Los ecos del segundo gran cacerolazo contra el gobierno de Cristina Fernández –el pasado jueves- no se han apagado, pero las nuevas batallas ya se anuncian. Al 8N le sucederá el 7D: ese primer viernes de diciembre el gobierno considera que debe entrar en vigor, en toda su extensión, la Ley de Medios. Una ley que obligaría a desinvertir a algunos grupos mediáticos, desprendiéndose de canales de televisión y radios, por sobrepasar el número de licencias o el porcentaje en el mercado que marca la norma.
La ley fue aprobada hace ya 3 años, pero el Grupo Clarín planteó la inconstitucionalidad de dos de sus artículos -45 y 161- y hay un amparo en la Justicia que todavía no ha tomado decisión al respecto. El 7D es la fecha en la que vence esa medida cautelar y a partir de ahí se abren dos interpretaciones: la del gobierno, que dice que si no hay decisión judicial sobre el fondo del asunto se debe proceder al desguace de los medios afectados; y la del Grupo Clarín, que alega que tiene un plazo de un año a partir de esa fecha, según la propia Ley de Medios.
La desinversión no afecta solo al Grupo Clarín, pero todas las baterías apuntan en su dirección. Hay otros grupos, aliados al gobierno, que no se adecuan a la norma. No solo por el tema de las licencias, incluso por cuestiones aún más graves. La ley establece que no pueden ser concesionarios de medios audiovisuales grupos que tengan negocios con el Estado.
A medida que se acerca el 7D, el gobierno de Cristina Fernández viene tratando de resolver a su favor esa gran piedra en su zapato que es Clarín, el influyente grupo mediático al que declaró la guerra en 2008, cuando el conflicto con el campo los colocó en bandos distintos. En las últimas semanas el gobierno intentó imponer una jueza propia, presionando en el Consejo de la Magistratura, que debía designar una vacante en el juzgado de la Cámara Civil y Comercial que se encarga de la Ley de Medios. Como no resultó, intentó recusar a uno de los integrantes del Consejo. Por último ha planteado un per saltum, figura jurídica que permite que el caso pase directamente a la Corte Suprema, que el código civil prevé solo para casos de “notoria gravedad institucional” y que necesiten una solución “expedita y definitiva”.
La figura del per saltum tiene un antecedente: el ex presidente Menem, tan denostado por el kirchnerismo, la usó para asegurarse la privatización de Aerolíneas Argentinas. Y ahora, el gobierno cree que tiene más posibilidades de una resolución rápida y favorable en el alto tribunal. El 10 de diciembre, primer día hábil después del 7D, el gobierno pretende avanzar sobre Clarín, que no ha querido presentar un plan de desinversión ya que confía en que la justicia le de la razón.
Esa es la madre de todas las batallas, con la que cuenta el gobierno para tratar de recuperar la iniciativa política y también la calle. Y es que el gobierno se vio sorprendido por la magnitud de la última protesta, aunque su reacción ha sido desconocerla. Al día siguiente del cacerolazo, Cristina Fernández, desestimó cualquier rectificación de rumbo.
Su interpretación fue que la culpa de los argentinos descontentos es de los medios, “un gran aparato cultural”, que hace que los ciudadanos tengan una imagen deformada de su propio país. Y, a pesar de la magnitud de la protesta, con una movilización que solo tiene antecedentes numéricos a comienzo de la recuperada democracia, hace ya 30 años, la mandataria restó toda importancia a la misma. Hablando ante un grupo de alcaldes del conurbano, que a cambio de dinero para obras en su distrito le pidieron que siga más allá de su segundo mandato, dijo que estos días hubo dos grandes noticias; la reelección de Obama y…. el Congreso del Partido Comunista Chino. Ni una referencia directa al cacerolazo del día anterior.
El análisis previo y posterior de la protesta que hizo el gobierno y sus aliados osciló de la descalificación por golpistas a señalarlos como despistados que “deambulaban como zombies”, expresión del jefe de La Cámpora. El peronismo, sin embargo, fue un movimiento que nació con una gran movilización, el 17 de octubre de 1945. El diputado oficialista Carlos Kunkel llegó al extremo de acusar a los manifestantes de sediciosos: “no lo digo yo, lo dice la Constitución, el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes”.
Parece difícil que el movimiento de protesta consiga repetir el éxito del pasado 8 de noviembre, mientras la oposición sigue a la espera de cosechar el descontento. Pero en el horizonte inmediato, y antes del 7D, el gobierno se enfrentará el día 20 a una convocatoria de huelga de los sindicatos disidentes. Otra jornada en la que las calles volverán a ser de la oposición. La última gran movilización del gobierno fue a fines de abril de este año, cuando se celebró en el estadio porteño de Vélez Sarfield la estatización de YPF.
Con el proyecto reeleccionista cada vez más alejado, aunque hay sectores que lo seguirán impulsando, el kirchnerismo no quiere perder la iniciativa ni la idea de seguir acumulando poder. Pero las críticas empiezan a surgir incluso de algunos aliados importantes. Es el caso de José Nun, un respetado intelectual, que fue secretario de Cultura de Néstor Kirchner, que hizo una crítica al populismo “que destruye las instituciones”, frente al intelectual orgánico del Kirchnerismo, Ernesto Laclau. Y fue incluso más crítico con la presidente: “Cristina ganó con el 54 % de los votos. Esto no significa que todo lo que haga el gobierno tenga el aval de ese 54 %, ni sea democrático porque obtuvo el 54 % de los votos”. Se puede obtener ese caudal de votos, añadió, y después tomar medidas que no se compadecen con la institucionalidad republicana.
Nun reconoció medidas de buen gobierno, pero también síntomas de mal gobierno por las inclinaciones populistas en otras áreas, mencionando en concreto el tema del avance sobre la justicia. Néstor Kirchner, para Nun, no tenía este credo populista. Pero sí Cristina, que considera que no necesita que la controlen porque sabe como se hacen las cosas.
Y en la oposición, otros protagonistas que no estaban tan alejados en determinadas posiciones, han sido empujados hacia la oposición abierta. Es el caso del socialista Hermes Binner, candidato presidencial el año pasado por el Frente Amplio Progresista. Apoyó el cacerolazo –estuvo presente de manera particular- después de que el líder de la Cámpora, Andrés Cuervo Larroque, hablara de “narcosocialismo” en un debate parlamentario. El exabrupto se produjo por la detención del ex jefe de policía de la provincia de Santa Fe, gobernada por el socialismo, acusado de narcotráfico. El efecto inmediato fue el apoyo unánime de la oposición y el anuncio de Binner, que en algunos puntos ha estado de acuerdo con proyectos gubernamentales, en apoyo al cacelorazo.
El dirigente socialista afirmó que la oposición debía asumir el mensaje que ha dejado el 8N, que el “modelo” kirchnerista ha fracasado, que pretende llegar a acuerdos programáticos con otras fuerzas políticas y que en dos semanas presentará un plan de gobierno. El año próximo hay elecciones para renovar parcialmente el parlamento y en el 2015 serán las nuevas elecciones presidenciales.
