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lunes. 03.10.2022
CRÓNICAS DE AMÉRICA LATINA | JAVIER M. GONZÁLEZ

Cristina Fernández disolverá los Servicios de Inteligencia

En la primera cadena nacional tras la muerte del fiscal Nisman, involucra a Clarín en la tragedia.

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@jgonzalezok / En su primera aparición pública tras la muerte del fiscal Nisman, Cristina Fernández usó la cadena nacional para anunciar que enviará al Congreso un proyecto para disolver los Servicios de Inteligencia (SI), que se encuentran en medio del terremoto político que supuso la muerte del fiscal y el caso AMIA, el atentado antijudío de hace 21 años que Nisman investigaba. La cúpula del organismo había sido remodelada el pasado mes de diciembre, y la presidente había puesto al frente a Oscar Parrilli, uno de sus hombres de mayor confianza.

Dado que el Congreso está en vacaciones por el verano austral, se convocarán sesiones extraordinarias para tratar el proyecto. En lugar de los SI, habrá una Agencia Federal de Inteligencia y se transferirá la totalidad del sistema judicial de escuchas telefónicas al Ministerio Público Fiscal, en este caso a la controvertida Alejandra Gils Carbó, la titular de la Procuración General de la Nación. La nueva agencia de inteligencia trabajará en la prevención de amenazas internacionales procedentes del terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas y los ciberdelitos. Los titulares de la nueva Agencia Federal de Inteligencia, que deberán ser ratificados por el parlamento, tendrán un mandato de cuatro años, por lo que el futuro gobierno los heredaría.  

Las nuevas facultades que tendrá la Procuración General de la Nación, en lo relativo a las escuchas telefónicas, han sido fuertemente criticadas por la oposición, ya que el organismo depende directamente del Poder Ejecutivo. Y su titular, Alejandra Gils Carbó, es una asumida militante kirchnerista. El diputado Ernesto Sanz (UCR), afirmó que la presidente no puede victimizarse porque todo lo que está pasando es responsabilidad del propio gobierno, añadiendo que “este gobierno tiene una concepción del servicio de inteligencia para espiar, hacer operaciones, para hacer las cosas más inverosímiles y más cercanas al delito”.

El ex vicepresidente Julio Cobos (precandidato presidencial por el Frente Amplio-UNEN), denunció por su parte que la cuestión central es la denuncia de Nisman y el acuerdo con Irán. Y que si hay que replantear la cuestión, sea de manera integral, recordando que el servicio de inteligencia del Ejército está a cargo de un comandante sospechado de delitos de lesa humanidad, en referencia al general César Milani. 

Refiriéndose a los servicios de inteligencia, conocidos popularmente como la SIDE, -el nombre que tuvo hasta el 2001-, la presidente afirmó: que “evidentemente, no ha servido a los intereses nacionales”. La disolución de este organismo, añadió, era una deuda de la democracia. “Hemos visto una suerte de calesita (carrusel) permanente de fiscales, jueces y medios de comunicación que evidentemente ha quedado al descubierto y que hay que cortar de cuajo”.

Llama la atención que la presidente diga que los servicios de inteligencia han actuado históricamente bordeando la legalidad, sino vulnerándola, ya que en estos años fueron numerosos los casos de carpetazos contra opositores.

Una investigación reciente de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), titulada El (des)control democrático de los servicios de inteligencia, señalaba que la actividad de inteligencia en Argentina “goza de inaceptables grados de autonomía que implican un riesgo para los derechos de los ciudadanos y las instituciones democráticas. Están amparados por un grado de secretismo excesivo”.

La SI se ha convertido en un grupo de presión que ha puesto en jaque a más de uno de los presidentes de la democracia, señaló este mismo informe. Al mismo tiempo afirma que “los gobiernos democráticos no han sabido o querido establecer controles efectivos y los servicios de inteligencia se convirtieron en una parte esencial del poder presidencial en la Argentina”.

La opacidad es tal que, de hecho, no se sabe cuántos empleados tiene –aunque La Nación consultó con varias fuentes y calculó unos 2.000-, y no tiene un organigrama público. La muerte del fiscal Nisman puso al descubierto la existencia de agentes que operan por fuera del organismo.

La Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, integrada por siete senadores y siete diputados, era el único control sobre estos organismos, previsto por la Ley Nacional de Inteligencia. Esta comisión, que en la última etapa presidió la kirchnerista Teresa García, se reunió en muy escasas ocasiones. Y entre 2007 y 2012 solo logró concretar cinco dictámenes.

En su discurso, la presidente no hizo referencia al que consideran en el gobierno el principal enemigo interno, el ex jefe de Operaciones, Jaime Stiusso, desplazado el pasado mes de diciembre después de décadas siendo el principal agente del organismo. Pero Cristina Fernández habló de ex agentes que promovieron “desde dentro de las oficinas del gobierno” denuncias penales contra su persona. Se refería, por ejemplo, a la denuncia que presentó el fiscal Nisman el pasado 14 de febrero, con elementos suministrados por los servicios de inteligencia, de que hubo un plan criminal para encubrir a los iraníes sospechosos del atentado contra la AMIA.

La presidente usó los mismos argumentos que aprobaron el pasado jueves en el Consejo del Partido Justicialista. No podía ser de otra manera ya que el documento llegó escrito desde la Casa Rosada, para disgusto de algunos de los dirigentes del partido. La mandataria dijo que después de que se firmó el memorándum con Irán, aprobado por el Congreso el 27 de febrero de 2013, comenzaron a producirse denuncias en su contra con la complicidad de fiscales, jueces, denunciadores anónimos y periodistas. Denuncias que calificó de absurdas.

Cristina Fernández apareció en silla de ruedas, ya que se fracturó el tobillo hace unas semanas, desde la residencia presidencial de Olivos. “A mí no me van a extorsionar, a mí no me van a intimidar, no les tengo miedo”, afirmó, señalando que está dispuesta a ser citada por el juez para explicar el pacto con Irán y otras denuncias.

En su mensaje apuntó a Diego Lagomarsino, el colaborador del fiscal Nisman que le prestó la pistola que acabó con su vida. La fiscal que está interviniendo en el caso ya lo imputó por el hecho. Puede ser condenado por haber facilitado el arma, pero no por el asesinato, a no ser que surjan nuevas evidencias. Pero lo presidente hizo una arriesgada interpretación para seguir con las teorías conspirativas que sostiene desde hace años. “Esta persona (por Lagomarsino) es, además, un feroz opositor al gobierno, lo advertimos por su cuenta de Twitter, la cantidad de groserías e insultos. Esos agravios, casi con un contenido machista, están dirigidos a la Presidenta de la República”. Lo más insólito, no obstante, es que pretende involucrar al Grupo Clarín en el asesinato, con el argumento de que un hermano de Lagomarsino trabaja en un estudio jurídico que tiene como cliente al grupo mediático. 

En su discurso, Cristina Fernández dijo también que Clarín no había publicado completa la primera carta que hizo pública a través de Facebook, tras la muerte de Nisman. En concreto, aseguró que dicho medio había omitido el párrafo en el que usó la palabra suicidio entre signos de interrogación. Inmediatamente la página Web del diario reprodujo la página 12 de la edición del 20 de enero, donde se puede ver que dicho párrafo estaba en la información.

El dirigente kirchnerista Luis D´Elía, uno de los principales acusados por el fiscal Nisman en el plan para encubrir a los iraníes, también rompió el silencio que mantenía desde la denuncia. A través de Twitter apoyó la denuncia de la presidente de la relación de Lagomarsino con Clarín. 

Cristina Fernández disolverá los Servicios de Inteligencia