El decreto de Macri modifica otro del gobierno anterior, en el que se acotaba el papel de los militares a la defensa frente a la agresión de un estado extranjero
@jgonzalesok | El gobierno argentino de Mauricio Macri acaba de modificar por decreto los cometidos de las Fuerzas Armadas, disparando una polémica con la oposición que alerta que los militares podrían ser utilizados para reprimir la protesta social. La controversia se ve redoblada por el recuerdo del pasado, cuando los militares actuaron en la seguridad interior, fueron actores políticos de primer orden y encabezaron dictaduras tan crueles como la de 1976-1983.
El decreto de Macri modifica otro del gobierno anterior, en el que se acotaba el papel de los militares a la defensa frente a la agresión de un estado extranjero. Ahora, habrá una “colaboración de las tres fuerzas armadas en tareas de seguridad interior, brindando apoyo logístico en la zona de frontera, interviniendo frente a la prevención de eventos de carácter estratégico”, según definición del presidente argentino.
También se establece que las Fuerzas Armadas serán usadas en caso de agresiones de origen externo, no haciendo mención a fuerzas armadas de otro estado. Lo que habilita a que intervengan en casos de terrorismo internacional. La otra modificación importante es que, a partir de ahora, cooperarán en la lucha contra el narcotráfico, que en los últimos años se ha incrementado de forma alarmante en el país. Son escenarios nuevos en todo el mundo, cuando la Guerra Fría es ya un recuerdo y la nefasta Doctrina de Seguridad Nacional, que justificó tantos golpes de Estado en el continente, también forma parte del pasado.
No obstante, la oposición -kirchneristas, izquierda y organismo de derechos humanos- reaccionó con fuertes críticas. El exministro de Defensa del gobierno anterior, Agustín Rossi, exigió que el tema se discuta en ámbito parlamentario: “Desde 1983 es una política de Estado en nuestro país separar la Defensa Nacional de la Seguridad Interior. Involucrar a las FFAA en asuntos de narcotráfico es ilegal. En países como México, Colombia, Brasil, fracasó y se revé esa decisión”.
Pero la fuerza de Gendarmería, que es la encargada de custodiar los 9.376 kilómetros de frontera, tiene el 60% de sus efectivos en el conurbano bonaerense y otros lugares calientes por la inseguridad, desde que así lo decidió el gobierno anterior. Y ninguna de las fuerzas de seguridad tiene radares y los medios de transporte necesarios para combatir el narco. Las fronteras, tanto las terrestres como las fluviales y aéreas, son un coladero que hace sumamente fácil la llegada de la droga a la Argentina.
La posibilidad de que las nuevas normas permitan al gobierno usar al ejército para reprimir las protestas sociales, como dijeron muchos opositores en las últimas horas, ha sido desmentida por el gobierno. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, aseguró que los militares no intervendrían en conflictos sociales ni iban a patrullar las calles. Los militares, añadió, deben adecuarse para actuar frente a las nuevas amenazas, como el narcoterrorismo.
Diversas organizaciones han hecho un llamamiento para manifestarse ante el ministerio de Defensa este jueves. Las protestas de parte de la oposición se olvidan convenientemente que los gobiernos anteriores, de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, ya utilizaron a los militares en misiones parecidas a las que ahora alude el gobierno de Macri. Hubo, por ejemplo, la operación Escudo Norte (2011), que fue un plan del gobierno de entonces para combatir el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando en la frontera norte, donde colaboraron las fuerzas de seguridad y los militares (Gendarmería, Policía Federal, Prefectura Naval, Ejército y Fuerza Aérea). Los militares aportaron aviones, helicópteros y radares, si bien no podían detener sospechosos. Y antes estuvo el Operativo Fortín (2007), por el cual el Ejército y la Fuerza Aérea ya aportaron los medios de vigilancia, también en la zona norte, con información que se pasaba a las fuerzas de seguridad.
Pero, además, el gobierno de los Kirchner acabó con la profesionalización del Ejército, alcanzada con grandes dificultades con la recuperación de la democracia, en 1983. El general César Milani, que fue el último jefe del Ejército de Cristina Fernández, hoy preso preventivo y acusado de crímenes de lesa humanidad, montó entonces un importante aparato de inteligencia que puso al servicio del gobierno, contrariando la prohibición de hacer inteligencia interior. Durante su mandato, el personal civil de Inteligencia Militar se multiplicó por cuatro, “sin que quedaran precisiones sobre las funciones de estas personas y la pertinencia de su contratación”, según el informe El estado del Estado, que hizo público el gobierno de Macri poco después de asumir.
Y al asumir el cargo de Jefe del Ejército, el 3 de julio de 2013, Milani se dirigió directamente a Cristina Fernández para decir: “Señora presidenta, sepa de mi compromiso y el de todo el ejército con las políticas de transformación emprendidas por usted”. Después de declarar su adhesión al “proyecto popular”, y de ser bendecido hasta por Hebe de Bonafini –a pesar de las sospechas sobre su responsabilidad en la desaparición de un soldado a su cargo durante la dictadura-, quedó claro que cumplió tareas para el gobierno en un área prohibida, como es el espionaje interior. La entonces presidente, ratificó por cadena nacional su intención de “incorporar a las Fuerzas Armadas al proyecto nacional”.
Otro antecedente controvertido es el conocido como Proyecto X, programa de espionaje de la Gendarmería, que se conoció en octubre de 2011, cuando organismos de derechos humanos y trabajadores en huelga de la empresa Kraft Food, denunciaron que la fuerza –teóricamente dedicada a la custodia de las fronteras nacionales- almacenaba información obtenida de forma clandestina e ilegal. El delegado, Javier Hermosilla, denunció que los gendarmes se infiltraban en las movilizaciones y cortes de ruta y que, con esas pruebas, les iniciaban después causas penales. No solo eso, la Gendarmería almacenaba información de tipo personal y realizaba informes y análisis de tipo político.
La entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, confirmó la existencia de una Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales, hasta entonces desconocida, que tenía su base en Campo de Mayo. No obstante, Garré aseguró que el programa no contemplaba espionaje ilegal. En una conferencia de prensa en febrero de 2012 definió el proyecto como “un software requerido por jueces de todo el país”, cuya aplicación había sido solicitada hasta ese momento en 285 causas judiciales. También aseguró que este proyecto tenía su origen en el 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, siendo Miguel Ángel Toma secretario de Seguridad.
Pocos días después se pasó a retiro a 19 comandantes de Gendarmería, aunque mantuvo al titular. Aunque se presentó como parte del proceso de ascensos de la fuerza, nadie duda que estuvieron relacionados con el escándalo.
