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UGT Madrid considera "gravísimo" el contenido de las informaciones conocidas sobre el hospital público de Torrejón, gestionado mediante concesión privada a Ribera Salud, donde según distintas grabaciones se habría ordenado reducir intervenciones y limitar la atención a ciertos pacientes para mejorar los resultados económicos de la empresa. Para el sindicato, "esta noticia confirma un riesgo que viene denunciando desde hace años: cuando la sanidad pública se gestiona bajo criterios empresariales, el beneficio puede imponerse a la salud de las personas".
El sindicato subraya que no se trata de un caso aislado ni de una anécdota, sino de una forma de gestión que ha permitido que la empresa que administra un hospital público pueda decidir qué pacientes atender, qué tratamientos priorizar y qué actividad reducir en función de lo que resulte más rentable. “Cualquier instrucción que implique retrasar operaciones, rechazar pacientes o limitar tratamientos porque generan coste, es incompatible con el derecho a la salud y con los valores éticos que deben regir un sistema sanitario público”, señala.
Según el sindicato, "estas revelaciones resultan especialmente indignantes porque afectan a un hospital que atiende a decenas de miles de vecinos y vecinas y que debería estar gestionado con criterios clínicos y sociales, no económicos", y añade que "no se puede permitir que un hospital público funcione como una empresa que decide qué pacientes son ‘convenientes’ y cuáles no. La ciudadanía no es una cartera de clientes, es una población con derechos”.
Al mismo tiempo, el sindicato recuerda que estos hechos se producen en un contexto de deterioro generalizado del sistema público. “Mientras se conocen decisiones para reducir actividad y dejar de atender a ciertos pacientes en un hospital público concesionado, se eliminan turnos y se mantienen plantillas insuficientes”, denuncia la organización.
UGT Madrid advierte de que el deterioro del sistema público tiene efectos medibles: un aumento notable de seguros médicos privados en la región, que no es casual. “Si lo público no funciona, quienes pueden pagar se marchan. Quienes no pueden, esperan. Esto genera desigualdad y vulnerabilidad”, afirma el sindicato.
