La “bolsonarización” del discurso oficial, sin embargo, tornó en contra de la inmigración, alejado del foco real de la discusión
El nuevo experimento neoliberal encabezado por Mauricio Macri cuenta con el apoyo de la elite a la que el presidente pertenece. El resto de los argentinos, entre ellos la clase media que le concedió su voto al líder de Cambiemos, se resiste ahora a soportar las consecuencias de una política económica que, en detrimento de las mayorías, beneficia sustancialmente a la minoría oligarca que ha recuperado el cobijo para su estatus.
La resistencia de quienes ya han corroborado cuáles eran las verdaderas intenciones por las que Macri deseaba la presidencia, torna en movilizaciones multitudinarias como la que se produjo esta semana, cuando el oficialismo consiguió la aprobación de la ley de presupuesto 2019, que prevé un fuerte ajuste fiscal, recortes brutales en educación y salud, la caída de la actividad y la entrega absoluta de la soberanía económica al organismo presidido por Christine Lagarde.
El costo de los 53.600 millones de dólares que recibirá Argentina incluye no sólo la pérdida de la soberanía económica, sino también la territorial, ya que en caso de incumplimiento con el organismo crediticio, lo que está en juego son los recursos naturales; una nefasta experiencia que ya vivieron Grecia e Indonesia. El apuro del oficialismo para sellar el presupuesto más austero de la democracia, estuvo monitoreado por el FMI, que siguió de cerca -desde su nueva oficina en la sede del Banco Central de Argentina- el tratamiento de ley que incluyó incidentes dentro y fuera del Congreso de la Nación.
La criminalización de la protesta social es la práctica que ha resucitado el oficialismo desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia argentina
La resistencia a un presupuesto que no es otra cosa que un genocidio social, es la respuesta de quienes se niegan a aceptar los condicionamientos impuestos por un gobierno que sólo apuesta al endeudamiento, que no cree en el Estado, y en cuyas manos la democracia ha sufrido una notable baja de intensidad. Nunca antes, desde la recuperación de la democracia, se militarizó el Congreso para garantizar la aprobación de un presupuesto. No es casual que el gobierno haya previsto un notable incremento en el presupuesto destinado a equipamiento para las fuerzas de seguridad, mientras lo disminuye en salud y educación. Las medidas económicas del neoliberalismo sólo cierran a fuerza de balas y palos que reciben quienes manifiestan su postura ante medidas que atentan contra los derechos fundamentales.
Todo vale para acallar las voces críticas. La criminalización de la protesta social es la práctica que ha resucitado el oficialismo desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia argentina. El gobierno ataca permanentemente. Y lo hace mintiendo, difamando, demonizando a cualquiera que se atreva a poner en duda lo que se decide puertas adentro de la Casa Rosada, siempre de espaldas a la gente. Con la connivencia de las corporaciones mediáticas y de la Justicia el gobierno intenta acallar las voces de quienes denuncian las prácticas antidemocráticas que ya han sido observadas por organismos internacionales de derechos humanos.
La represión es la metodología a través de la cual se impone en el neoliberalismo. A sabiendas de esto, el gobierno argentino ha sofocado todas y cada una de las manifestaciones que se han sucedido desde 2015 a la fecha. Los medios del poder hacen su parte, justificándola mediante la estigmatización de los trabajadores, los docentes, los jubilados y hasta los discapacitados.
La última y feroz represión tuvo lugar el pasado miércoles, cuando el oficialismo se apresuraba a firmar el presupuesto 2019, considerado por especialistas como “el certificado de defunción de Argentina”. Las fuerzas de seguridad respondieron con balas de goma a los manifestantes, incluyendo a un ciudadano de origen turco y dos venezolanos que no formaban parte de los reclamos. Las voces de los futuros Bolsonaros argentinos no tardaron en hacerse escuchar. El Senador Miguel Pichetto exigió la deportación inmediata de los detenidos inmigrantes, mientras que el Ministro Rogelio Frigerio alentó la agilización de los trámites de expulsión. Ambos funcionarios, nietos de inmigrantes, construyeron la versión de “delito” sin previa investigación; mientras que los medios hegemónicos dedicaron la jornada a expresar su más visceral xenofobia, desviando de esta manera el foco de atención de un presupuesto criminal que pagarán las clases más desfavorecidas del país.
En esta “bolnarización” del discurso oficial, los medios del establishment hicieron hincapié en la “necesidad de deportar a los inmigrantes que delinquen”, excluyendo, por supuesto, los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, contrabando agravado, entre otros, cuyo autor es el presidente Mauricio Macri, y su padre, Franco, llegado al país desde Italia hace 70 años.
