Necesitamos tu ayuda para seguir informando
Colabora con Nuevatribuna
José Luis Ábalos Meco, fue ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con competencias en materia de Vivienda, aunque resultaba difícil encontrarla en un batiburrillo de arquitectura, suelo y varios, dentro del cajón de la Agenda Urbana. Aunque, de eso, no hace mucho, eran tiempos en los que la vivienda era, solo, cosa de las comunidades autónomas y no, como ahora, que ha merecido un Ministerio con presencia en su mismo título, ya que, se ha reconocido que, efectivamente, la vivienda es un problema nacional.
Independientemente de cómo se titule un ministerio y de las competencias, muchas o pocas, que pueda tener, algo se puede hacer desde la administración del Estado para paliar los problemas de escasez de viviendas a precio asequible. Sobre todo, si se dispone de suelo público donde se puedan construir viviendas protegidas, o sea, de precio limitado. Y ahí quería yo llegar. Exactamente, al artículo 47 de la Constitución donde dice que las administraciones "promoverán las condiciones necesarias para hacer efectivo” el derecho a la vivienda. ¿Y qué mejor promoción que construir viviendas de precio asequible, en venta o, sobre todo, en alquiler, sobre suelo público?
Ábalos Meco no hizo mucho por la labor de utilizar el suelo público que tenía bajo su administración para hacer vivienda protegida
Resulta que Ábalos Meco, quizás imbuido de la poca importancia que tenía la vivienda en su ministerio, no hizo mucho por la labor de utilizar el suelo público que tenía bajo su administración para hacer vivienda protegida. Me refiero a la conocida como Operación Chamartín, aunque ahora se la conozca con otro nombre más comercial. En ella, en un suelo madrileño propiedad de ADIF, la antigua RENFE, se quieren construir viviendas de las cuales solo un 20% van a ser protegidas, o sea, vuelvo a repetir, de precio asequible. El resto, a lo que llegue a pagar el mercado por ellas, que, al estar en la zona noble de Madrid, será a precio inasequible para la mayoría de la población. Y a las pruebas hay que remitirse.
Ahora, el mismo, o parecido, Gobierno de España, a través de la entidad pública SEPES va a desarrollar, también en la ciudad de Madrid, la llamada Operación Campamento. Un desarrollo de suelo público, en la que se van a construir 10.700 viviendas de las que el 60% van a ser de protección. Y, la pregunta, pertinente, sería, ¿Y por qué en la Operación Chamartín, también en Madrid y también sobre suelo público en la que se van a construir otras 10.500 viviendas, solo el 20% van a ser de protección? Claro que, esa pregunta tiene una fácil respuesta: Porque la promoción no va a ser pública, sino que va a ser el BBVA quien se encargue de ella a través de una empresa filial. Y, ya se sabe, que el BBVA se dedica a ganar dinero y no a promover viviendas protegidas. Eso, lo sabe cualquiera.
Bajo el mandato del ministro Ábalos se firmó, en diciembre de 2018, un contrato de compraventa del suelo, que era de ADIF, en favor de esa filial del BBVA
Alguien se debe estar haciendo la siguiente pregunta: ¿Y por qué lo va a hacer el BBVA en lugar de la administración pública? Esto, también tiene respuesta fácil: porque bajo el mandato del ministro Ábalos se firmó, en diciembre de 2018 (por cierto, el Día de los Inocentes), un contrato de compraventa del suelo, que era de ADIF, en favor de esa filial del BBVA. Respuesta que llevaría a la siguiente pregunta: ¿Y por qué?
Aquí, la respuesta la dio el, por entonces, ministro Ábalos cuando se le hizo esa pregunta, entre otras ocasiones, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados de fecha 28 de enero de 2019: porque el tema venía de antes.
Imagínense lo que pasaría si ese criterio de que "venía de antes" lo hubiera aplicado el mismo gobierno a otros campos. Ejemplos: como el salario mínimo viene de antes, no lo subimos. Como la regulación laboral está como está, no la reformamos. Y, así, con las más de doscientas leyes que ha promovido este gobierno. Y, un poquito más allá, como está gobernando Mariano Rajoy, no lo cambiamos con una moción de censura, ya que “viene de antes”. ¿A que es bastante peregrino el argumento? Bueno, pues esa es la explicación que dio Ábalos para ceder los trastos de la Operación Chamartín a una entidad bancaria que, como se sabe, no son, precisamente, especialistas en la promoción de suelo, razón por la cual, la dichosa operación lleva 31 años como el primer día.
Creo que es injusto que Ábalos pueda pasar a la historia por el tema de las mascarillas y no por no haber utilizado suelo público para haber promovido viviendas protegidas en el mayor número posible
Y, ahora, aunque sea brevemente, hablemos de mascarillas. Acompaña a José Luis Ábalos la sombra de Koldo García Izaguirre, un colaborador muy cercano, y su intermediación en la compra de mascarillas por algunas administraciones regidas por socialistas. Hasta el momento, no ha sido posible establecer ninguna responsabilidad de Ábalos en esas compraventas. Sin embargo, su responsabilidad en que la Operación Chamartín no se pueda hacer en la misma forma en que, el mismo Gobierno, va a desarrollar la Operación Campamento, es directa y total. Y, eso, con todos mis respetos, me parece más grave que lo de las mascarillas.
Por eso, creo que es injusto que Ábalos pueda pasar a la historia por el tema de las mascarillas y no por no haber utilizado suelo público bajo su administración, competencias propias suficientes para ello y un mandato explícito de la Constitución para haber promovido viviendas protegidas en el mayor número posible.
Menos mal que el presidente Sánchez no utilizo ese criterio de "venía de antes" y le cesó. Aunque me hubiera gustado que fuera por lo de la Operación Chamartín.
Otro día hablaremos que todavía queda, al menos, una posibilidad de reconducir ese tema.