Una ola de violencia sacude desde hace algunas semanas Sao Paulo, la ciudad más grande de América Latina. Al punto que muchos habitantes de la ciudad están cambiando sus hábitos, especialmente por las noches, cuando se producen la mayor parte de los enfrentamientos armados, en los que han muerto incluso menores sorprendidos en el fuego cruzado.
En lo que va de año han muerto asesinados 90 policías militares en Sao Paulo, lo que representa un 57 % más que en todo el 2011. Según la prensa local, hay una orden del Primer Comando de la Capital (PCC), uno de los principales grupos criminales del país, de atentar contra policías y grupos mafiosos rivales. Lo que ha desatado una guerra que, solo en el mes de octubre superó los 160 muertos. No es la primera vez que se da una guerra de estas características: hace seis años el PCC también desató el caos con una ola de asesinatos y motines carcelarios.
La situación es tan grave que el gobernador del estado, Geraldo Alckim, y la presidente, Dilma Rousseff, acordaron analizar una estrategia conjunta. Una de las posibilidades es que se traslade a prisiones federales, distantes y fuera del estado, a los dirigentes del PCC, que siguen dirigiendo las operaciones criminales desde la cárcel. La medida ya se probó en Río de Janeiro y las autoridades aseguran que dio resultado. Y también que el gobierno federal aporte informaciones de inteligencia.
En algunas favelas paulistas se encontrarían, además, integrantes de la otra gran banda criminal de Brasil, el Comando Vermelho, algunos de cuyos integrantes estarían siendo protegidos por el PCC, después de ser expulsados por la policía de Río de Janeiro. La policía paulista ocupó la semana pasada la mayor favela de la ciudad, Paraisópolis, donde detuvo a más de 3 decenas de personas acusadas de participar en asesinatos de policías, pero la violencia continúa.
Estos sucesos han destapado también indicios de la existencia de una guerra sucia. La organización Tortura Nunca Más, denunció que en Sao Paulo existen escuadrones de la muerte que están ejecutando delincuentes y el Ministerio Público Federal investiga esta posibilidad. En Río de Janeiro, sobre todo, existen las llamadas milicias, integradas por policías, bomberos y agentes penitenciarios, en actividad y retirados. En 2005 controlaban el 10% de las favelas de la capital carioca; hoy, según un estudio de la Universidad Estatal de Río, ya comandan el 41 %.
Las milicias fueron vistas en algún momento como un mal menor, al expulsar a los narcotraficantes. Pero la realidad es que se trata de bandas criminales que, en muchos casos, son ya responsables de más muertes que las provocadas por el tráfico de drogas. Y suponen un importante desafío al Estado brasileño. Son herederas de los grupos de exterminio social de décadas pasadas y de los escuadrones de la muerte de la dictadura.
Lo más curioso es que hasta ahora no había una legislación para castigar y combatir la pertenencia a grupos de exterminio o bandas paramilitares. Hasta ahora, solo había posibilidad de castigar los crímenes cometidos, no la pertenencia a estos grupos.
El vacío se cubrió al ratificarse una nueva ley que castiga con penas de entre 4 y 8 años de cárcel a sus integrantes.
Estas milicias cobran por protección a los habitantes supuestamente amenazados por los narcotraficantes, pero tienen otras fuentes de ingresos. Controlan, por ejemplo, el transporte informal, del que dependen todos los habitantes de la favela. Pero también cobran por las conexiones piratas a los servios de televisión por cable e internet. O la venta con sobreprecios de las bombonas de gas. Ahora, la actividad más en boga es el secuestro de familiares de narcotraficantes presos. Los pescan, incluso, en las puertas de los penales, antes o después de la visita a la prisión.
Pero las milicias no solo actúan en Río de Janeiro. Un informe del diario O Globo informa que este fenómeno está presente en al menos 11 de los 27 estados de Brasil. Un caso especial es el de Salvador de Bahía, donde una huelga de la policía estatal, a principios de año, acabó con 181 asesinatos en los 12 días de huelga. Unas 45 víctimas fueron ejecutadas con tiros en la cabeza con armas de grueso calibre, lo que sugiere que las milicias aprovecharon el caos provocado por la huelga policial para actuar con impunidad.
Lo que es todavía más preocupante es su relación con ciertos sectores del poder político y hasta judicial. En agosto del año pasado, causó conmoción el asesinato de la jueza Patricia Acioli, llevada a cabo por policías que eran investigados por integrar las milicias de Río. La jueza recibió 21 balazos a la puerta de su casa, después de una intensa labor de inteligencia por parte de los policías corruptos. Pero la infiltración en las filas políticas es muy anterior. Un caso emblemático fue el de Josinaldo Francisco da Cruz, más conocido como Nadinho, que encabezó las milicias en la Comunidad de Rio das Pedras, que llegó a ser candidato a concejal por el partido DEM (Demócratas), y que acabaría asesinado en 2009.
La revista Veja desveló hace poco el caso del ex concejal Cristiano Mathias Girâo, preso por asociación ilícita y lavado de dinero, que recibió en prisión una carta de Neuza María Correa, presidenta de la Asociación de Vecinos de la favela Garênia Azul, zona oeste de Río, en la que asegura haberse reunido con el subprefecto de la ciudad, Tiago Mohamed, que buscaba apoyo político en la favela.
Una investigación llevada a cabo en 2008 en Río por una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), llevó a prisión a más de 500 miembros de las milicias.
Desde 2008, distintas favelas de Río de Janeiro han sido pacificadas, con la expulsión de los traficantes y la presencia de las UPP (Unidades de Policía Pacificadora). Una política impulsada por los próximos acontecimientos deportivos que tendrán a Brasil como escenario: el Mundial de Fútbol (2014) y las Olimpiadas (2016).
