Diez prefectos generales de la Gendarmería Nacional –fuerza dedicada, originalmente, a cuidar las fronteras del país- y otros tantos de la Prefectura Naval –Guardia Costera-, han sido pasados a retiro, horas después de desencadenarse la protesta de integrantes de ambas fuerzas de seguridad, por motivos salariales. Suboficiales de la Armada también se sumaron a la protesta, que se desarrolla en localidades de todo el país.
El conflicto se disparó al aplicarse un decreto presidencial que, en la práctica, provocó importantes recortes en los sueldos de este mes, con rebajas que llegaron hasta el 60 %. El meollo del asunto tiene que ver con el hecho de que gran parte de los sueldos son en negro y no remunerativos. Horas después de comenzada la protesta, el gobierno decidió dar marcha atrás y asegurar que este mes cobrarán lo mismo que el anterior, atribuyendo la rebaja de salarios a un error administrativo.
“Esto no es un golpe de Estado ni queremos derrocar a ningún gobierno, no queremos desestabilizar a nadie”, dijo uno de los portavoces de los uniformados
Pero ahora los reclamos de los rebeldes incluyen aumentos salariales reales y mejores condiciones de trabajo. No se trata de una rebelión militar, porque no hay reivindicaciones políticas. Pero todo el mundo recuerda en Argentina los primeros años de la democracia, en la que los militares “carapintadas” encabezaron varias rebeliones armadas que pusieron en jaque al gobierno de Raúl Alfonsín.
Las dos cámaras del Parlamento se reunieron de urgencia para dar a conocer sendos comunicados, exhortando al personal de seguridad a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas. Los efectivos que se manifestaban frente al edificio de Guardacostas, señalaron que su protesta era exclusivamente salarial y que estaban a favor de la democracia. “Esto no es un golpe de Estado ni queremos derrocar a ningún gobierno, no queremos desestabilizar a nadie”, dijo uno de los portavoces de los uniformados.
El conflicto, grave de por sí y por lo simbólico, llega en un momento político complicado para el gobierno, después del “cacerolazo” y de la gira de Cristina Fernández por EE.UU. y sus encuentros con estudiantes de Harvard y Georgetown, que afectaron la credibilidad presidencial.
La reacción del oficialismo al problema con las fuerzas de seguridad ha sido acusar a los medios de “fogonear” el conflicto. “La manipulación espuria de la información por parte de los históricos enemigos de la democracia está intentando conducir un conflicto que ya se encuentra solucionado a lugares oscuros a los que los argentinos no queremos volver”, dice un comunicado de la agrupación juvenil La Cámpora. En la misma línea se pronunció Unidos y Organizados, una nueva agrupación kirchnerista, que afirmó que “Clarín y la corporación mediática, la Sociedad Rural y los sectores golpistas de siempre son los verdaderos artífices de este falso conflicto”.
El diputado ultraoficialista Edgardo Depetri, sostiene que hay sectores económicos que alientan el quiebre institucional, acusando en concreto al grupo Clarín, el enemigo mediático número uno del gobierno. En el mismo sentido se pronunció Hebe de Bonafini, presidente de una de las dos asociaciones de las Madres de la Plaza de Mayo, que habló de “televisiones malditas, que en vez de tirar balazos nos tiran mentiras, difamaciones, que son mucho más fuertes que las balas”.
El autoacuartelamiento de gendarmes y prefectos provocó el rápido regreso de la presidente, Cristina Fernández, que se encontraba en Lima asistiendo a una cumbre de mandatarios de la región y de países árabes. No ha habido ninguna reacción oficial de la mandataria, pero es clara la preocupación de la Casa Rosada. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino y la ministra de Seguridad, Nilda Garré, fueron convocados a la residencia presidencial de Olivos, presumiblemente para deshacer el entuerto salarial que disparó el conflicto.
Los sucesivos gobiernos del matrimonio Kirchner lograron la total subordinación de las FF.AA., tradicionalmente politizadas en Argentina, con un siglo XX llenos de dictaduras militares. En el 2004, Néstor Kirchner ordenó al jefe del Ejército, general Bendini, que descolgara los retratos de los ex dictadores Videla y Bignone del Colegio Militar. Después vendría la decisión política de impulsar los juicios por las violaciones de los derechos humanos y la anulación de las leyes de amnistía. También impusieron como ministra de Defensa y actualmente de Seguridad a Nilda Garré, la primera mujer en ocupar tal cargo. Ninguna de esas decisiones provocó una situación como la que estas últimas horas se vive en Argentina.
Las dos fuerzas sublevadas, Prefectura y Gendarmería, fueron utilizadas por el gobierno para combatir la criminalidad en el Gran Buenos Aires, como alternativa a la corrupta policía bonaerense.
