Hasta ahora, la ex presidente, Cristina Fernández de Kirchner, ha guardado absoluto silencio sobre el caso
@jgonzalezok | El pasado 1 de junio, el financista Aldo Ducler caía desplomado en la esquina de la calle Corrientes, esquina con San Martín, en plena microcentro de la capital argentina. Solo 48 horas antes había intentado entrevistarse con el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de prevenir y perseguir el lavado de dinero, ofreciendo convertirse en informante colaborador del organismo, a cambio de impunidad y protección. Ofrecía información de primera mano, con documentación respaldatoria, que involucraría al ex presidente Néstor Kirchner y su círculo íntimo.
Según informó la policía, Ducler se desvaneció en la calle, aparentemente después de un asalto. Rescatado inmediatamente por una ambulancia, fallecería poco después con el diagnóstico de paro cardiorrespiratorio. Pero su hijo puso en duda la versión. El cuerpo no tenía hematomas y tenía todas sus pertenencias, el reloj, la billetera y las tarjetas de crédito. Una cámara en la calle registró su caída, pero no el supuesto asalto. Y consideró extraño que una ambulancia privada lo recogiera inmediatamente después de caído, antes de la llegada del SAME (el SAMUR argentino).
Ducler, de 75 años, trabajó en varios gobiernos, incluyendo la última dictadura -con los generales Galtieri y Bignone, llegando a ser el segundo en la cartera de Economía-, pero también estuvo relacionado con la dictadura de Onganía con el gobierno de Isabelita Perón y con el Carlos Menem. Tenía una conocida financiera, Mercado Abierto, que manejó dinero de la política a lo largo de las últimas décadas. En algún momento dicha financiera pasó a ser un banco, MA Bank con sede en las islas Caymán. Dicha institución estuvo investigada por narcotráfico, ya que lavó dinero del cártel mexicano de Juárez. En 1999 se descubrió que el capo Amado Carrillo Flores, también conocido como El señor de los cielos, había canalizado casi dos millones de dólares para la compra de estancias y otros bienes en Uruguay y Argentina. La Operación Casablanca, de Estados Unidos, descubrió la operación.
Néstor Kirchner, siendo gobernador de la provincia de Santa Cruz, le encargó el manejo de 654 millones de dólares, dinero que había recibido la provincia después de la privatización de la petrolera estatal YPF, en 1993, en concepto de regalías. Seis años más tarde, cuando Repsol compró YPF, Santa Cruz vendió las acciones que tenía en la compañía, por un total de 1.100 millones de dólares. Ese dinero pasó a integrar lo que se conoce como los Fondos de Santa Cruz. Una cantidad más que respetable para una provincia que entonces no llegaba a los 200.000 habitantes. Los fondos fueron enviados al exterior por decisión de Kirchner y siempre fue un misterio cómo se manejaron, ya que no hubo control ni rendición de cuentas sobre los mismos. No hay constancia de que volvieran efectivamente a la provincia y los indicios indican que se “evaporaron”.
Informaciones periodistas a propósito de la muerte de este financista indican que Néstor Kirchner sería el verdadero dueño del 25 % de YPF que formalmente compró la familia Eskenazi, a muy buen precio. El fallecido ex mandatario argentino habría permitido, a cambio, que Repsol girara dividendos a Madrid sin problemas, cuando otras multinacionales no podían hacer lo mismo. Todo cambiaría cuando, por necesidades políticas, Cristina Fernández decidió expropiar la compañía en 2012.
Horas antes de morir, Ducler había ofrecido datos para investigar una “asociación ilícita liderada por Néstor y Cristina Kirchner” que habrían malversado dichos fondos. También datos sobre la compra de YPF –“la mayor estafa en la historia argentina”, según Ducler-, la campaña de 2003 y el papel del Banco de Santa Cruz. Pero la nómina de esta supuesta asociación ilícita es sugestivamente más amplia. Incluye al que fuera jefe de gabinete en los gobiernos de Néstor y Cristina, Alberto Fernández, al ex secretario de Legal y Técnica de la presidencia, Carlos Zannini, a los ex ministros Julio De Vido (Planificación) y Axel Kicillof (Economía), al empresario mexicano Carlos Slim, y a autoridades españolas de Repsol, que compraron YPF. También a un viejo conocido de España, el empresario Carlos Bettini, exiliado en Madrid desde los 70, y que fue el embajador argentino durante todo el kirchnerismo, gracias a su vieja amistad con los Kirchner.
Según Ducler, Kirchner habría desviado 280 millones de dólares para la campaña presidencial del 2003; y con el Fondo de Santa Cruz habría comprado el 25 % de las acciones de la compañía petrolífera YPF a través de la familia Eskenazi. En este último caso estaría hablando de la entrada en la empresa cuando era controlada por Repsol y tras una presión política de Kirchner imposible de resistir. Los Eskenazi, como propietarios del Banco de Santa Cruz, otorgaron intereses siderales a los ahorros que la familia Kirchner depositó en plazos fijos de la entidad, ganancias que no estaban al alcance de ningún ciudadano, y que ayudaron a justificar el crecimiento de la fortuna familiar.
Según Juan Manuel Ducler, el hijo del financista fallecido y que lo había acompañado a hacer la denuncia, en los últimos tiempos habían recibido una serie de amenazas, tanto telefónicas como personales: “Con papá estábamos preocupados porque manejábamos información bastante sensible y, a raíz de amenazas que tuvimos, fuimos el martes pasado a la UIF” a hablar con su titular, Mariano Federici. Pero el titular del organismo no estaba, no pudo recibirlos y tampoco contestó la nota que le dejaron con la oferta para colaborar con la información que decían tener.
El financista quería escribir un libro para contar su vida y su experiencia con la clase política argentina. Además de haber sido funcionario de la última dictadura, fue uno de los asesores económicos del cantante Palito Ortega, candidato a vicepresidente en 1999.
La muerte de Ducler, en condiciones sospechosas, trae a la memoria la del fiscal Alberto Nisman, que apareció muerto el 18 de enero de 2015, cuatro días después de acusar a la entonces presidente, Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios y aliados políticos, de un plan criminal para encubrir a los iraníes acusados por el atentado contra la mutual judía AMIA (1994).
La ex ministra de Salud de Néstor Kirchner, Graciela Ocaña -que recientemente pasó a las filas del gobierno de Macri, y que en el 2001 integró una comisión legislativa de lavado de dinero-, afirmó que el fallecido había manejado “dinero blanco y negro de la familia Kirchner” y que tenía la llave de muchos secretos. La vicepresidenta, Gabriela Michetti, dijo que había que investigar todas las posibilidades de la muerte. Y la diputada Elisa Carrió, una de las personalidades más críticas del kirchnerismo, aseguró que la denuncia de Ducler “corrobora todo lo que dijimos sobre el vaciamiento de YPF: hubo una maniobra entre Néstor Kirchner y el empresario español Antonio Brufau. La parte de la empresa que en el momento de la expropiación compró Enrique Eskenazi fue para el ex presidente”.
Hasta ahora, la ex presidente, Cristina Fernández de Kirchner, ha guardado absoluto silencio sobre el caso. Lo mismo sus aliados políticos.
