lunes. 26.02.2024

La reforma de las pensiones se ha producido a la vez en España y en Francia. Es llamativo que mientras en España, la reforma haya recibido el apoyo de los sindicatos y cuente con el apoyo mayoritario en las Cortes, en Francia los sindicatos se han opuesto, convocando varias huelgas en protesta, y no haya conseguido reunir mayoría de votos en la Asamblea.

En ambos casos, las reformas tratan de afrontar la sostenibilidad del sistema  público de pensiones. La diferencia es que mientras en Francia se ha abordado aumentando la edad de jubilación, en España se hace aumentando los ingresos y mejorando las pensiones más bajas. En España, la reforma de las pensiones es un gran acierto del Gobierno que sale reforzado de este asunto y en Francia el Gobierno está a punto de caer.

Todas las reformas se basan en previsiones a medio y largo plazo. Pero la experiencia ha demostrado que, en economía las previsiones a más de tres meses vista suelen fallar más que una escopeta de feria. De ahí que periódicamente haya que ajustar lo previsto a la realidad

La derecha y la izquierda tienen planteamientos claramente distintos en materia de pensiones. Hablamos de un asunto de primer nivel que afecta a unos 20 millones de cotizantes a la SS y que es determinante para definir el nivel de vida de los pensionistas actuales (más de 9 millones) y futuros. De ahí que en plena campaña electoral, la izquierda debería poner en el centro del debate público esta materia. No es por casualidad que la derecha trate de tapar esta trascendental cuestión centrándose en amplificar el “ruido de coalición”, en lo que cuentan con la inestimable ayuda de Podemos.

Con la reforma de las pensiones culmina una legislatura exitosa en lo económico y en lo social. Cuando tantos tertulianos y algunos intelectuales centran sus peroratas en describir a nuestros políticos como unos ineptos, incapaces y corruptos, sería justo reconocer el mérito de Calviño, Díaz, Ribera, Escrivá o Illa, que con tanto acierto han gestionado la economía, el diálogo social, la energía, las pensiones y la pandemia  en medio de crisis tan graves como inéditas.

El sistema público de pensiones está sometido a reformas periódicas por buenas razones, principalmente  demográficas: cada vez hay más pensionistas que cada vez vivirán más años  y cobrarán, en promedio, una pensión mayor. La sostenibilidad del sistema público de pensiones es el conjunto de medidas que hay que tomar para asegurar que se puedan seguir pagando esas pensiones, actuando sobre los  ingresos y los gastos.Todas las reformas se basan en previsiones a medio y largo plazo. Pero la experiencia ha demostrado que, en economía las previsiones a más de tres meses vista suelen fallar más que una escopeta de feria. De ahí que periódicamente haya que ajustar lo previsto a la realidad.

Pero el principal elemento para garantizar la sostenibilidad del sistema es que tengamos más empleados y con mejores salarios.
 

Es también una exigencia de la UE, dado que el gasto en pensiones es una parte sustancial del PIB. España gasta en pensiones el 12,7 % del PIB, justo en la media de los países de la UE. Es la partida de gasto más grande del Presupuesto General del Estado.   Por eso la UE, que vigila la sostenibilidad de las cuentas públicas de los estados miembros, tiene interés en la reforma de las pensiones, tanto que ha condicionado la entrega de  fondos a su reforma.

El PP, que ha estado intentando dificultar la llegada de los fondos europeos, esperaba expectante que la UE rechazara la reforma presentada por el Gobierno y, en consecuencia, se aplazara la entrega de fondos. No ha sido así. La UE ha dado el visto bueno a la reforma. Mala suerte para el PP. Creo que el PP no ha tenido en cuenta el giro que se ha producido en la UE desde la política de austeridad con la que se abordó (con resultados desastrosos) la crisis de 2008 a la política económica actual que nada tiene que ver con aquella.

En síntesis, la reforma se busca el equilibrio del sistema público de pensiones aumentando los ingresos en unos 15.000 millones y los gastos en 2.500 millones. El aumento de ingresos se consigue a base de aumentar la aportación de los que más ganan, razón por la cual la patronal y el PP se han manifestado en contra.

Si hubiese que definir en una línea clara de divisoria entre la izquierda y la derecha en materia  fiscal sería esta: la derecha busca siempre rebajar impuestos a las rentas altas, a los beneficios de las empresas y a la riqueza que se posee o se transmite. En esta línea se ha movido desde hace años el PP de Madrid que ha hecho gala de esta política. La justificación de esta línea es que el dinero está mejor en el bolsillo de los ricos porque estos saben mejor cómo emplearlo.

Es la teoría de la filtración: si echas agua a la capa de arriba, el agua terminará filtrándose y llegará a las capas de abajo. Es una teoría que una y otra vez se ha demostrado falsa. La otra explicación se llama dumping fiscal: rebajar impuestos a los ricos los atraerá a tu jurisdicción y terminará incrementando tus ingresos. Pero a costa de reducir los de tus vecinos. El problema se llama carrera hacia el cero que se ha denunciado ya a nivel internacional porque termina generando una enorme injusticia fiscal.

La izquierda, por el contrario, se orienta a aumentar impuestos a las rentas altas, a los grandes patrimonios y a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas. Para obtener recursos con los que financiar el estado del bienestar y, de paso, combatir la enorme desigualdad que se ha generado estos años atrás.

En el caso de las pensiones esta regla se cumple. La patronal se opone alegando que se aumenta el coste laboral, cosa que es cierta, pero sin exagerar, ya que se trata de un aumento muy ligero y concentrado en la capa de los que más ingresan. Vuelve con la consabida cantinela de que eso se traducirá en una menor creación de empleo. Algo que ya se demostró falso en el caso de la subida del salario mínimo. Me parecen ridículas la quejas del Presidente de la CEOE, que levanta 400.000 € al año, y al que le van a subir la cuota unos pocos euros.

Para la derecha, la sostenibilidad del sistema pasa por reducir los gastos. La reforma de Rajoy implicaba que la revisión anual de las pensiones se haría al 0,25 %, que, en la práctica, equivale a la congelación de las pensiones.  En un contexto de alta inflación como el actual la congelación hubiera sido un desastre ya que en tres o cuatro años años los pensionistas hubiésemos perdido un cuarto del poder adquisitivo de nuestra pensión.

Importa destacar que la actual reforma aumenta, aunque modestamente, el gasto, en particular mejorando las pensiones mínimas y compensando las lagunas de cotización, asunto que afecta sobre todo a las mujeres. Esta es otra gran diferencia entre la izquierda y la derecha y que conecta con las subidas de salario mínimo y otras medidas de apoyo a los más desfavorecidos. El gasto social, sube para proteger a los menos favorecidos.

Pero el principal elemento para garantizar la sostenibilidad del sistema es que tengamos más empleados y con mejores salarios. Para sorpresa de muchos, con la izquierda gobernando se ha creado más empleo que con la derecha. Estamos por encima de los 20 millones de cotizantes a la SS y ese es otro punto que debería capitalizar el gobierno.

Que el éxito social y económico se capitalice en votos depende de en qué lugar de la agenda se coloque. Desgraciadamente, en lo más alto parecen estar las cuestiones de identidad de género (o como se llame ahora)  o, en general, aquellas cuestiones que afectan a una parte pequeña de la población y que, además, resultan enormemente controvertidas. 

El colectivo de pensionistas no es homogéneo. Afortunadamente. Pero si hubiese que buscar algo en lo que todos los pensionistas podríamos coincidir sería en estos tres puntos: mantener el poder adquisitivo de nuestras pensiones, mejorar las mínimas y seguir cobrando nuestra pensión sin sobresaltos. En eso estamos.

La reforma de las pensiones