@MaxEstrella84 | Uno de los temas más espinosos de la actual –una más– reforma política debatida en el parlamento mexicano es el abrir la posibilidad a la reelección consecutiva de los legisladores y alcaldes.
De acuerdo con la narrativa predominante durante el régimen posrevolucionario, se ha impuesto la idea de que la no reelección para los cargos públicos es un logro de la Revolución Mexicana
Buena parte de la polémica viene alimentada por el hecho de que la no reelección se ha convertido, para una importante corriente de opinión, en un principio fundamental no sólo de nuestro sistema político, sino del ethos mismo del pueblo mexicano. De acuerdo con la narrativa predominante durante el régimen posrevolucionario, se ha impuesto la idea de que la no reelección para los cargos públicos es un logro de la Revolución Mexicana y que permitirla implicaría poco menos que una traición a la Historia.
De hecho, actualmente la reelección de legisladores y alcaldes es posible, pero de manera discontinua, y pese a algunos casos excepcionales, es un hecho poco frecuente. Emma Campos ha calculado que sólo 14 por ciento de los legisladores entre 1934 y 1997 lo fueron más de una vez; el 86 por ciento restante fueron amateurs. El problema es, pues, la reelección consecutiva.
Vale la pena señalar que en la redacción original de la Constitución de 1917, creada en plena revolución y aun vigente, no había obstáculos para la reelección de los legisladores (aunque prohibía expresamente la del Ejecutivo federal), y la voz revolucionaria de Francisco Madero, iniciador y mártir de aquella lucha armada (“Sufragio efectivo, no reelección”), se dirigía sólo contra la reelección del presidente Porfirio Díaz, que se había perpetuado en el poder durante tres décadas, sin cuestionar el derecho a la reeleccion en el Poder Legislativo.
Sin embargo, como señala Luis Anaya en su texto “Experiencias políticas e imaginarios sociales sobre la reelección en México, 1928-1964”, años de falta de argumentación y de viscerales discursos antirreeleccionistas crearon un verdadero tabú, elevando a principio lo que sólo fue una respuesta concreta a una coyuntura histórica: la necesidad de centralizar el poder del régimen naciente en un partido político y debilitar a los políticos de base regional con poder para contestar ese proceso.
En la historia de la no reelección legislativa en México destacan dos años: 1933 y 1964.
En 1933 el Congreso aprobó un conjunto de reformas a la Constitución por medio de las cuáles la reelección del presidente y los gobernadores volvía a prohibirse. Hasta ahí, se trataba de volver al texto original de 1917. La novedad fue que al mismo tiempo se eliminaba la posibilidad de reelección inmediata de diputados federales, senadores, legisladores estatales y presidentes municipales.
El objetivo directo de la reforma fue eliminar la posibilidad de reelección de los ex presidentes y reducir así la inestabilidad latente en proyectos de esa naturaleza, tal como señala el académico Jeffrey Weldon. Lo anterior se hizo pensando en el fallido experimento de Álvaro Obregón, general que, victorioso en la Revolución, buscó reelegirse como presidente en 1928 pero fue asesinado antes.
Ahora bien, ¿por qué se prohibió la reelección consecutiva de legisladores y alcaldes? El propio Weldon, en su obra “El Congreso, las maquinarias políticas locales y el 'Maximato': las reformas no-reeleccionistas de 1933”, sugiere una respuesta: la centralización. La reforma antireeleccionista contribuyó a centralizar los poderes en torno a las dependencias federales del gobierno, primero en manos de la dirigencia del naciente Partido Nacional Revolucionario (antecesor del PRI) y luego, a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas, en las del presidente. De igual manera, la prohibición de la reelección debilitaba a los partidos y maquinarias políticas locales, beneficiando al Comité Ejecutivo Nacional del PNR.
En la discusión parlamentaria los argumentos en contra de las reformas subrayaban la vulneración de un derecho ciudadano: el de poder votar y ser votado sin otra condicion que la ciudadanía. La réplica del líder del CEN del PNR, un señor Pérez Treviño, resulta elocuente: “Quemarermos nuestros derechos en aras de nuestros principios”. La trampa estaba en que el principio aludido (el del lema de Madero) era un reclamo revolucionario originalmente muy acotado, pero que a la dirigencia del PNR resultó conveniente reinterpretar en sentido amplio.
Una de las consecuencias más graves de aquellas reformas fue la realineación de los intereses de diputados y senadores, lo que debilitó fatalmente al Poder Legislativo frente al presidente y al Partido (PNR-PRM-PRI): al prohibirse la reelección inmediata, los legisladores ya no tuvieron incentivos para buscar cultivar la relación con sus votantes, ni había razón para ser responsables ante los mismos, pues de ellos no dependía su carrera. Eran las cúpulas de los partidos (el PNR primero, después todos los demás) quienes, por medio del control de los procesos de nominación, determinaban el futuro político de los legisladores al terminar su mandato. Se inauguró, como escribe Jorge Javier Romero, un “juego de las sillas musicales” en los recientos legislativos en el que cada tres años todos se tenían que echar a correr para conseguir un cargo en la siguiente ronda. La estrategia más sencilla (quizá la única) era mantener una férrea disciplina, someterse. El resultado fue un Congreso formado por ovejas y no por parlamentarios, como dijo el tristemente célebre potosino Gonzalo N. Santos, y un desequilibrio entre poderes que favoreció la creación y longevidad del presidencialismo autoritario en México.
Luego de 1933, la reelección legislativa permaneció ausente del discurso en México hasta 1964. A propuesta del Partido Popular Socialista, liderado por el sindicalista Vicente Lombardo Toledano, ese año se discutió una reforma para posibilitar la reelección inmediata de los diputados federales. Se argumentaba que la recientemente aprobada reforma por la que se instituían los llamados “diputados de partido” (medida con la que los partidos de oposición obtendrían 5 escaños si llegaban a obtener 2.5% de la votación total en elecciones legislativas federales y uno más por cada medio punto porcentual, hasta un máximo de 20), debía complementarse con otras medidas que aumentaran la profesionalización de los parlamentarios como la reelección.
Aunque la propuesta tuvo éxito inicial en la Cámara de Diputados, en 1965 fue rechazada unánimemente en el Senado, sin siquiera haberse discutido. La razón probable, de acuerdo con Maite Careaga, fue la decisión en contra del presidente de entonces, Gustavo Díaz Ordaz. De ser así, el fracaso de esta propuesta mostraría claramente las reglas del juego político mexicano, centradas en la sucesión presidencial y la centralización del poder de nominación en el partido hegemónico y producto, en parte, de la no reelección.
El repaso anterior indica que, más que a principios o demandas de una lucha antidictatorial, la no reelección legislativa consecutiva en México responde a una defensa de los intereses de las cúpulas partidistas y, sobre todo, al mantenimiento del statu quo.
Sé hasta qué punto la lucha por apropiarse del pasado es casi siempre un asunto ideológico y no es mi intención defender la reelección por el mero hecho de haber estado en la letra original de la Constitución de 1917. Sí lo es, en cambio, mostrar la fragilidad del discurso antireeleccionista que pretende anclarse en la historia y el dogma.
Por ello, celebro la discusión actual –también, una más– de la reelección legislativa, aunque lamento el resultado finalmente incluido en la reforma política: una reelección acotada a cierto número de periodos (una vez para senadores, tres para diputados), y obligatoriamente por el mismo partido. Sospecho que esta “reelección mocha”, que es la solución de compromiso a la que han llegado los partidos, hará poco por la profesionalización o la rendición de cuentas de nuestros parlamentarios. Para lo que sí servirá, y mucho, esta criatura contrahecha, es para desacreditar en el futuro a la propia institución de la reelección. Y habrá pasado una reforma política más.
