jueves 9/12/21

Para una crítica del Pacto por México

Por César Morales Oyarvide | Probablemente el hecho más significativo, más trascendente de lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto sea la creación y supervivencia del Pacto por México: un acuerdo entre el gobierno federal y los líderes de los tres principales partidos políticos, firmado el 2 de diciembre de 2012.

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Foto: Presidencia de México.

Probablemente el hecho más significativo, más trascendente de lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto sea la creación y supervivencia del Pacto por México: un acuerdo entre el gobierno federal y los líderes de los tres principales partidos políticos, firmado el 2 de diciembre de 2012.

Desde el discurso oficial, el Pacto es el acuerdo político más relevante que se ha realizado en décadas en el país. Se le compara, sin rubor, con los Pactos de la Moncloa; desconozco lo que se quiera obtener de dicha analogía, por lo demás provinciana y anacrónica. 

Estas “grandes acciones que proyecten a México hacia un futuro más próspero” se desgranan en 95 compromisos, que van desde el establecimiento de un sistema de seguridad social universal hasta reconocer como derecho el acceso a la banda ancha.

Si bien las propuestas que se han aprobado en el marco del Pacto (como la educativa o la de telecomunicaciones) han sido polémicas, sus fundamentos son cuestionables y sus resultados aún lejanos, el acuerdo permitió que el sexenio empezara con gran vigor y ha generado un optimismo notable e inusual, especialmente en la prensa extranjera: lo mismo en The Economist que en The Wall Street Journal o El País. En este texto, y a modo de contrapeso, mi objetivo va en otra dirección: ofrecer una serie de consideraciones críticas sobre el Pacto, cerca de cumplirse un año de su nacimiento.

El péndulo y la oposición

La imagen de los principales partidos políticos en una mesa significó, para un sector importante de la sociedad mexicana, un cambio positivo en la atmósfera política. Sin embargo, el brusco movimiento pendular de la confrontación al consenso acrítico ha tenido implicaciones graves que afectan especialmente a la oposición, cuyo papel es casi tan importante como el del gobierno.

Especialmente en los últimos años del viejo régimen autoritario del PRI, existía lo que Fernando Escalante ha llamado “la vieja escuela de oposición”. Era una oposición que rayaba en lo demagógico, en la que un “no” sistemático sustituía la articulación de un programa crítico y la pureza auto otorgada (frente a un gobierno encarnación de todos los vicios) a los matices y las complejidades. Su mejor ejemplo quizá haya sido el primer presidente de la alternancia: Vicente Fox.

Ahora bien, como ha señalado Carlos Bravo, con el Pacto por México hemos visto nacer una “nueva escuela de oposición” que, aunque es diametralmente opuesta a la vieja escuela, resulta igual de estéril para la democracia. La nueva oposición tiene como estrategia básicamente no oponerse: decir “sí”, siempre. A esta corriente, que representa mejor que nadie el dirigente del PRD Jesús Zambrano, más que oposición debería llamársele “comparsa”. No actúa como contrapeso, no tiene un programa claro y tampoco fue beneficiada en las urnas por los electores; sin embargo, a cambio de votos en el Congreso y de subirse a la mesa de negociación, el Ejecutivo le ha brindado el oxígeno que no le otorgaron los electores —ni los militantes de sus propios partidos.

El problema adicional es que el surgimiento de esta nueva oposición/comparsa, muy bien portada dentro del Pacto, le ha dado nueva vida a lo que quedaba de la “vieja escuela”, que sigue presente en los legisladores afines al “calderonismo”, y en algunas de las posiciones del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, difícilmente defendibles desde la izquierda (pienso especialmente en la negativa en redondo a aumentar la recaudación, a pesar de la secular fragilidad fiscal del Estado mexicano).

Así, lejos de fomentar o posibilitar una verdadera oposición democrática, el Pacto por México ha favorecido a dos formas de oponerse que, aunque contrarias, son igual de desafortunadas. Al hacerlo, ha abonado también al proceso de desinstitucionalización de los partidos políticos, cuya división interna se profundiza. El resultado es el desdibujamiento de las alternativas dentro del marco representativo, donde difícilmente puede encontrarse un polo crítico.

Un acuerdo cupular

El Pacto por México integra al gobierno, a los tres partidos políticos más importantes del país (PRI, PAN y PRD), y a una empresa familiar (el Partido Verde Ecologista). Sin embargo, no incluyó al resto de las fuerzas políticas con presencia parlamentaria. Como escribe Jaime Cárdenas, tampoco sumó a las organizaciones sociales, ni existe en él representación de los estados que forman la federación mexicana o de sus municipios. La impronta centralista que se vuelve a dar a las propuestas de cambio queda manifiesta en la reforma educativa, que establece que el pago a los docentes de escuelas públicas se realizará desde el gobierno federal y no por los estados donde laboren, y en la iniciativa de creación de un Instituto Nacional Electoral que sustituya al actual IFE y elimine a los institutos electorales locales. El Pacto, que tampoco incluyó a los pueblos indígenas o perspectiva de género, es un acuerdo político poco representativo —poco incluyente. Por ello es que me parece válido cuestionar si un acuerdo así, que en opinión de algunos comentaristas está actuando como “un Congreso constituyente”, respeta los derechos de las minorías o la pluralidad.

El carácter cupular de este espacio de negociación puede rastrearse hasta su proceso de construcción: fruto de reuniones bilaterales entre los líderes del equipo de transición del presidente electo y los representantes de tres partidos políticos. El Pacto se diseñó así, a espaldas de la sociedad; los temas y el tratamiento que se les daría en el acuerdo se decidieron ahí, con un ex gobernador del PR —José Murat— fungiendo como anfitrión, y sin brindar siquiera una justificación a posteriori. Recuperando una frase de Cárdenas, “un acuerdo sin luz y sin taquígrafos”.

El vaciamiento funcional del Congreso

El Consejo Rector del Pacto por México es un órgano formado por algunos legisladores —pero también por políticos que en este momento carecen de legitimidad democrática. En él se decide cómo se llevarán a la práctica los compromisos estipulados en el acuerdo: define objetivos, establece calendarios, incluso elabora las iniciativas de ley. Esta amplitud de facultades entraña un riesgo que no es menor: el vaciamiento de sentido de la función del Congreso, como advierte Roberto Niembro.  A poco de que se piense, frente a un Consejo Rector donde se plantean, discuten y redactan las reformas, la función del parlamento mexicano se vuelve residual, casi protocolaria: limitada prácticamente a aprobar iniciativas previamente acordadas.

El problema para nuestra democracia es que se está sustituyendo una institución que bien puede criticarse por su déficit de representatividad y publicidad (el parlamento) por otra menos representativa aún, cuyas deliberaciones no tienen siquiera el sucedáneo de publicidad que brinda el canal de televisión del Congreso.

Si esto no ha provocado ningún escándalo es probablemente porque conecta con una corriente muy amplia de opinión para la cual la dinámica parlamentaria —que se supone plagada de intransigencia y miopía— ha sido el principal obstáculo para unas  reformas cuya invocación se ha convertido en un mantra. Para un conjunto de la ciudadanía (en el que incluyo a no pocos políticos), el país ha estado estancado durante los últimos años, básicamente desde que existe alternancia o un poco antes. Aunque se asuma esta idea como cierta, argumentar que su causa es la falta de “productividad” del Congreso es insostenible, pues reformas se han aprobado, y muchas: en los 15 años de gobierno dividido (1997-2012) se aprobaron 69 reformas constitucionales, 83% con los votos conjuntos del PRI, el PAN y el PRD, como explican María Amparo Casar e Ignacio Marván en una investigación reciente. La raíz del problema, que es real, hay que buscarla en otra parte.

Desde 1997, cuando el PRI perdió la mayoría legislativa, el Congreso había sido el centro de gravedad de la política mexicana. El Pacto por México parece haber modificado ya esta circunstancia, y si bien sus resultados aun no pueden juzgarse, su procedimiento es preocupante.

El Pacto como obstáculo

Desde diciembre pasado, Mario Arriagada observó que el Pacto por México podía tener implicaciones negativas en términos de cultura política. Apuntaba, con razón, al intento de normalizar la unidad y el consenso cuando en una democracia lo deseable es normalizar el debate y transparentar las razones detrás de las negociaciones y los acuerdos. No es la unidad la base de los acuerdos, sino al contrario: los acuerdos son los que crean la base de la unidad — y para eso hay mucho que discutir antes de firmar, y hay que hacerlo públicamente.

Participar en esa discusión pública cuando existe, y presionar para hacerla posible cuando no lo es, es un papel fundamental de la ciudadanía. De ahí la importancia de las reformas que posibilitan nuevos medios de participación, como las candidaturas independientes, la consulta popular y la iniciativa legislativa ciudadana. ¿Qué ha pasado con ellas? Fueron aprobadas en el Congreso en 2012, pero se encuentran inoperantes por falta de reglamentación, a pesar de que en agosto venció el plazo de un año que los legisladores tenían para generar esas leyes secundarias. Si esto no ha ocurrido es probablemente porque diputados y senadores están centrando su atención en la agenda del Pacto por México: el Congreso se ha plegado a los tiempos de este mecanismo informal de negociación y ha dejado de lado otros compromisos. En este sentido, la lógica del Pacto, sus efectos en el trabajo legislativo, podrían convertirse en obstáculos para el empoderamiento ciudadano y la ampliación de canales de participación. Y ese tampoco es un asunto menor.

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