@jgonzalezok | Desde que, hace menos de un mes, fue nombrado como jefe del Ejército argentino, el general César Milani se ha visto asediado por denuncias que lo vinculan con la represión durante la última dictadura. Y su ascenso a general de brigada, que iba a ser tratado por el senado este pasado lunes, fue paralizado por orden de la Casa Rosada, que sufre una derrota política importante en el campo que más le importa, el de la defensa de los derechos humanos.
La designación de Milani como jefe del Ejército ya fue polémica en otro orden de cosas. Fundamentalmente por su procedencia, ya que trabajó en los últimos años en el área de inteligencia. También por su declaración en apoyo al proyecto de gobierno kirchnerista, adoptando una posición política partidaria, resistida en el interior de la fuerza y criticada por otros sectores políticos y sociales.
La paralización de su ascenso no significa, de momento, que deje la jefatura del Ejército. El ascenso debe contar con el respaldo del Senado, pero su designación como jefe del arma es prerrogativa de la presidente. Pero, aunque se mantenga por un tiempo al frente del Ejército, la autoridad de Milani está, a partir de este momento, seriamente cuestionada.
La suerte del militar cambió bruscamente cuando el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), una ONG que dirige el periodista Horacio Verbitsky –cuya influencia en el gobierno lo convierte en un virtual miembro del gabinete- le bajó el pulgar.
En los últimos años el CELS viene siendo consultado sobre los ascensos militares y su opinión es fundamental y decisiva. Tanto el general Milani como Verbitsky son muy cercanos a la ex ministra de Defensa, Nilda Garré –recientemente nombrada embajadora en la OEA-, que impulsaron la carrera del general de inteligencia. Pero las denuncias de la participación de Milani en el Operativo Independencia –provincia de Tucumán- donde se aniquiló a la guerrilla del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), y su paso por la provincia de La Rioja, donde fue denunciado por ex presos políticos, instalaron el manto de sospecha.
El principal indicio de la participación de Milani en la represión fue la desaparición del soldado Alfredo Ledo, ocurrida en la provincia de Tucumán, en 1976. Hubo 129 soldados, que hacían su servicio militar obligatorio, que figuran como desaparecidos (asesinados) durante la dictadura. En aquella época el ejército inició un proceso por deserción contra Ledo, el modo tradicional que los militares usaban entonces para encubrir la desaparición forzada y muerte de soldados que consideraban extremistas. En el expediente del ejército sobre el caso aparece como oficial instructor el entonces subteniente Milani, que además habría tenido al soldado Ledo como asistente. Otro dato incriminatorio es la declaración de un ex preso político en La Rioja, que lo identificó como uno de los militares que lo detuvo a él y a su padre.
También figura en su contra el apoyo a la rebelión de los militares carapintadas de 1987, que trataban de impedir los juicios contra los represores de la dictadura. Habría tenido un papel menor, pero fue sancionado con un arresto de 8 días. También se han destacado en los últimos días las sospechas de un importante incremento en su patrimonio, imposible de justificar.
En un intento de salvar su ascenso, en los últimos días el general Milani se presentó voluntariamente ante los tribunales de La Rioja y Tucumán, asegurando que jamás estuvo en un centro clandestino de detención ni participó en arrestos o traslados durante la dictadura. Y volvió a manifestar su apoyo al “proyecto nacional y popular”, es decir, el gobierno kirchnerista. En este sentido señaló que las acusaciones había que tomarlas en el marco de “una campaña de los sectores conservadores, que siempre vieron a las Fuerzas Armadas como sus aliadas (…) Todo es mentira, hacen una campaña en mi contra porque yo dije que quiero un ejército al servicio de un proyecto nacional y popular”.
El titular del CELS, el periodista Horacio Verbitsky, que diez días antes había bendecido el ascenso de Milani, escribió en su habitual columna dominical en el diario Página 12: “si tan preocupado está por el daño que pueda sufrir la presidente, podría servirle de fusible en vez de usarla como paraguas”.
Al informar sobre la paralización del ascenso, el grupo parlamentario oficialista mencionó una “evidente desnaturalización electoralista” y habló de la necesidad de preservar a las Fuerzas Armadas de convertirse en disputa electoral. En octubre habrá elecciones para renovar parcialmente las dos cámaras del Parlamento.
En todo este proceso llama la atención la actitud de organismos defensores de los derechos humanos cercanos al gobierno, que no aplicaron a Milani los mismos criterios que a otros militares con hojas de servicio similar. Y la aplicación de un doble estándar cuando se trata de enemigos políticos del gobierno. La titular de Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue especialmente indulgente con la hoja de servicios del general Milani. Pero mantuvo una larga campaña contra la propietaria del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, a la que acusó de que sus dos hijos eran apropiados. Los test de DNA demostrarían que los chicos no eran hijos de desaparecidos.
El mismo doble discurso fue el que usaron algunos organismos respecto al cardenal Jorge Bergoglio, el actual papa Francisco, que prestó testimonio en un juicio por la desaparición de dos jesuitas, que después recuperarían la libertad. Incluso después de su elección como papa fue acusado de colaborar con la dictadura, a pesar de que los dos jesuitas lo deslindaron de su detención y desaparición temporal.
