El pacto estaba descontado. Al igual que la distancia crítica mostrada por Podemos, que lo ha tachado de insuficiente. Del mismo modo que hay que descontar la escasa utilidad de esa crítica para lograr el objetivo de mantener a Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad. Sencillamente, Podemos no tiene suficiente capacidad de presión, porque su amenaza de no apoyar la investidura de Sánchez no es verosímil.
El acuerdo entre PSOE y Sumar era imprescindible, pero su escenificación sólo supone un pequeño paso adelante en el camino de la investidura de Sánchez, cuyo principal escollo sigue siendo el que era desde que se conocieron los resultados electorales del 23J: la actitud de Puigdemont ante el acuerdo de amnistía o, lo que es lo mismo, hasta dónde y hasta cuándo está dispuesto a tirar de la cuerda. Hay otro factor a tener en cuenta, cómo repercuten las negociaciones entre PSOE y Junts per Catalunya sobre el sistema de pesos y medidas con el que ERC, otra variable importante en la ecuación a resolver, valora los impactos del resultado de esa negociación sobre el electorado independentista. Las negociaciones se siguen desarrollando en un resbaladizo terreno de juego en el que cualquier traspié puede agostar el acuerdo.
El acuerdo final también tendrá que confrontarse con tres restricciones: la aritmética parlamentaria; los exigentes retos que imponga la imprevisible situación; y las posibilidades que ofrezcan las decisiones comunitarias
Por otro lado, ni Puigdemont ni Sánchez pueden permitirse firmar un pacto sobre la amnistía que ofrezca a su interlocutor ventajas en la pugna política a propósito de la relación entre Cataluña y España o que predetermine su futuro encaje o desencaje. Se juegan sus liderazgos y el peso político de sus respectivos partidos en los ámbitos territoriales en los que actúan. Los dos tienen mucho que perder, sobre todo si el posible acuerdo parece una concesión de Sánchez para lograr la investidura o se considera una dejación política de Puigdemont para eludir responsabilidades penales. Y ambos, a los que hay que añadir a Junqueras, tienen mucho que ganar, si consiguen que la mayoría de las ciudadanías catalana y española valore la amnistía como un paso necesario para iniciar una nueva etapa política en la que el diálogo y la búsqueda compartida de soluciones podrían favorecer una mayor estabilidad política y una menor crispación social que permitan concentrar la atención y los esfuerzos en resolver los muchos e importantes problemas que siguen atenazando a la economía y erosionando las condiciones de vida de la mayoría social. De conseguirlo, las pretensiones de hegemonía política por parte del independentismo con vocación de gobernar Cataluña y por parte del PSOE, que aspira a consolidar una coalición progresista con Sumar para gobernar España, podrían ser compatibles y contribuir a impulsar una democracia de mayor calidad y el avance en derechos, cohesión y bienestar de una sociedad capaz de apreciar lo que son y lo que aportan todos sus componentes.
No hay alternativa mejor ni menos arriesgada. Unas nuevas elecciones generales abren la puerta a un resultado que respalde una alianza gubernamental derechista entre PP y Vox o a una nueva muestra de la incapacidad de los partidos políticos para lograr armar mayorías parlamentarias posibles. Sólo el PP y Vox están interesados en el escenario de nuevas elecciones, porque les permite revitalizar y seguir utilizando el órdago de la única jugada que les permite su alianza: nosotros o el caos.
El documento del acuerdo va destinado a difundir las guías de actuación con las que se compromete ante la ciudadanía el próximo Gobierno de coalición progresista
Por eso es tan fácil entender las furibundas críticas del PP y Vox o los intentos de esgrimir el látigo de su indiferencia frente al acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar o con cualquier avance en las negociaciones para la investidura de Sánchez.
El papel y las positivas aspiraciones del texto del acuerdo
Lo menos que puede decirse del pacto de coalición entre PSOE y Sumar es que cumple su función política, la de manifestar la inequívoca voluntad de acuerdo de ambos socios y concretarla en medidas y aspiraciones a favor del bienestar de la mayoría social y de un futuro democrático que aprecia la convivencia y la pluralidad de la ciudadanía que somos. Lo que ya es bastante justificación para apoyarlo.
El documento que plasma el pacto, “España avanza. Una nueva coalición de Gobierno progresista”, desgrana a lo largo de 48 páginas más de doscientas medidas, líneas de trabajo y propósitos formulados como aspiraciones que reciben unas pocas líneas de atención y se agrupan en 11 ámbitos de actuación que van desde la modernización económica hasta el impulso de una España abierta al mundo e influyente en la Unión Europea, pasando por la cultura, el feminismo, la agenda verde, la política industrial, la fiscalidad, la democratización de las empresas y muchos más temas y tópicos que conforman la agenda progresista. Cualquiera que quiera escarbar un poco en las propuestas encontrará deficiencias, inconcreciones y ausencias. Lo normal, tratándose de un punto de encuentro entre el amplio espectro de posiciones no siempre coincidentes que propugnan las fuerzas progresistas y de izquierdas. De lo que se trata es de dilucidar si lo importante es resaltar sus insuficiencias o considerarlo un buen o aceptable punto de partida que servirá de guía a la acción política progresista del próximo Gobierno de España.
No hay en el texto ni una palabra sobre los temas claves de la investidura asociados a las reivindicaciones del independentismo catalán que se están negociando y ultimando en estos días en torno a la amnistía o sobre las diversas ideas existentes para el encaje territorial de Cataluña en una renovada configuración del futuro Estado de las autonomías en cualquiera de sus posibles desarrollos de carácter federalista. Tampoco, una mínima precisión o referencia al papel de las actuales instituciones autonómicas en la aplicación de muchas de esas medidas en las que los gobiernos autonómicos son competentes. A nadie se le puede escapar las razones de estas ausencias en un programa de Gobierno que va a depender en su plasmación del acuerdo con fuerzas nacionalistas e independentistas que también quieren ser parte en su concreción. En este momento clave de la negociación para la investidura de Sánchez toda prudencia y discreción es poca. Ya habrá tiempo durante la investidura y en los días previos, una vez formalizado el acuerdo de investidura, para que todas las partes expliquen extensamente y con precisión y total transparencia la letra grande y pequeña de lo acordado y las razones de algunas ausencias.
El documento del acuerdo va destinado a difundir las guías de actuación con las que se compromete ante la ciudadanía el próximo Gobierno de coalición progresista, aunque sus propuestas aún deban pasar por la prueba de ser un aceptable punto de encuentro con el resto de socios de investidura, con los que habrá que negociar algunos ajustes.
El acuerdo final también tendrá que confrontarse, para pasar de las musas al teatro durante la próxima legislatura, con tres restricciones: la aritmética parlamentaria; los exigentes retos que imponga la imprevisible situación del mundo real en los próximos años; y las restricciones y posibilidades que ofrezcan las decisiones comunitarias que aún debe consensuar la Unión Europea (reglas presupuestarias, política monetaria, armonización fiscal, políticas comunes de defensa o inmigración, financiación de la transición energética o nuevas fórmulas de mutualización de la deuda pública) y que serán claves para el buen o mal desempeño de la acción política de cualquier Gobierno de España. Restricciones que deben también entenderse como razones añadidas para apoyar el pacto de coalición entre PSOE y Sumar y un previsible acuerdo de investidura con las fuerzas nacionalistas e independentistas.
