La expresión de barbaridades en el Congreso de los Diputados se está convirtiendo en un test sobre el valor que le damos a la verdad. Me explico: hace unos días, una diputada insultó gravemente a otra en sede parlamentaria y el diputado que, en ese momento, presidía la sesión, ordenó que el insulto no constara en el acta de la sesión.
Instantes después, la diputada, y ministra, insultada, Irene Montero, de Unidas Podemos, pidió que se incorporaran al acta las palabras de la insultadora, Carla Toscano, de VOX, con objeto de que "se pueda recordar la violencia política y las que la ejercen", es decir por un motivo utilitarista, tan convincente como el de los del bando contrario que, no solo no han retirado sus disparatadas palabras, sino que las han reafirmado a través de otros portavoces por lo que demuestran su deseo de pasar a la posterioridad diciendo cosas como esas.
No tengo una respuesta clara para algunas de esas preguntas, pero si la opinión de que todo, absolutamente todo, lo que ocurre en un parlamento democrático debe ser reflejado en un acta, por mucho que el presidente de la sesión decida que no conste o, incluso, que un parlamentario diga que retira lo que acaba de decir
En este momento desconozco si las palabras de Toscano se van a incorporar al acta de la sesión o no, pero lo que me parece sorprendente es que no se refleje en ese acta todo, absolutamente todo, lo que sucede en cada sesión. Eso, significa que, por tanto, hay quien, con la autoridad de la presidencia de la cámara puede censurar determinadas expresiones.
Es verdad que esa conducta de la presidencia está respaldada por el Reglamento del Congreso. Tanto el artículo 31 que regula las competencias de la presidencia, como el 65, que no obliga a que las actas contengan la totalidad de lo ocurrido, justifican que el acta "contenga una relación sucinta" de lo que ocurra y que, obviamente, sea la presidencia quien, con sus competencias en la dirección del debate resuelva lo que estime más conveniente para ello. De acuerdo, no se puede acusar de falsificar un documento público a nadie porque no se refleje todo, todo, lo que ocurre en cada sesión.
Pero también es verdad que, siendo públicas las sesiones plenarias y estando seguidas por los medios de comunicación, resulta un poco naif censurar en el acta una parte del debate que, precisamente, ha sido la más divulgada por esos medios de comunicación.
¿Es que alguien cree que la señora Toscano va a pasar a la historia como un ejemplo de moderación o tolerancia?. ¿O ese señor, también de Vox, que retaba a la izquierda enseñándoles el pecho y la espalda mientras apoyaba las palabras de su compañera de partido?. ¿Y que, esas declaraciones, vayan a dejar de producirse por el hecho de que no se reflejen en el acta?. ¿No será lo contrario, que no teniendo ni el mínimo freno de un posible sentimiento de vergüenza futura aumenten la ignominia de sus palabras?.
Porque, puestos a censurar, también se podría haber hecho con la entrada de Tejero en el Congreso aquel 23 de febrero de 1981. Como si no hubiera ocurrido. Eso sí que fue impúdico.
No tengo una respuesta clara para algunas de esas preguntas, pero si la opinión de que todo, absolutamente todo, lo que ocurre en un parlamento democrático debe ser reflejado en un acta, por mucho que el presidente de la sesión decida que no conste o, incluso, que un parlamentario diga que retira lo que acaba de decir. Porque, la verdad es la verdad lo diga Agamenon o la presidencia del Congreso de los Diputados.
El pudor o la corrección en las formas pueden justificar una reacción inmediata de quien tiene la potestad de censurar un acta, pero no debe impedir que la verdad, toda la verdad, de lo que se dice en el parlamento sea recogida en las actas oficiales de sus sesiones. También puede pensarse que, reduciendo la violencia verbal, se dificulta la otra pero, a lo mejor, es mas de aplicación el dicho popular de que es preferible que se les vaya la fuerza por la boca. Y, en todo caso, aplicar la técnica del avestruz en un acta parlamentaria para intentar reducir un clima de violencia resulta bastante inútil cuando, hay que repetirlo, los medios de comunicación difunden con mas eficacia lo que pasa en las cortes que el Diario de Sesiones, cuya audiencia es menor que cualquier digital.
Porque, las leyes de memoria histórica del futuro no tendrán tan difícil como las actuales reconstruir la verdad y, para los historiadores de mañana, es posible que esa señal de pudor parlamentario solo sirva para arrancarles alguna sonrisa condescendiente.
Y vuelvo a repetir que desconozco si las palabras de Toscano terminaron en el acta, o no. Pero me refiero a la posibilidad estatutaria del Congreso de que puedan ser suprimidas. Porque, puestos a censurar, también se podría haber hecho con la entrada de Tejero en el Congreso aquel 23 de febrero de 1981. Como si no hubiera ocurrido. Eso sí que fue impúdico.
