Por Mario Regidor | El Pacto de Toledo prevé alumbrar una reforma del sistema de pensiones que, como mínimo, va a tener el mismo calado que la que se aprobó con Zapatero y el acuerdo de los agentes sociales y que se viene desarrollando en la actualidad con la elevación a 67 años de la edad ordinaria de jubilación.
No obstante, ya con la aprobación de la ley de presupuestos generales de 2021 han comenzado los primeros cambios. Así, la predilección por el fomento de los planes de pensiones de empresas en detrimento de los individuales como forma de ahorro y desgravación en la declaración de la renta, es la primera piedra de toque de un debate que se promete arduo y complejo. Este punto, como decimos ya aprobado y vigente y la apuesta por contabilizar toda la vida laboral para el cálculo de la pensión se antojan como los primeros caballos de batalla de nuestra seguridad social.
Parece obvio el acuerdo para desligar de los presupuestos de la seguridad social el importe necesario para sufragar los costes de las pensiones de viudedad, orfandad y las no contributivas que deberían buscar su sustento vía impuestos, bien con algunos de reciente creación o redirigiendo alguno de los ya existentes para costear dichas pensiones.
De todos modos, no es difícil observar que esta no deja de ser una cuestión de supervivencia de gran parte de nuestros ciudadanos, en especial los que ahora nos encontramos en la cuarentena y vemos cómo se va acercando inexorable el momento de jubilarnos, pero no sabemos en qué condiciones lo haremos.
El ministro Escrivá va lanzando globos sonda ganándose los varapalos mediáticos y de sindicatos
Pero, en esencia, también es una cuestión ideológica de la que no podemos sustraernos y que será objeto de debate durante lustros en todos los países desarrollados en los que la natalidad se encuentra bajo mínimos desde hace años y donde, ora por la pandemia, ora porque no queremos que entren en nuestras fronteras, la inmigración parece ser una lacra que queremos limitar y que, sin duda, debería ser uno de los principales sustentos hacia los que debería mirar la Unión Europea si queremos mantener un, cada vez menos próspero, estado del bienestar.
Como digo, la cuestión es ideológica, pero mediatizada por los mimbres presentes y futuros que ahora vislumbramos: natalidad estancada o decreciente, aumento de esperanza de vida, pensiones cada vez más altas, seguridad social en déficit, crisis económicas que merman los períodos de cotización y la riqueza presente de las familias y políticas o convenciones que no incentivan el ahorro. Todas estas y algunas más que se me olvidan son condicionantes que debemos tener en cuenta a la hora de plantearnos una política de seguridad social y de pensiones que sea sostenible en el tiempo.
Es importante tener en cuenta que la disyuntiva entre ahorro y consumo data de los albores de la economía como disciplina científica y, en muchos sentidos, es el paradigma de la escasez la que lo fundamenta. El dinero disponible en una unidad familiar es limitado y una parte más o menos alta debe ser consumida mensualmente para el sustento y los diversos gastos existentes. La cuestión es: ¿ahorramos lo suficiente mirando al futuro? Esta pregunta cada vez nos la deberemos hacer cada vez más, máxime si queremos tener una vejez desahogada. Los planes de pensiones de empresa, de los que llevamos hablando desde hace más de 20 años, no han tenido el despegue anunciado, además de por las dos crisis económicas que hemos vivido (y estamos viviendo) en dicho período, por el hecho de que nuestro tejido empresarial está formado en un 85% por microempresas y Pymes a los que les es muy complicado acometer las inversiones en el ahorro de sus trabajadores, de tal manera que solo las administraciones públicas y las grandes empresas, entidades financieras fundamentalmente, se encontraban en disposición de sufragarlos.
La opción que quedaba eran los planes de pensiones individuales y otros instrumentos de ahorro que venían gozando desde hace tiempo de una fiscalidad muy beneficiosa. Los críticos comentan que beneficiaban, sobre todo, a las rentas altas ya que eran los que en mayor medida se podían beneficiar de realizar grandes aportaciones a lo largo del año, y tienen toda la razón. En este año quedó limitada la desgravación a 2.000 euros/año y que serán 1.500 euros/año si se aprueban los presupuestos de 2022 igualando a los tenedores del plan, aunque es posible que las entidades financieras que los comercializan salgan perdiendo puesto que los partícipes no ingresarán tanto dinero a final de año como hasta ahora.
Otro tema interesante, los salarios. En España son bajos y las posibilidades de ahorro individual, así como de cotización son bastante exiguas. En este punto ayuda el hecho de que la revalorización de las pensiones siga el criterio del IPC garantizando la consolidación del poder adquisitivo de nuestros pensionistas.
Otro debate controvertido, que ya lo fue en tiempos de Zapatero, es la extensión de la edad de jubilación de forma progresiva desde los 65 a los 67 años. En ese momento fue apoyado, como dijimos anteriormente, tanto por la patronal como por los sindicatos y, aunque no esté en la mesa a la hora de tomar decisiones en este momento, presumo que se pondrá en la palestra en tiempos venideros ya que, siendo realistas, cuando se instauró el sistema de bienestar europeo después de la segunda guerra mundial, la esperanza de vida era mucho menor que en el momento actual. Sinceramente, creo que estamos más pronto que tarde de la posibilidad de abrir el debate acerca de la extensión de la edad legal de retiro hasta los 70 años y sería lo lógico ya que adaptaríamos el ritmo de trabajo y nuestros años de cotización a la vida más longeva que disfrutamos en la actualidad y a la incorporación más tardía al mercado laboral fruto del mayor tiempo invertido en una mayor cualificación académica con la esperanza de obtener un mayor rédito económico en la vida laboral futura. El ministro Escrivá va lanzando globos sonda en este sentido ganándose los varapalos mediáticos y de sindicatos, pero creo que sigue siendo una necesidad futura cada vez más presente.
Un asunto no menos baladí, y que ya es objeto de debate, es la posibilidad de aumentar el cómputo de la vida laboral para el cálculo de la pensión de los 25 años actuales a 35 años, que fue el otro punto relevante de la reforma de Zapatero y que sí está en el ojo del huracán en el proyecto de reforma presente.
Sobre este particular no tengo una opinión clara formada, pero para que los lectores puedan tener algún elemento de juicio, comento lo siguiente. Antaño, las vidas laborales se escalonaban de tal manera que era lógico presuponer que a medida que aumentaba tu experiencia, también lo hacía tu salario y, por ende, tu cotización, sobre todo, porque la tendencia era permanecer en una misma empresa durante gran parte de tu vida laboral. En la actualidad, huelga decir que no es así. Las personas deambulamos por varias empresas sin grandes posibilidades de asentarnos y consolidar nuestra trayectoria laboral y, por ende, nuestros emolumentos. Si a esto unimos el hecho de que las crisis económicas han hecho acto de presencia con especial virulencia, observamos que nuestras cotizaciones han mermado y aumentado sin un orden lineal y, aunque las previsiones determinan que, si se adopta esta medida, las pensiones medias bajarían en España un 5,5%, creo que a ciertas personas les podría beneficiar esta medida en el cómputo global.
En suma, este debate volverá y, a buen seguro, volveré a escribir sobre él y no les puedo asegurar que mis opiniones sean las que sostengo en el presente artículo, pero hay dos cuestiones sobre las que no creo que varíe mi opinión: no creo que podamos modificar en gran medida este mercado laboral tan “flexible” que vivimos, pero sí debemos desde poderes públicos y empresas esforzarnos en lograr aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores, puesto que el ahorro a futuros será pieza indispensable para complementar las pensiones públicas que podamos disfrutar en nuestra merecida jubilación y para conseguirlo, los salarios deben subir.
Y otra cosa, el ministro Escrivá se salvó de la profunda remodelación ministerial acometida en verano por Pedro Sánchez por la especial predilección por parte del presidente a la hora de tener una hoja de ruta en lo que se refiere al sistema de seguridad social y las pensiones. No olvidemos que el ministro es un técnico, no un político y que ha metido la pata más de una vez a la hora de dosificar la información que facilitaba a los medios de comunicación, pero por encima de eso, la cuestión es si tenía razón o no… Yo ya tengo la respuesta ¿Y ustedes?
