Ya desde la aprobación de la Constitución de 1978, que reconocía un sistema público de pensiones que no era el modelo defendido por la derecha y la patronal, se inició una intensa campaña catastrofista sobre la inviabilidad de ese sistema de pensiones.
Los argumentos eran muy simples: la evolución demográfica era incompatible con la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la financiación que se necesitaría tendría efectos muy negativos en el empleo y en la evolución de la deuda pública. Hay que recordar que en 1977 la pensión media no llegaba al 60% del Salario Mínimo, el numero de pensiones era de 3´8 millones y el de trabajadores en alta no llegaban a los 10 millones, las cuotas financiaban el 92% del presupuesto de la Seguridad Social y la aportación del Estado era del 3’6%. El gasto en pensiones no alcanzaba el 8% del PIB. Y un ultimo dato, 1 de cada 3 personas mayores de 65 no tenían ningún tipo de ingreso de protección social pública.
Han pasado más de 40 años, el sistema de pensiones actual tiene ya poco que ver con el existente al inicio de la democracia. Ha habido sucesivas reformas que han incidido en el gasto, es decir en la cuantía y diversidad de las prestaciones y en los ingresos, las cuotas de trabajadores y empresarios y las aportaciones del Estado. Reformas que en algunos casos han sido pactadas en mayor o menor medida con sindicatos y patronales, en otros se han impuesto sin consenso patronal o sindical y también ha habido alguna que no ha tenido ningún respaldo de los agentes sociales.
Han pasado más de 40 años, el sistema de pensiones actual tiene ya poco que ver con el existente al inicio de la democracia
Pues bien en estos 40 años no han cesado nunca las amenazas catastrofistas: las pensiones no se podrían pagar en 1980, luego en 1990, despues en el 2000, mas tarde en el 2020 y ahora en el 2030….
Es evidente que los dos objetivos básicos de estos discursos catastrofistas eran la reducción de los costes laborales y sobre todo el desarrollo de un sistema privado de Fondos de Pensiones (bajo diversas fórmulas), que en nuestro país era y todavía sigue siendo bastante limitado.
A partir de esa realidad conviene analizar el reciente acuerdo firmado por el gobierno de coalición progresista y CCOO y UGT. En este sentido creo que es necesario desechar el catastrofismo pero también no eludir los serios problemas de financiación del sistema. Y por supuesto en mi opinión hay que relacionar estrechamente la situación actual y previsiblemente futura del sistema publico de pensiones, con el conjunto de las políticas publicas de Bienestar social (sanidad, protección al desempleo, servicios sociales, atención a la dependencia, educación, vivienda) y en consecuencia el apoyo a las familias, a la infancia y a los jóvenes, a las personas en situación o en riesgo de pobreza y exclusión social, a los parados de larga duración, etc.
Para empezar hay que valorar muy positivamente que el actual gobierno haya asumido que para abordar los problemas de sostenibilidad del sistema de pensiones no hay que centrarse solo en el gasto en prestaciones sino también en los ingresos; algo en lo que insistíamos los sindicatos y los expertos más serios y profesionales.
Dicho esto, siento reconocer que el acuerdo firmado, no es el más adecuado para dos objetivos: garantizar a medio y largo plazo el sistema de pensiones y en segundo lugar para contribuir a equilibrar nuestro sistema público de protección social que arrastra notables insuficiencias y limitaciones.
Los objetivos los discursos catastrofistas son la reducción de los costes laborales y el desarrollo de un sistema privado de Fondos de Pensiones
En mi opinión es un error, que de no corregirse traerá nefastas consecuencias, que no se haya abierto un proceso de análisis, reflexión y propuestas del conjunto de la protección social pública y ello muy ligado a una clara apuesta por la solidaridad intergeneracional.
Tal y como salimos de la dictadura y tal como iba la evolución de la esperanza de vida, fue imprescindible y de clara justicia social, abordar la solidaridad intergeneracional de las diversas capas de la población hacia las personas mayores de 65 años, que habían sufrido las consecuencias de la guerra civil y de la larga posguerra y que no podían esperar 20 o 30 años para disfrutar de una vejez con un cierto nivel de bienestar social. Las medidas aprobadas primero modestamente por los gobiernos de Adolfo Suarez y desarrolladas despues con mucha mayor intensidad por los gobiernos del PSOE, eran por tanto social y económicamente adecuadas.
Hoy esta solidaridad con las personas mayores se refleja en primer lugar en la práctica universalización de las pensiones (contributivas y no contributivas) y en su mejora cuantitativa, reflejo de la mejora de los salarios, de la lucha contra el fraude en las cotizaciones y el trabajo sumergido y en las cláusulas de revisión para garantizar su poder adquisitivo (aun con conocidas ausencias por decisiones políticas de gobiernos del PP y en algún caso también del PSOE) y por la seguridad de que se va a cobrar en bastantes casos durante mas años de lo que se ha cotizado (ya hay varios miles de pensionistas con más de 100 años de edad).
Pero además de los indudables avances del sistema público de pensiones, algo que en gran medida hay que agradecer a la permanente lucha de los sindicatos, las personas mayores hoy día disponen de otras importantes ayudas y prestaciones, tanto en el precio de los fármacos, en el transporte, en el disfrute del ocio y de la cultura, en el acceso al termalismo social, el generalizado turismo social (ambos dos formidables iniciativas puestas en marcha por el INSERSO), etc. Por eso no es de extrañar que la población mayor de 65 años es la que ha visto disminuir en mayor medida sus riesgos de pobreza y exclusión social en los últimos años y que su contribución haya sido importante en el apoyo a sus hijos y nietos en las ultimas crisis que hemos vivido en nuestro país.
El acuerdo firmado no es el más adecuado para garantizar a medio y largo plazo el sistema de pensiones y para equilibrar el sistema público de protección social
Por todo ello, creo que ha llegado el momento de replantearse la solidaridad intergeneracional en sentido distinto. Hoy y en los próximos años las prioridades de la política pública social deben tener mucho más en cuenta el apoyo a la infancia, los adolescentes y las familias jóvenes.
Tenemos importantísimas carencias en la atención preescolar a la primera infancia (escuelas infantiles), en la calidad de la enseñanza media y profesional, en la suficiencia y proximidad de los recursos educativos en la España vaciada, en instrumentos escolares de apoyo e integración a la segunda y tercera generación de inmigrantes….
Hay cada día mayores dificultades para la emancipación de los jóvenes y el acceso a una vivienda en condiciones dignas y a precios asequibles (con alquileres que no deben superar el 30% de los ingresos medios de los jóvenes). El desarrollo de un amplio parque de viviendas públicas en alquiler para familias jóvenes y de conciertos con propietarios privados que garanticen alquileres topados y que a su vez tengan la seguridad de percibir los alquileres y en su caso la rescisión del contrato por causas tasadas.
El apoyo público al desarrollo de infraestructuras adecuadas y suficientes (transporte, educación, sanidad, telecomunicaciones, servicios sociales, ocio…) en el ámbito rural y el primar la instalación de empresas intensivas en empleo, todo ello para facilitar la permanencia o el nuevo asentamiento de las familias jóvenes.
Por supuesto que el impulso de esas políticas dirigidas a esos sectores de la población, no pueden olvidar la urgencia de mejorar, racionalizar, modernizar y coordinar los 17 Servicios autonómicos de Sanidad, cuyo deterioro se esta haciendo evidente en los últimos años y que por supuesto beneficia en primer y destacadísimo lugar a las personas mayores de 65 años.
Antes de entrar en posibles vías de reforma, recordemos que actualmente el sistema de pensiones cuenta con más de 20 millones de cotizantes (de los que el 47% son mujeres), 9’8 millones de pensiones contributivas y cerca de medio millón de no contributivas, cerca de 40.000 millones de aportaciones públicas para la financiación del sistema. El gasto en protección social se situaba en el año 2020 (ultimo disponible) en el 29´93% del PIB, habiendo crecido desde el año 2016 algo mas de 6 puntos, una cifra impresionante. El gasto en prestaciones económicas de la Seguridad Social (jubilación, viudedad e invalidez) se sitúa en torno al 14’5% del PIB, es decir que prácticamente la mitad del gasto en protección social se destina a pensiones.
Si tenemos en cuenta la evolución de la pirámide demográfica, de los salarios cotizados y de las expectativas de vida, el futuro del sistema de pensiones se puede resumir en que habrá más pensionistas, que tendrán pensiones más altas y las cobraran más años, por lo que es inexorable que el gasto en pensiones supere pronto (si no lo ha hecho ya) el 15% del PIB.
Si no queremos recortar el gasto, y no queremos, tendremos que actuar en el incremento de los ingresos, es decir cotizaciones y aportaciones del presupuesto del Estado.
El gasto en protección social se situaba en el año 2020 (ultimo disponible) en el 29´93% del PIB
En mi opinión no se puede seguir aumentando la financiación pública y no hay que descartar que tenga que reducirse algo a medio plazo, si queremos destinar más recursos públicos a otros ámbitos de la protección social, como he indicado más arriba. Todo ello sin olvidar las limitaciones que antes o despues va a imponer la Unión Europea para reducir el elevado déficit público.
Así que el margen de actuación se centra en el incremento de los ingresos por cotizaciones. Y aquí hay cinco vías: el incremento del número de activos cotizantes, la reducción de la defraudación (economía sumergida y fraude en la cotización por debajo de los salario reales), la elevación de los tipos de cotizaciones empresariales, el aumento de los tipos de cotización de los trabajadores, o la reforma de las cotizaciones de los autónomos (un sector muy diverso con un tratamiento discriminatorio e injusto para determinadas categorías de autónomos).
El crecimiento del empleo es posible y bastante seguro (aunque lógicamente a medio y largo plazo conlleva la consolidación del derecho a nuevas pensiones) pero escapa a una evaluación rigurosa y precisa, teniendo en cuenta que en nuestro país ya se ha producido una notabilísima incorporación de la mujer al trabajo y por las inevitables repercusiones de una imprevisible evolución de la economía en un mundo absolutamente globalizado. Por ello hay que ser muy cautelosos a la hora de manejar el crecimiento del empleo como el factor fundamental de la garantía de viabilidad del sistema de pensiones.
La lucha contra las diversas formas de defraudación, aunque ha mejorado, sigue siendo un objetivo insuficientemente cumplido y podría aumentar siempre y cuando haya una firme voluntad política en las Agencias Tributarias (estatal y autonómicas), se disponga de una dotación de medios suficientes para la Inspección de Trabajo y la utilización mas intensa de los medios de cruce de información telemática entre las administraciones públicas. Pero sin minusvalorar los resultados que se podrían conseguir, en todo caso no serían unos ingresos muy destacados.
La elevación de las cotizaciones empresariales en un país con un elevado predominio de las pequeñas y medianas empresas y con una limitada productividad media, tiene que hacerse de manera muy selectiva y con un calendario gradual, afectando sobre todo a las empresas con mayor productividad, tamaño y beneficios. El margen de actuación en esta manera hay que admitir que cada vez es más reducido.
La elevación de las cotizaciones empresariales debe hacerse de manera muy selectiva, afectando a las empresas con mayor productividad, tamaño y beneficios
En lo que se refiere al incremento de los tipos de cotización de los trabajadores, lo primero que hay que asumir es que son de los mas bajos en el conjunto de la Unión Europea. No es fácil ni popular defender un aumento de los tipos de cotización de los trabajadores, pero hay razones para defender esta opción. Las expectativas de vida son mucho mas elevadas y aunque se esta retrasando la edad de jubilación y también se ha ampliado los años de cotización para el cálculo de la pensión, buena parte de los actuales y futuros pensionistas van a percibir pensión en torno a los 20 años, sino más.
Es evidente que el aumento del tipo de cotización puede hacerse afectando de manera distinta a los distintos niveles salariales y por supuesto establecer un periodo escalonado de entrada en vigor.
Por ultimo en lo que se refiere al sistema de cotización de los autónomos, aunque se ha ido reformando y mejorando en los últimos años, todavía hay margen para racionalizar las formas de cotización en función de la distinta tipología de autónomos y de sus ganancias reales. No es tarea fácil y en ello de nuevo habría que contar con el activo respaldo de las administraciones fiscales y de la inspección de trabajo.
En resumen, no hay mucho margen de actuación pero sí lo hay, aunque a corto plazo puede tener sus costes electorales para el gobierno que afronte estas medidas. Pero en mi opinión resulta irresponsable demorar los problemas para futuros gobiernos, aunque hoy día y por razones de equilibrios políticos se cuente con el beneplácito de la Unión Europea (que ya tiene bastantes frentes abiertos como para destapar otro en España, mas aun a la vista de lo que esta ocurriendo en Francia).
La nueva legislatura en el marco del primer debate presupuestario debería analizar la evolución de nuestras políticas sociales públicas, identificar bien las prioridades de gasto y en función de ello realizar las reformas necesarias. Confiemos en que este reajuste no se realice bajo una mayoría parlamentaria de derechas.
