Constituye “un ataque despiadado del Poder Judicial, una estrategia de golpismo activo, un ataque sistemático al gobierno nacional por denuncias falsas sin ningún tipo de entidad”
@jgonzalezok | La investigación de las presuntas irregularidades en una de las empresas de la presidente, desató una formidable contraofensiva del gobierno contra la Justicia. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, fue el primero en pronunciarse. Consideró que la orden para allanar la sede de Hotesur, la firma que administra uno de los hoteles de Cristina Fernández, constituye “un ataque despiadado del Poder Judicial, una estrategia de golpismo activo, un ataque sistemático al gobierno nacional por denuncias falsas sin ningún tipo de entidad”. Capitanich involucró también a la prensa y la oposición en el mismo paquete y señaló que hay jueces que hostigan permanentemente a funcionarios del gobierno.
El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, insistió en la idea al considerar inexplicable el enseñamiento y la persecución judicial hacia la figura de nuestra presidenta”, considerando que el objetivo es dañar su investidura y “bastardear la opinión pública”. Juliana Di Tullio, la jefe del grupo parlamentario oficialista en el Congreso, acusó a la oposición de acudir a sus jueces “para intentar voltear a Cristina”. Di Tullio también acusó al juez que ordenó el allanamiento de estar alineado con el Frente Renovador, del opositor Sergio Massa.
Pero el ataque más brutal fue obra de Luis D´Elía, ex piquetero, fundador del partido MILES, que integra el kirchnerismo. En su cuenta de Twitter, escribió: “Ante el golpe, simbólicamente debemos dejar clavada en una pica la cabeza de Bonadío (el juez) en la vereda de Comodoro Py (donde están los tribunales). Destitución ya”. D´Elía es conocido también por su antisemitismo y su defensa a ultranza del régimen iraní.
El diputado Juan Pablo Arenana (PRO, derecha), anunció que denunciará penalmente a D´Elía: “Aquí no hay simbolismos, hay una amenaza de muerte, por eso lo voy a denunciar”. Luis D´Elía no tiene actualmente un cargo formal en el gobierno ni forma parte del Congreso, pero es siempre un invitado en los actos del gobierno, y su figura rechoncha está siempre en primera fila, aplaudiendo de los discursos de la presidente.
Otro diputado, Fernando Sánchez (UNEN, centroizquierda), dijo que D´Elía es la representación más cruda y brutal de lo que pretende el kirchnerismo como ideal de justicia. También dijo que, desde la Casa Rosada, necesitan y exigen que todos los jueces “sean como Oyarbide, que hagan los deberes y ni se les ocurra meter la nariz en los negocios de la presidenta y sus socios”. Norberto Oyarbide es el juez favorito del gobierno, ya que en tiempo récord desestima todas las denuncias que tocan al poder.
El presidente de la Asociación de Magistrados, Luis María Cabral, declaró que al gobierno le molesta que los jueces cumplan con su tarea. Alejandro Fargosi, hasta hace unos días presidente del Consejo de la Magistratura, afirmó por su parte: “Acá no se trata de hacer una operación política ni de voltear a la presidenta. Acá lo que es inexplicable es la riqueza presidencial, eso es lo que no tiene explicación”.
Uno de los méritos que se le reconocen al kirchnerismo es haber logrado integrar una Corte Suprema de Justicia presentable, con integrantes de prestigio, lejos de la que había diseñado el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) para garantizarse la impunidad.
Lo impulsó Néstor Kirchner, al comienzo de su mandato. Pero, luego de aquél gesto fundacional, los Kirchner han intentado tener también sus propios jueces. Cuando no recibían el respaldo judicial que esperaban en su ofensiva contra el grupo Clarín, lanzaron la operación para democratizar la justicia, que pretendió cambiar la relación de fuerzas en el Consejo de la Magistratura, el órgano que nombra y destituye a los jueces.
Como no lo consiguió, presentó un proyecto de nuevo Código Penal Procesal, que ahora se discute, y que otorga a los fiscales la iniciativa en la investigación de las causas, cuando hasta era tarea de los jueces. Sucede que los fiscales están sujetos a la autoridad de la Procuraduría General de la Nación, ahora en manos de una militante kirchnerista, Alejandra Gils Carbó. En los últimos meses, además, se ha nombrado un gran número de fiscales de reconocida obediencia a los deseos de la Casa Rosada.
Queda el obstáculo de la Corte Suprema, donde el gobierno no consigue la mayoría que anhela. La situación es complicada porque en las próximas semanas se irá uno de sus miembros, Eugenio Zaffaroni, al cumplir los 75 años. Este magistrado es el más próximo al gobierno entre los miembros de la Corte. Hace unos días dijo que si en las próximas elecciones no ganaba el kirchnerismo “la Argentina va a ser un caos”.
Tras el reciente fallecimiento de dos de los jueces de la Corte, ésta quedará con solo cuatro integrantes. La oposición no está dispuesta a reponer esta vacante hasta después de las elecciones del año que viene. El constitucionalista Eduardo Barcesat, abogado de Hebe de Bonafini, denunció por el delito de sedición a los senadores de la oposición que llegaron al acuerdo de no tratar los pliegos con los nombres que presente la presidente para ocupar la vacante.
En definitiva, una nueva guerra va a ocupar al gobierno en los próximos tiempos, con esta reedición del embate contra la Justicia. Es el terreno en el que mejor se mueve, aunque algunas batallas las perdió en estos años. Ante la falta de resultados en la gestión, con índices económicos y sociales más que preocupantes, los molinos de viento ayudan a mantener el ánimo de la tropa y la militancia.
