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Dentro de un mes se cumplirán veinticinco años del asesinato de Ernest Lluch por la banda criminal ETA, ese insulto a la inteligencia y a la razón que intentan mantener vivo los patriotas de la derecha más cafre de Europa pese a que lleva quince años derrotada y enterrada. Lluch fue el autor de la Ley General de Sanidad, la que la universalizó como derecho de todos los españoles. Lluch, que era un gran tipo, abandonó el ministerio cuando quería que los médicos eligiesen entre pública y privada, es decir acabar con ese cáncer de la Sanidad Pública que es el parásito particular al que muchos especialistas dedican más tiempo y simpatía que al que los formó y les permitió convertirse en tales. La presión de los colegios profesionales, el corporativismo y los intereses creados con las clínicas que hoy pretenden llamarse hospitales, exigieron su cabeza y Felipe González se la puso en bandeja tal como Judith hizo con Holofernes. Fue por el mismo tiempo, creo recordar, en que el diestro de Dos Hermanas aprobó las leyes que auspiciaron el renacimiento de la enseñanza concertada confesional en España.
Ernest Lluch fue el autor de la Ley General de Sanidad, la que la universalizó como derecho de todos los españoles
Durante aquellos años se reforzó la Sanidad Pública como nunca antes de había hecho. El sistema fue creciendo de tal manera que en unos años absorbió a los veinte mil médicos que había en paro procedentes de un tiempo en el que no había notas de corte para entrar en la Facultad. Sin embargo, aquel impulso fabuloso que llevó a nuestro sistema de salud a convertirse en uno de los mejores del mundo, comenzó a fallar por dos cuestiones primordiales, uno la financiación que MUFACE dio a las clínicas particulares mediante convenios anuales que permitieron su expansión por todo el territorio; otro, la imposición de notas de corte altísimas en todas las facultades de Medicina del país, notas que todavía siguen vigentes pese a la falta de facultativos de todas las especialidades. Cuando los gobiernos derechistas decidieron comenzar las privatizaciones y externalizaciones masivas de servicios médicos, ya existía una infraestructura mínima en las clínicas utilizadas por mutualistas y particulares, infraestructura que se fue ampliando mediante la entrega de miles de millones a empresas sanitarias como Quirón Salud, una de las mayores beneficiarias de la Comunidad de Madrid y empresa clave en el proceso de privatización general de la salud de los españoles.
No creo que haya que ser demasiado despabilado para comprender que las empresas privadas no acuden allí donde no hay beneficios, es decir, que si hay que tratar un cáncer o un proceso cardiaco agudo y largo no quieran saber nada de él y lo deriven a la Sanidad Pública, que debido a la Ley General de Sanidad ha de tratar todas las enfermedades que aquejen a los ciudadanos españoles. De ese modo la privada se haría con aquellos casos que son rentables en el cómputo general y la pública de los que generan pérdidas en cualquier caso. Sin embargo, el modelo está haciendo aguas, los centros de salud y los hospitales del Sistema Nacional de Salud están colapsados porque hay menos médicos y enfermeros por cada cien habitantes que hace veinticinco años pese a tener que atender a una población mucho más envejecida; los centros concertados ya no son lo que eran, sino que también dan citas a largo plazo y la gente se amontona, quedando sólo la medicina privada fetén, que es aquella donde cualquier acto médico se paga mediante dinero en metálico, nunca en tarjeta ni cualquier otro medio que deje constancia de su paso por allí, por favor.
¿Qué partidos son los que han propiciado el desmantelamiento progresivo de la institución más querida por todos?
Claro que sí durante más de treinta años -los que van desde la aprobación de la Ley General de Sanidad en 1986 hasta la crisis ladrillero-financiera de 2008, en la que Mariano Rajoy y las Comunidades Autónomas impusieron unos recortes salvajes al Sistema Nacional de Salud-, los españoles gozamos de una magnífica asistencia sanitaria que se identificaba con los avances del régimen democrático con que nos habíamos dotado, qué sucede ahora cuando si necesitas que te vea el médico de cabecera te dan cita para quince o veinte días, es decir para cuando la enfermedad haya desaparecido por sí sola o cuando te hayas muerto; qué ocurre cuando te tienen que operar de una afección grave y te dicen que no podrán hacerlo hasta que pasen cinco meses o que te pases por mi consulta privada. ¿A que atribuimos esa degradación intolerable de un sistema que fue ejemplar y ahora es incapaz de atender mínimamente la salud de los españoles? ¿Qué partidos son los que han propiciado el desmantelamiento progresivo de la institución más querida por todos? ¿Qué persiguen quienes con el respaldo del voto de muchos ciudadanos se han dedicado durante las últimas décadas a privatizar servicios, construir hospitales para dárselos a multinacionales y crear espantosas listas de espera en las que mueren o ven agravadas sus patologías muchos ciudadanos?
Si la democracia es incapaz de ofrecer una asistencia sanitaria que cuide de la salud de los españoles como lo hacía hace quince años, es que quienes la dirigen desde las Comunidades Autónomas, con competencia absoluta en la materia, quieren una transformación radical del sistema que excluya del mismo a quienes menos recursos tienen, quedando éstos tal como sucede en Estados Unidos en manos de servicios parecidos a la antigua beneficencia, donde médicos muy voluntariosos tratarán como mejor puedan pero sin medios a quienes no tengan otra oportunidad. Se trata de crear una Medicina de Clase, ni más ni menos, un sistema en el que los mejores profesionales atiendan a los que más dinero tengan, a los que puedan pagar a toca teja las cantidades exigidas por la empresa sanitaria de turno, quedando el resto de la población a merced del voluntarismo y la suerte.
Se trata de crear una 'Medicina de clase', un sistema en el que los mejores profesionales atiendan a los que más dinero tengan
Según anuncian todas las encuestas, nos disponemos a votar gobiernos de ultraderecha en todo el continente. La derecha y la ultraderecha, que hoy tienen fronteras muy difusas, son las responsables de las privatizaciones de todos los servicios públicos, entre ellos los educativos, los sanitarios y los que atienden a la vejez. El modelo a seguir en Sanidad es el mismo que el aplicado a los viejos, que cada cual se pague la residencia que pueda, que cada palo aguante su vela, que a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Y eso, nada tiene que ver con la democracia, sólo con el clasismo y con el desmantelamiento de los derechos universales que forman parte de su esencia. Privatizar la Sanidad y la Educación, negar el derecho de todo ciudadano a una vivienda digna, tal como ordena la Constitución del 78, es negar la Democracia, es caminar hacia el desmantelamiento del Estado del Bienestar, hacia un régimen autoritario en el que primen los derechos de los más poderosos y depredadores sobre los de la inmensa mayoría. No hay democracia sin una Sanidad Pública que trate a todos los ciudadanos con los mismos medios, no hay democracia si la Ley defiende con más eficacia los beneficios de los especuladores que los de los enfermos, que los de quienes no tienen casa o los que no pueden ni quieren corromperse.
