El Parlamento de Estrasburgo aprobó este miércoles la nueva normativa de salarios mínimos tras el acuerdo alcanzado el pasado mes de junio con el Consejo Europeo.
La directiva ha sido respaldada por 505 votos a favor, 92 votos en contra y 44 abstenciones y entrará en vigor una vez sea publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.
La ley establece requisitos mínimos que garanticen unos salarios mínimos adecuados ya sea a través de la legislación nacional o de convenios colectivos.
La fijación del salario mínimo seguirá siendo una competencia de los estados miembros, que "tendrán que asegurarse de que permita a los trabajadores llevar una vida digna, teniendo en cuenta el coste de la vida y el nivel salarial general".
A la hora de evaluar si sus salarios mínimos legales vigentes son adecuados, los Estados miembros podrán tomar como referencia una cesta de bienes y servicios a precios reales, o bien el 60% de la mediana salarial bruta y el 50 % del salario medio bruto.
Los países de la UE en los que el salario mínimo ya está protegido exclusivamente a través de convenios colectivos no estarán obligados a introducir estas normas ni a aplicar dichos convenios de manera universal.
Asimismo, se mejora el acceso efectivo de todos los trabajadores a la protección del salario mínimo.
Luxemburgo, Irlanda y Alemania disponen de los salarios mínimos más elevados y Bulgaria, Letonia y Estonia, de los más bajos.
En la UE, veintiún de los veintisiete Estados miembros cuentan con un salario mínimo legal
En la UE, veintiún de los veintisiete estados miembros cuentan con un salario mínimo legal. En los otros seis países (Austria, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Italia y Suecia), los niveles salariales se determinan a través de la negociación salarial colectiva.
La nueva normativa también refuerza el papel jugado por los agentes sociales en la negociación colectiva como “factor esencial para lograr unos salarios mínimos adecuados”.
Los Estados miembros con una tasa de cobertura de la negociación colectiva inferior al 80% deberán establecer, con la participación de los interlocutores sociales, un plan de acción para promoverla.
Los trabajadores, sus representantes y los afiliados a los sindicatos tendrán derecho a compensación en caso de incumplimiento de la normativa, mandata el Parlamento Europeo que también insta a los países miembros a abordar fenómenos como la subcontratación abusiva, los falsos autónomos, las horas extra no declaradas o el aumento de la intensidad del trabajo. “Este sistema deberá incluir medidas de supervisión fiables, controles e inspecciones sobre el terreno”, afirman los eurodiputados.
