Durante la apertura del Debate sobre el estado de la Nación, celebrado la semana pasada, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una batería de medidas entre las que destacan dos nuevos impuestos temporales a empresas energéticas y entidades financieras con los que estima recaudar 7.000 millones de euros en dos años.
Desde Gestha ya hemos pedido que se defina el hecho imponible del nuevo impuesto sobre las entidades financieras, ya que echamos en falta una definición sobre qué hecho imponible van a recaer los 1.500 millones anuales de este tributo, pues en 2019 solo 26 empresas que pertenecen a los grandes grupos de entidades financieras contabilizaron bases imponibles previas positivas de poco más de 2.031 millones.
Asimismo, consideramos que más allá del efecto recaudatorio, el nuevo impuesto a las empresas energéticas -que llegaría a aportar unos 2.000 millones de euros al año, cuando la recaudación devengada del impuesto sobre Sociedades en 2021 escaló por encima de los 24.600 millones de euros- debería funcionar como incentivo para que contengan sus precios. Y es que únicamente aquellas grandes empresas energéticas que obtengan beneficios extraordinarios tendrán que abonarlo, por lo que si se hiciera público qué compañías tienen que pagar este impuesto podrían sufrir una tacha reputacional, que pondría en duda su responsabilidad social.
La competencia en una economía de mercado debería afectar a la fijación de los precios
Las reacciones a estas dos medidas han sido de lo más variopintas. Entre los críticos, destaca la tesis de que los consumidores terminarán pagando estos impuestos. Pero el Gobierno no ha tardado en reaccionar, dejando claro que impedirá a energéticas y bancos trasladar a sus precios finales el coste de la subida fiscal dotando a la CNMC de mayor capacidad, si es necesario, para “vigilar y aplicar sanciones” a las compañías que intenten repercutir en los ciudadanos estos tributos.
Es éste, sin embargo, un tema bastante recurrente. Y sorprendente pues, aunque las empresas intenten incluir sus costes en sus precios, lo cierto es que en una economía de mercado como la nuestra aquellos vienen fijados también por la ley de la oferta y la demanda. Es decir, no tiene mucho sentido plantear la cuestión de que automáticamente se van a trasladar los impuestos a los precios, dado que ello impediría gravar los beneficios y cualquier otro hecho imponible de las empresas.
En este marco, la CNMC ostenta la potestad de controlar y asegurar que no se dará un acuerdo de mercado entre las grandes entidades de crédito o empresas energéticas para elevar los precios o incrementar las comisiones de manera conjunta como consecuencia de estos nuevos impuestos.
En definitiva, la competencia en una economía de mercado debería afectar a la fijación de los precios y, por tanto, la idea de que cualquier aumento impositivo o nuevo impuesto vaya a repercutirse en los consumidores caería por su propio peso.
