El pasado sábado, Pedro Sánchez anunció un paquete de medidas incluidas en un decreto anticrisis más amplio que el anterior.
Además de una bajada del IVA de la electricidad al 5%, el decreto incluye un nuevo impuesto a los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas que se pondrá en marcha a partir de 2023, pero gravará los obtenidos en el ejercicio 2022, al publicarse probablemente antes de finalizar este año. Ahora bien, ¿cómo se aprobará?
La Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso iniciará la tramitación de este impuesto mediante una proposición de ley, posiblemente, firmada de forma conjunta por los grupos parlamentarios Socialista y de Unidas Podemos.
De esta forma, se agilizará la tramitación del nuevo impuesto, pues se prescindirá de los trámites de consulta pública previa y de audiencia e información pública que exigiría la ley si se tramitase como un proyecto de ley del Gobierno.
A nuestro juicio, el futuro impuesto que gravará los beneficios extraordinarios de las eléctricas será una medida eficaz para contener la carestía del precio de la electricidad para consumidores y empresas porque disminuye la cuantía del beneficio extraordinario y porque se afea su conducta entre los consumidores y empresas del país, poniendo en duda su responsabilidad social corporativa.
Asimismo, el hecho imponible del nuevo impuesto será el beneficio extraordinario que obtienen las empresas productoras de electricidad por el sobreprecio que marca el sistema marginalista de las subastas diarias, aunque los costes de producción sean muy inferiores.
Además, cabe recordar que este nuevo impuesto está recomendado en la reciente Estrategia europea RePowerEU, que nace para obtener una energía más asequible, segura y sostenible tras la invasión de Ucrania y la réplica de Rusia a las medidas sancionadoras europeas.
