente de América Latina. Entre 2014 y fines del 2018 huyeron del país más de tres millones de personas, sobre una población total de 32 millones, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El dato podría ser mucho mayor, ya que muchas personas que han huido no fueron registradas.

El balance en materia de derechos humanos es también muy preocupante. Amnistía Internacional ha documentado numerosas ejecuciones extrajudiciales y estimó que era ineludible la responsabilidad del Estado ante “el aumento constante de la criminalidad”. En junio de 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos informó que la impunidad por violaciones de los derechos humanos era generalizada. A partir del 2015, cuando el gobierno lanzó la OLP (Operación Liberación del Pueblo), ante el deterioro de la inseguridad, se multiplicaron las situaciones de abusos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, etc. En noviembre de 2017 el fiscal general indicó que más de 500 personas habían muerto durante redadas de la OLP. Oficialmente, en enfrentamientos, aunque hay numerosos testimonios que lo niegan.

Muchos de los civiles detenidos en las protestas del 2017 fueron juzgados por tribunales militares por delitos como rebelión y traición a la patria, sin las garantías del debido proceso. Según Human Rights Watch y la organización venezolana Foro Penal, el gobierno empleó en forma sistemática, fuerza brutal, incluidas torturas, contra manifestantes y políticos opositores, en el marco de la represión de estas protestas.

A fines de 2018 había más de 230 presos políticos, según datos de Foro Penal. Entre ellos, Leopoldo López, condenado a 13 años de cárcel por supuesta incitación a la violencia durante una manifestación en Caracas, en febrero de 2014. Pero el fiscal del caso, Franklin Nieves, huyó después del país y aseguró que fue presionado por el gobierno para presentar pruebas falsas contra López.

Control de la prensa opositora

Y para el final, un clásico de los populismos, su acoso a los medios independientes. Según IPYS Venezuela, desde 2013 hasta el 14 de diciembre de 2018, cuando dejó de aparecer en papel el diario El Nacional -uno de los más importantes y con más historia del país-, 66 medios de todo el país habían suspendido sus ediciones impresas. El gobierno decidió en 2013 que no era prioritaria la importación de papel prensa y monopolizó su compra a través de una empresa estatal. A partir de ahí no pararon las denuncias de un manejo arbitrario en la concesión de papel por motivos ideológicos.

En el caso de los medios audiovisuales los métodos fueron otros. Básicamente el cierre o la no renovación de licencias, aunque antes sufrían presiones de todo tipo. El primer caso que tuvo gran repercusión internacional fue el cierre de Radio Caracas Televisión, que salió del aire el 28 de diciembre de 2006. Pero incluso en canales que apoyaron al chavismo, como Venevisión -del magnate Cisneros-, el gobierno imponía consignas y establecía listas negras de políticos que no podía aparecer en pantalla, según relató el periodista Rafael Garrido, que trabajó doce años en el canal, según el testimonio que aparece en el libro “Cuando los medios son noticia”. Otros medios internacionales prohibidos fueron la CNN, Todo Noticias e Infobae, de Argentina, y los colombianos Caracol TV, RCN, NTN24 y El Tiempo.