El Gobierno continúa preparando planes para hacer frente a la inflación que afectan a las compañías energéticas.
Al parecer, estarían trabajando a través de dos vías, aunque ahora mismo la opción más rápida pasaría por subir el Impuesto de Sociedades vía real decreto-ley.
La aprobación de un impuesto nuevo en relación con estas compañías supondría una demora en el trámite parlamentario y la imposibilidad de aprobarlo en la ley de presupuestos; teniendo en cuenta la actual escalada de precios en los productos energéticos, tanto en la electricidad como en los hidrocarburos, a pesar de las medidas antiinflacionistas acordadas en torno a las ayudas a la gasolina y al diésel.
Por otro lado, en relación con la cláusula aprobada en la UE respecto a esa excepción ibérica y al tope al gas en el cálculo del precio de la electricidad, lo cierto es que se está planteando -y parece haber un cierto consenso en el Gobierno- la necesidad de gravar de alguna manera esos beneficios extraordinarios que como consecuencia de esta situación se están produciendo para las empresas energéticas.
Por ello, tanto la OCDE como la UE ya han dado el visto bueno a gravar ese impuesto extraordinario sobre los beneficios que están obteniendo, no solo las compañías eléctricas sino también las petroleras.
En este momento la cuestión radica en definir cuál es la figura más idónea y cuál es la forma más idónea para gravar, intentando evitar problemas y hacerlo de la manera más rápida posible.
