El Ministerio de Sanidad y todas las Comunidades Autónomas a través del Consejo Interterritorial y luego el Gobierno han aprobado el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria para los años 2022 y 2023’ que es la respuesta de la Administración Pública a la grave crisis que está sufriendo la Atención Primaria en el conjunto del Estado. El objetivo del presente artículo es hacer una valoración de si el plan diseñado responde a las necesidades del sector y del conjunto de la población española.
Es importante señalar que no es solamente del Ministerio sino el conjunto de las Comunidades Autónomas, con competencias plenas en financiación y gestión, los que firman el documento.
Se parte de un reconocimiento del papel transcendental de la Atención Primaria (AP) y el sentido de urgencia a la hora de priorizar la asignación de recursos, aunque declaraciones institucionales de altos cargos en la 6ª ola llamen a la tranquilidad de la población “porque los hospitales y las ucis no están saturadas”. Nos preguntamos si no les causa intranquilidad el que AP tenga demoras intolerables, que hayan desaparecido servicios con el pretexto de la pandemia o que se hayan dejado de hacer las actividades que le dan sentido en los que quedan.
El manifiesto “Salvemos la Atención Primaria”, que esta aglutinando las reivindicaciones de la AP, identificaba problemas y proponía soluciones en 5 áreas críticas que repasamos para valorar el Plan:
- Recursos. El problema es insuficiencia crónica de recursos presupuestarios de la AP desde los recortes en la crisis de 2007. Sin un incremento sustancial de sus presupuestos en todas y cada una de las CCAA, el resto de las soluciones son declaraciones de intenciones sin valor. En el Plan hay 3 objetivos de financiación, pero en ninguno de ellos se cuantifica la dotación presupuestaria. En el cronograma se da de plazo hasta diciembre de 2022 para la disposición de un presupuesto finalista. ¿Y mientras? ¿Qué pasará con los consultorios cerrados? ¿Y con las plantillas si no hay dinero para contratar? ¿Con que se comprará el material necesario, se repararán los desperfectos de los centros, se crearán otros nuevos?
- Personal. El problema es la falta de profesionales, la precariedad de los contratos, la no valoración de la especialidad de enfermería familiar y comunitaria y la necesidad de incorporar nuevos profesionales a la AP. En el Plan se habla nuevamente de la evaluación de necesidades cuando este es un tema resuelto hace años. El problema no es saber cuántos profesionales se necesitan, sino que se creen las vacantes necesarias y se saquen con urgencia a oferta de empleo (dan de plazo hasta diciembre del 2023. El único punto positivo es reconocer el valor y la prioridad de la especialidad de enfermería familiar y comunitaria (creada por ellos, pero no valorada a la hora de ocupar puestos de trabajo) pero no mencionan la incorporación de otros profesionales a la AP como matronas, fisioterapeutas, psicólogos etc. En resumen, nada nuevo que vaya a aliviar la situación urgente de carencia de recursos humanos de AP.
- Organización de los centros de atención primaria y gestión. Quizás uno de los problemas asistenciales actualmente más grave sea la demora de las consultas presenciales y el abandono de las actividades de prevención y promoción de salud. Actualmente las consultas no presenciales (telefónicas, videoconsultas) son una barrera al acceso para muchos usuarios en vez de una ayuda. En el Plan la demora asistencial, el abandono de actividades y el uso sustitutivo de las consultas telemáticas no se reconocen como problemas: no establece objetivos de demora asistencial para los servicios en consulta salvo para la atención no demorable (24 horas) y la gestión de solicitudes (24 horas) y se obvia el objetivo de atender en 48 horas las consultas no urgentes recogido en el Marco Estratégico de Atención Primaria en 2019. Es grave que el Plan no reconozca la prioridad de los servicios presenciales y la complementariedad del resto. Otro grave problema olvidado: la deficiente coordinación con la asistencia hospitalaria, no hay soluciones porque al parecer no existe problema. Por último, en el plan no se habla de la descentralización ni de la potenciación de la gestión desde el centro de salud. No se cita un problema grave y recurrente: el desplazamiento fuera del nivel primario de sus profesionales según las necesidades que estiman las gerencias. Desvestir un santo para vestir otro.
- Desarrollo de la orientación comunitaria. El problema ha sido el desarrollo desigual de la orientación comunitaria, dejados al voluntarismo (no reconocido) de sus profesionales. Este problema se ha agudizado con la pandemia, desapareciendo en la mayor parte de los centros todas las actividades comunitarias. La propia población ha suplido esta carencia organizando programas de apoyo mutuo en muchas ocasiones al margen de los centros de salud. En el Plan proponen hacer papeles (elaborar una estrategia), una formación en abordaje psicosocial y acción comunitaria (que ya existe en las Unidades Docentes de las especialidades), y otras propuestas que ya están en marcha. Es impresionante que no citen a los departamentos de Salud Pública (en medio de una pandemia) y que no establezcan líneas estables de coordinación con AP. ¿La participación de la población en los consejos de salud de zona para cuándo? ¿Y de los Ayuntamientos?
- Investigación y docencia. En muchas ocasiones las actividades en este campo se desarrollan fuera del horario de trabajo y de forma voluntarista. Los profesionales tienen dificultades prácticas para la investigación y la docencia por falta de tiempo y recursos. En el Plan ninguna de las actividades propuestas resuelve estos problemas, nada nuevo bajo el sol.
- Lo secundario, lo superfluo, lo peligroso. El Plan contiene objetivos y actividades referidas a otros campos, algunas de ellas, siendo interesantes, no constituyen parte de un plan urgente de salvamento. Los acuerdos de gestión no salvarán a la AP (existen en muchas CCAA con una situación muy precaria), la digitalización es interesante pero tampoco prioritaria, es impensable que un profesional agobiado de trabajo y con un contrato precario vaya a implementar la estrategias de desmedicalización como “no es sano”, están muy bien las estrategias de comunicación, pero la AP antes de los recortes era el servicio sanitario mejor valorado por la población. Nos parece peligrosa la incorporación a la cartera de servicios la atención no presencial sin previamente haberla definido como instrumento complementario de la atención presencial.
En resumen, el 'Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria para los años 2022 y 2023’, conteniendo algún elemento positivo, no está a la altura de la situación estando lleno de buenos propósitos e inconcreciones en los puntos fundamentales como es su financiación y la política de personal.
Lo más importante de los servicios sanitarios son los profesionales que trabajan en ellos (esos que eran aplaudidos al principio de la pandemia) pero es irresponsable mandarlos a la trinchera sin recursos, porque han aguantado, pero están a punto de quebrarse. Y si se quiebran será difícil recuperarlos de nuevo. Si los médicos, las enfermeras, los administrativos, los trabajadores sociales… tienen que buscar soluciones personales para sobrevivir en este contexto de trabajo será responsabilidad de la Administración Pública. Ya están dimitiendo coordinadores de equipos, otros se van a casa o cambian de trabajo.
Nos tememos que el deterioro de los servicios de AP sea, como lo está siendo ya, el camino hacia la privatización de la sanidad. En este país sabemos lo que es la beneficencia como prestador de servicios esenciales a las personas que no pueden costearse un seguro privado y las graves repercusiones en la salud a los que si pueden costeárselo.
José Manuel Aranda Regules, médico de familia, promotor de Salvemos la Atención Primaria y miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
