jueves 16/9/21
LEGISLACIÓN LABORAL

Recuperar y modernizar el mercado laboral

Para superar las consecuencias laborales de la crisis sanitaria de la covid-19 se requieren cambios urgentes en la actual regulación laboral.
dialogo social
Reunión de la mesa de diálogo social. (Imagen de archivo)

El Ministerio de Trabajo y Economía Social y las organizaciones sindicales y empresariales (CEOE-CEPYME, CCOO y UGT) han iniciado el pasado mes de marzo las reuniones de la Mesa de Diálogo Social para Modernizar el Mercado Laboral. En realidad, se recupera la mesa sobre la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 y para afrontar los retos actuales del trabajo, que tenía muy avanzados sus debates, que se interrumpieron al comenzar el confinamiento por la covid-19. Desde marzo de 2020 el diálogo social se centró, casi en exclusiva, en la lucha contra la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales, a través de los Acuerdos en Defensa del Empleo, para proteger el tejido productivo y las rentas familiares, y establecer unas condiciones especiales para los expedientes de regulación temporal de empleo o de reducción de jornada (ERTE) para mantener el empleo.

Durante el pico de la pandemia, se han llegado a proteger unos 3,5 millones de puestos de trabajo a través de la figura de los ERTES, que han sido prorrogados en tres ocasiones, actualmente hasta el 31 de mayo próximo, dando cobertura en este momento todavía más de 700 mil personas. A estos acuerdos se han sumado otros, como la protección extraordinaria para los trabajadores autónomos por el cese de actividad o el Ingreso Mínimo Vital. También se ha regulado el trabajo a distancia y el teletrabajo, en septiembre de 2020, y más recientemente se ha alcanzado un nuevo acuerdo del diálogo social sobre las condiciones laborales de los “riders”, con el que tras más de medio año de negociaciones se consiguió aunar las posturas de los sindicatos y la patronal. Aunque en este periodo no siempre se han alcanzado acuerdos en el diálogo social, pues ante la negativa de las organizaciones empresariales, se aprobaron los reglamentos de igualdad retributiva entre hombres y mujeres y de los planes de igualdad, con el apoyo de los sindicatos.

En las últimas semanas distintas fuentes han puesto la atención sobre la necesidad o no de reformar nuestro mercado de trabajo, si bien los tratamientos se orientan más hacia perspectivas inspiradas en las hipotéticas divergencias entre los diferentes departamentos ministeriales a la hora de fijar las prioridades o los contenidos de las reformas, las dispares visiones expresadas por las patronales y los sindicatos sobre sus objetivos en las negociaciones o los supuestos condicionantes de los fondos europeos sobre las reformas y las presiones y urgencias manifestadas desde la Comisión Europea. Cuestiones todas ellas interesantes, aunque se centran mucho menos en el diagnóstico de nuestro mercado laboral, la idoneidad de la actual legislación para afrontar los retos presentes y futuros o como hacer frente a las dificultades y desequilibrios que actualmente atraviesa la economía y el trabajo de nuestro país.

El mercado de trabajo arrastra graves desequilibrios que provocan las desigualdades y la pobreza laboral existentes, agravadas por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria del coronavirus

Hay que tener presente que el mercado de trabajo arrastra graves desequilibrios que provocan las desigualdades y la pobreza laboral existentes, agravadas por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria del coronavirus. Entre los problemas más graves están: la baja tasa de ocupación, el elevado desempleo, la temporalidad injustificada, los bajos salarios, el abuso de los despidos, las desigualdades entre mujeres y hombres y las tasas insoportables de desempleo y precariedad que sufren los jóvenes. Junto con las carencias históricas de las políticas activas de empleo y de los servicios públicos empleo, el deteriorado sistema de formación para el empleo y la debilidad de las políticas de inserción e intermediación laboral. La persistencia de estos problemas pone en evidencia que la reforma laboral de 2012 fue un fracaso rotundo, ya que no sólo no los resolvió, sino que en la mayoría de los casos los agravó.

En 2012 el Gobierno del PP buscaba eliminar cualquier obstáculo que interfiriera en la radical desregulación del mercado laboral, con el objetivo de devaluar nuestra economía para recuperar la competitividad. De entonces data una parte importante de la normativa laboral vigente, a partir del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral junto con otras dieciocho modificaciones normativas que supusieron la mayor desregulación de los derechos laborales. Con la reforma laboral de 2012 se implantó un modelo de empleo precario por su duración, por el tipo de jornada, por el salario y por las condiciones laborales en general. Con esta reforma se implantó un modelo laboral de bajos salarios y desprotección frente al desempleo, en el que la negociación colectiva fue gravemente debilitada. Tal modelo quebró definitivamente el equilibrio en las relaciones colectivas de trabajo a favor de los empresarios.

Las reformas de la legislación laboral del PP fueron impuestas, con desprecio al diálogo social y a la autonomía colectiva que representan las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales

Las reformas de la legislación laboral del PP fueron impuestas, con desprecio al diálogo social y a la autonomía colectiva que representan las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales, y con el rechazo explícito de la mayoría de los grupos parlamentarios. El Gobierno del PP vulnero el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva para 2012, 2013 y 2014, publicado en el BOE el 6 de febrero de 2012, y suscrito por CEOE, CEPYME, CCOO y UGT. Con la firma de este acuerdo los máximos representantes de las organizaciones empresariales y de las organizaciones sindicales reivindicaron el diálogo autónomo de las partes frente a la reforma laboral unilateral que preparaba el Gobierno, compartiendo además la necesidad de repartir esfuerzos entre empresas y trabajadores para salir de la crisis financiera.

Hasta mayo de 2018, todas las iniciativas y exigencias de los sindicatos y de los partidos de izquierdas para la necesaria recuperación y modernización de los derechos laborales se encontraron con una cerrazón del PP, que argumentaba, y aún lo siguen haciendo, que su reforma laboral había sido el factor principal de la recuperación de la economía y el empleo. Un argumento falso, ya que desde 2014 a raíz de la recuperación de las economías europeas, la economía y el empleo crecieron en España por encima de la media europea, debido no a la reforma laboral, sino a que en nuestro país la caída de la actividad económica y del empleo fue más profunda, y a factores como la relajación de las medidas de política de austeridad impuestas desde Bruselas y avalada por el FMI, al cambio de orientación de la política monetaria del BCE y al viento de cola generado por la reducción de los precios del petróleo y de otras materias primas.

Con el Gobierno del PSOE se abrió una nueva etapa orientada a la recuperación de derechos de las personas – con medidas como la supresión del contrato de emprendedores sin indemnización o la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años-, la mejora en las condiciones de vida y trabajo y la erradicación de las desigualdades y la pobreza laboral. En su 39 Congreso Federal, celebrado en junio de 2017, el PSOE adoptó el compromiso de derogar la reforma laboral y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI. Estas propuestas se incorporaron en el Programa del Gobierno de Coalición PSOE y UP, donde se recogen desde el nuevo Estatuto a las materias a desarrollar previamente para derogar las medidas lesivas de la reforma laboral de 2012 mediante el diálogo social.  

En febrero de 2020 se derogó el despido objetivo por absentismo por bajas de enfermedad; también se prevé recuperar la ultraactividad y suprimir la prioridad aplicativa de los convenios de empresa, mejorar las condiciones laborales en la subcontratación, recuperar los derechos laborales en los procedimientos para modificar las condiciones de trabajo y en las inaplicaciones de los convenios, simplificar las modalidades de contratos de trabajo, fomentar la contratación indefinida y reforzar el principio de causalidad, corregir la normativa sobre el trabajo a tiempo parcial, la revisión de los contratos formativos y aprobar el Estatuto del Becario, adoptar medidas contra los falsos autónomos y revisar la regulación del despido.

Para superar las consecuencias laborales de la crisis sanitaria de la covid-19 se requieren cambios urgentes en la actual regulación laboral. El próximo 30 de abril el Gobierno debe enviar a la Comisión Europea el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se vincula a los fondos europeos para la reconstrucción y del que ya se han adelantado borradores de las 170 reformas que lo integrarán en los meses pasados. Las reformas previstas en el Plan de Recuperación están agrupadas en 30 componentes; concretamente la componente número 23 integra las reformas previstas en el ámbito laboral, que se complementan con las otras reformas e inversiones previstas para modernizar nuestro aparato productivo, impulsando los sectores tractores de futuro, la digitalización, la descarbonización, la educación, la formación profesional para incrementar la productividad, los salarios y el empleo de calidad.

Las reformas para “Un Mercado Laboral Dinámico, Resiliente e Inclusivo” tienen unas previsiones de inversión de 2.400 millones de euros para el periodo 2021-2023 y comprenden un conjunto de 17 reformas, de las cuales la gran mayoría deben de ser negociadas con los interlocutores sociales. Están orientadas a reducir el desempleo estructural, el paro juvenil, corregir la dualidad, mejorar el capital humano, modernizar la negociación colectiva, reformular las políticas activas de empleo y reforzar los servicios públicos de empleo. Para todo ello se requiere el pleno respeto al diálogo social y a la autonomía de las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales, junto con la voluntad de alcanzar el máximo consenso político y social. Pues una legislación negociada es una legislación estable y un importante factor de seguridad generador de la confianza tan necesaria siempre y más aún en estos tiempos de pandemia.


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