No pretendo tener la misma actitud que las derechas, de criticar al Gobierno de coalición progresista por los últimos acuerdos alcanzados con partidos independentistas o nacionalistas en materia de Emigración o Seguridad Social, cuando todavía ni siquiera tienen carácter de propuesta normativa y no se sabe cuándo y cómo van a ser tramitados en las Cortes.
Más aún, teniendo en cuenta los muy diferentes matices e interpretaciones que están haciendo las partes, Gobierno, Junts y PNV, sobre lo que realmente han pactado, sería irresponsable por mi parte adoptar una posición descalificadora total.
Pero dicho esto, el ser prudente no debe impedir posicionarse con claridad sobre ambos temas, de enorme trascendencia para nuestro sistema de protección social e incluso para nuestras políticas de convivencia y cohesión social.
Debo recordar que ya desde los primeros años de la democracia, el PNV ha venido planteando la transferencia de las competencias de Ingresos y Gastos de la Seguridad Social, es decir de las cotizaciones y de las pensiones y otras prestaciones económicas. Los sucesivos gobiernos de izquierda y derecha, contando en este caso con el inequívoco respaldo de sindicatos y patronal, se han opuesto, alegando los perniciosos efectos que tendría lo que se ha denominado “ruptura de la caja única de la Seguridad Social”.
Es evidente que el nuestro es un país muy heterogéneo económica y socialmente. Son muy distintos los niveles de empleo, la tipología del empleo, las retribuciones salariales, el tiempo de permanencia en el mercado de trabajo, la participación de las mujeres en el empleo, las características de las empresas, etc. etc. Hay notables diferencias entre el País Vasco o Navarra o Madrid o Cataluña y Canarias, Extremadura, Galicia o Castilla y León. Por ello las pensiones son muy diferentes entre unos territorios y otros, lo que se acentúa si introducimos el factor género.
Es también muy conocida la enorme influencia que tiene el sistema de pensiones en la distribución de la renta territorial y también sus efectos anticrisis en el conjunto de las familias. Las pensiones han jugado y están jugando un papel muy positivo a la hora de hacer frente a las sucesivas crisis económicas, al retraso en la incorporación de los jóvenes al empleo, en paliar la precariedad de los hijos o en compensar parcialmente los déficits de las políticas de apoyo a las familias.
La Seguridad Social es el primer instrumento de equilibrio y cohesión social en nuestro país
Por eso los expertos y gestores de nuestro sistema de protección social, siempre han puesto de relieve que la Seguridad Social es el primer instrumento de equilibrio y cohesión social en nuestro país y el que más ha contribuido a la reducción de la pobreza de la población mayor de 65 años (más del 20% de la población).
La ruptura de la caja única tendría como efecto fundamental el retroceso en ese proceso de cohesión social.
En otras palabras, los perceptores de pensiones y prestaciones de la Seguridad Social del País Vasco, Navarra, Madrid o Cataluña, es posible que mejorasen paulatinamente sus pensiones (también en función de la revalorización periódica de las mismas que hicieran los respectivos gobiernos autonómicos) y los perceptores de Canarias, Galicia, Extremadura, Murcia, Castilla y León, etc. verían progresivamente estancarse sus prestaciones.
Esa transferencia que pide el PNV y que a buen seguro pedirán también otros partidos independentistas, es por tanto nítidamente insolidaria y antisocial, razón por la que los sindicatos, insisto, siempre nos hemos opuesto.
Cuestión distinta es que se articule la participación autonómica en la gestión de la Seguridad Social, para mejorar y agilizar su funcionamiento, para dar toda la transparencia que se considere necesaria. Ello supondría, lógicamente, que la normativa básica de cotización y pensiones y prestaciones seguiría siendo materia exclusiva del Estado, que en todo caso necesita tanto en las leyes presupuestarias anuales como en las diversas reformas normativas, su tramitación y aprobación por las Cortes Generales y por ello la necesidad y conveniencia de su negociación y pacto entre los grupos parlamentarios.
Por último, no podemos obviar que una ruptura de la caja única, con toda probabilidad sería recurrida al Tribunal Constitucional por gobiernos autonómicos o por el PP, y es bastante probable que el Constitucional la invalidara.
En lo que se refiere a la transferencia de las políticas de inmigración aparentemente pactada con Junts (y que acaba de pedir el PNV), es aun mas confuso lo que al parecer han acordado.
Lo primero que tengo que comentar es que no sabe bien Junts en que “berenjenal” se están metiendo y también, aunque menos, el PNV (porque en el País Vasco hay menos presión migratoria).
Si hay una política “ingrata”, conflictiva, bastante irresoluble es la relacionada con la inmigración
Si hay una política “ingrata”, conflictiva, bastante irresoluble (que se lo pregunten al gobierno de extrema derecha de Italia) y generadora de tensiones por todas partes, es la relacionada con la inmigración.
La inmigración y muy en especial la irregular y muy en particular en territorios que tienen muchos kilómetros de costa (como es el caso de Cataluña, que además tiene larga frontera con Francia, país con intensa presión migratoria), no tiene “arreglo” meramente represivo y menos aún a corto plazo.
La política migratoria tiene a su vez varias facetas: control de fronteras o de zonas de entrada irregular; aplicación de medidas de atención inmediata para quienes estén en situación de alto riesgo de salud; devolución a sus hipotéticos lugares de origen; atención a menores solos o familias con menores o mujeres embarazadas; tramitación en determinados casos de regularización, control de posibles infiltraciones terroristas… En resumen políticas policiales, políticas sociales y políticas de relaciones interterritoriales e internacionales.
Cuando la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea, incluidos los gobiernos de derechas y hasta de extrema derecha, no han conseguido frenar y menos aún encauzar e integrar las avalanchas de la inmigración, ni a gran escala continental ni a escala nacional, parece que los listos de Junts lo conseguirían gestionando las competencias.
¿Veremos a los “Mossos D’Escuadra” patrullando con barcos las costas mediterráneas? ¿Veremos a los flamantes embajadores de la Generalitat ir a Marruecos, Libia, Argelia, Senegal… a negociar medidas de contención de los flujos a cambio de beneficios económicos para esos países? ¿Veremos a los Mossos subiendo a los trenes o autobuses que entren en Cataluña procedentes del resto de España o Francia, controlando la situación legal de los pasajeros con “pinta” de inmigrantes? ¿A dónde expulsara la Generalitat a los que “se cuelen” dentro de su territorio?.
Sin olvidar los factores de insolidaridad que se producirían con el resto de las Comunidades Autónomas con fuerte presión migratoria.
Y por no hablar tampoco de los claros visos de inconstitucionalidad de una transferencia, como la que quiere Junts (y el PNV).
A mí, como a la mayoría de la población de nuestro país, ya no nos sorprenden las actitudes y propuestas de Junts. Van a “lo suyo”, aunque ello les suponga un desastre si algún día les toca gobernar. Ellos son de otro mundo.
Pero me preocupa y mucho, que los negociadores del Gobierno se dejen arrastrar por esa dinámica.
Ya fue impresentable la referencia al “lawfare” en el acuerdo del pasado mes de noviembre entre Junts y el PSOE; como también fue un craso error el aceptar una intermediación internacional para la negociación con Junts o las supuestas referencias históricas al conflicto catalán, en el documento suscrito por ambos partidos. Y ahora la transferencia de la política de inmigración.
Es verdad que varios ministros “han descafeinado” el tema de la transferencia de la emigración. Habrá, por tanto, que esperar a ver cómo se va concretando.
Por supuesto que entre la transferencia de las competencias y el reconocimiento de mas y mejores instrumentos de participación autonómica en la gestión de la emigración, tanto en lo que se refiere al ámbito estatal como europeo, hay mucho terreno por medio y es por ahí por donde habría que avanzar.
En fin, espero que el Gobierno sea prudente y sensato y valore con mucho cuidado qué pasos va a dar en estas dos materias tan sensibles como es la Seguridad Social y la Emigración.
